Los datos son demoledores. Según un informe del Observatorio de la Dependencia presentado este mes, 9.116 personas murieron en 2025 en la lista de espera de la dependencia en Catalunya, la cifra más alta del Estado. Pero esto, al fin y al cabo, solo son datos. Detrás de la frialdad de los números, hay casos como el de Justina, de 93 años y residente en Barcelona, que en enero de este año falleció justo al día siguiente de que le aprobaran la ayuda... después de haberla esperado casi un año y medio. Para entender la gravedad de la situación, cabe recordar que el plazo legal máximo para tal cosa es de seis meses. Es fácil, entonces, entender el enfado de la familia, así como su voluntad de cobrárselo bien. Así se expresa Lluís Ortiga, yerno de la señora, en ElNacional.cat: "El dinero se lo pueden meter donde quieran, pero, por narices, no perdonaremos ni un euro. Iremos a comer en su honor".

Lluís explica que su suegra sufría "diferentes patologías", sobre todo de movilidad y del corazón. "Había veces que no se podía levantar del sillón. Necesitaba ayuda, no podía estar sola", dice. Así pues, la familia decidió contratar los servicios de una empresa para que una persona conviviera con ella. El precio mensual del acompañamiento superaba los 2.000 euros mensuales, una cifra a la que hay que sumar, evidentemente, gastos como la luz, el agua y la comida. Justina tenía que hacer frente a todo esto solo con ahorros y la pensión de viudedad, hecho que le producía una "angustia" tanto física como económica. "Se iba comiendo los ahorros. Tenía miedo de ser una carga para sus dos hijas", explica el hombre.

Un año y cuatro meses después

En octubre de 2024 presentaron la solicitud para recibir la ayuda a la dependencia. Siete meses más tarde, en abril de 2025, obtuvieron el reconocimiento de Grado I. Ya se había incumplido el plazo legal máximo de seis meses que establece el proceso, y eso que solo habían completado el primer paso. De nuevo, siete meses después, recibieron la visita para el Plan Individual de Atención (PIA) por parte de los Servicios Sociales, que sirve para determinar qué tipo de ayuda le corresponde. En enero de este año, un año y cuatro meses desde que presentaron la solicitud, llegó la resolución final del PIA. Se le había aprobado una prestación económica de 180 euros con carácter retroactivo, pero nunca llegó a ver ni un céntimo: como ya hemos dicho, Justina falleció al día siguiente de la resolución. 

"Las ayudas no son suficientes, y el retraso es histórico, desde el primer día", sentencia el abogado Xavier Puigdoller, presidente de la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). A su parecer, el problema es que "la ley ya nació coja" hace casi veinte años. "No estaba prevista la memoria económica", dice. En otras palabras, considera que no queda muy claro de dónde tiene que salir el dinero, y menos en un contexto marcado por la dificultad de aprobar presupuestos —tanto en Catalunya como en Madrid—. Entonces, desgraciadamente, poca cosa se puede hacer de manera individual. Dice que es una cuestión "más bien social" y que a un abogado solo hay que recurrir si se deniega la ayuda, no si se retrasa. Sin embargo, cree que no se pierde nada acudiendo antes, ya que "quizás" podrían ayudar.

Abismo entre discapacidad y dependencia

Volviendo al tema, el hecho es que "si no hay partida presupuestaria, mal; y, si la hay, es baja". El abogado lo resume así: "Burocracia excesiva y mala previsión". Efectivamente, se aprecia un exceso de burocracia. Una vez aprobada la ayuda, se les comunicó que el dinero retroactivo no llegaría hasta después de cuatro meses. Unos 120 días más en los cuales Justina tendría que desembolsar más de 2.000 euros mensuales. Pero Justina ya estaba muerta, y así lo notificó la familia. ¿El resultado? Que el plazo para recibir la ayuda ya no era de cuatro meses, sino que se ampliaba porque el expediente se cierra por defunción y se abre uno nuevo de pago a terceros. Es decir, que los herederos (las herederas, en este caso) tienen que presentar una nueva solicitud. Si todo va bien, las hijas recibirán el dinero a finales de este año. Y menos mal que la señora se murió con el primer expediente resuelto, ya que, si hubiera fallecido antes, no recibirían nada de nada. Al respecto, Lluís habla de "suerte", con muchas y muchas comillas.

Según los cálculos del yerno, recibirán alrededor de 1.800 euros, una cantidad a la cual no renunciarán a pesar de que no cubran ni un solo mes de los servicios contratados para acompañar a Justina. No es solo que la ayuda llegue tarde, sino que es insuficiente. En parte, esto se debe al grado reconocido de dependencia: en el caso de la señora, el Grado I. En este aspecto, Lluís también se asombra, ya que la suegra tenía reconocido un grado del 65% de discapacidad, pero tan solo le reconocieron el grado mínimo de dependencia y, por lo tanto, una cantidad más bien baja de dinero. Y la discapacidad, además, también tardó mucho en llegar: 23 meses hasta obtener la resolución, 17 meses por encima de lo que marca la ley. 

Mujeres y vulnerabilidad

Puigdoller lamenta que este tipo de clasificaciones se resuelven "de forma fría", en un despacho, y a menudo "no responden a la realidad". Además, señala que la ayuda también depende del dinero, del patrimonio, que tiene la persona en cuestión. "Si tienes un piso, por ejemplo —algo medianamente común en determinadas generaciones—; puedes acabar castigado por circunstancias habituales de la vida", subraya. En el caso de Justina, según el yerno, los funcionarios argumentaron que los niveles de cálculo para la discapacidad y para la dependencia son totalmente diferentes, que no están relacionados.

Con todo, el abogado evita criticar a los Servicios Sociales, pero sí que apunta que están inmersos en una "dinámica administrativa" en la cual "el tiempo no existe". Tampoco los critica Lluís, que de hecho habla "muy bien" de ellos y destaca que fueron "muy empáticos", como mínimo en el caso de las oficinas del Departament de Drets Socials en la calle Tarragona (Sants). Su crítica, por el contrario, se dirige hacia arriba. Lamenta, por ejemplo, que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se muestre tan orgulloso de la reforma de la ley de dependencia: "Son unos cafres. A mí ya me habrían despedido. No tienen vergüenza". Insiste en que personas como Justina son realmente la "gente vulnerable", sobre todo si tenemos en cuenta que son mujeres mayores que, como no cotizaron, tan solo tienen una pensión de viudedad, aunque reconoce que ella todavía tenía dos hijas que la iban a ver cada día. "Hay gente que no tiene esta suerte", remarca. Entonces, el objetivo de sus palabras, además de "resarcirse" de una pérdida, es ver si "alguien encuentra una solución" a una lacra que ya dura demasiados años. "Es el sufrimiento de la familia y de la persona", concluye.