Una contable de Red.es, la empresa pública que gestiona programas de digitalización, ha denunciado ante la policía que un superior le ordenó modificar la información contable de un contrato adjudicado a una unión de empresas participada por el grupo de Juan Carlos Barrabés y, posteriormente, eliminar cualquier rastro de los cambios. No se trata de un expediente cualquiera: forma parte de las adjudicaciones que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Europea por un posible trato de favor al empresario que colaboró con Begoña Gómez. La trabajadora, identificada como Claudia C., cumplió inicialmente las instrucciones porque procedían de su superior jerárquico. Pero empezó a sospechar que podía estar participando en una actuación irregular cuando este le exigió borrar definitivamente un correo electrónico relacionado con el expediente, primero de la bandeja de entrada y después de la papelera, mientras observaba el proceso a través de una videollamada.
Ante el temor de que se estuviera intentando eliminar la trazabilidad de un contrato ya judicializado, la contable recuperó el mensaje, hizo una captura de pantalla y conservó los archivos originales. El 16 de julio acudió a la policía para entregar toda la documentación, según publica El Mundo, que ha tenido acceso a la denuncia. Lo que ahora se tiene que aclarar es si se trataba de una simple corrección contable mal gestionada o de una maniobra destinada a alterar u ocultar información relevante para una investigación judicial.
¿Qué es Red.es y por qué se investigan estos contratos?
Red.es es una entidad pública dependiente del Ministerio para la Transformación Digital. Entre otras funciones, concede y administra fondos destinados a impulsar la digitalización de la economía, las empresas y las administraciones. Durante los últimos años ha gestionado contratos y programas por valor de cientos de millones de euros, una parte de los cuales es procedente de la Unión Europea. La UCO y la Fiscalía Europea investigan tres adjudicaciones concedidas por Red.es a uniones temporales de empresas (UTE) en las que participaban sociedades vinculadas a Juan Carlos Barrabés, un empresario especializado en innovación y transformación digital que tuvo un papel destacado en el proyecto académico de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Según admitió ante la justicia, ayudó a diseñar los contenidos del máster en Transformación Social Competitiva y puso a miembros de su equipo a disposición del programa como profesores.
Posteriormente, Gómez firmó cartas de apoyo para dos UTE participadas por empresas de Barrabés que aspiraban a contratos de Red.es. Los investigadores intentan determinar si aquellas recomendaciones y las relaciones previas con la esposa del presidente español influyeron en las adjudicaciones. Esto no significa que una carta de recomendación sea, por sí misma, ilegal ni que los contratos fueran necesariamente fraudulentos. La cuestión es si dentro de Red.es se manipularon los criterios o las puntuaciones para favorecer aquellas candidaturas.
El contrato afectado por la denuncia
La denuncia de la contable se refiere concretamente al expediente 044/20-ED, adjudicado en 2021 a una UTE formada por Innova Next —empresa del grupo Barrabés— y la consultora KPMG. Begoña Gómez no firmó una carta de recomendación para este contrato concreto. La Guardia Civil, sin embargo, considera que se tramitó "de manera paralela" a los otros dos concursos que sí contaban con su apoyo escrito. Por eso los tres expedientes se analizan conjuntamente para comprobar si siguieron un mismo patrón de posible favorecimiento.
"Solo indica: ya está"
Según la denuncia publicada por El Mundo, el 14 de julio el subdirector adjunto de Administración y Finanzas de Red.es, Guillermo Tapia Poza, envió un correo a la contable en el que le ordenaba eliminar "toda" la información contable vinculada al expediente. La instrucción implicaba efectuar una reclasificación de asientos correspondientes a los ejercicios de 2021, 2022 y 2023. En términos sencillos, reclasificar un asiento significa cambiar la manera como una operación está registrada en la contabilidad: trasladarla a otra cuenta, concepto, fecha o categoría. Estos ajustes pueden ser completamente normales cuando se detecta un error. Lo que alarmó a la trabajadora no fue solo la modificación, sino la insistencia de su superior para que no quedara constancia escrita ni referencia al expediente.
Antes de ejecutar los cambios, la contable envió un correo a su jefe para dejar constancia de que reclasificaría los asientos. También le advertía que desconocía qué nuevas fechas debía incorporar porque las operaciones correspondían a tres ejercicios contables diferentes. Según su testimonio, el superior le respondió que debía eliminar permanentemente el cambio, no hacer ninguna referencia al expediente y limitarse a indicar: "YA ESTÁ".
La secuencia se hizo aún más extraña dos días después. A las 9:37 horas del 16 de julio, Tapia habría solicitado una videollamada con la trabajadora y le habría pedido que compartiera la pantalla de su ordenador. Delante de ella, le ordenó borrar el correo que había enviado sobre la reclasificación. Tres horas más tarde, a las 12:10, volvió a contactarla. En una segunda videollamada, le habría exigido abrir la carpeta de mensajes eliminados y suprimir definitivamente el correo para impedir que pudiera ser recuperado.
La trabajadora asegura que obedeció porque era una "orden directa" de su superior jerárquico. La insistencia en no dejar rastro, sin embargo, la convenció de que la petición podía ser irregular. Posteriormente, consiguió recuperar el mensaje, capturó el contenido y conservó las versiones de la información anteriores a las modificaciones.
Medio centenar de facturas
La contable ha aportado a la policía los archivos originales correspondientes a los ejercicios de 2022 y 2023, así como cerca de medio centenar de facturas de pagos a la UTE formada por KPMG y la empresa vinculada a Barrabés. En total, esta documentación refleja unos 863.000 euros.
La importancia del material no es solo económica. Los documentos pueden permitir a los investigadores reconstruir qué constaba inicialmente en los sistemas de Red.es, qué datos se modificaron, cuándo se hizo y quién lo ordenó. Es lo que en auditoría se conoce como trazabilidad: la posibilidad de seguir el recorrido completo de una operación y de todos los cambios que ha experimentado. Borrar esta traza no demuestra automáticamente que se quisiera ocultar un delito. Pero resulta especialmente delicado cuando el expediente afectado ya se encuentra bajo investigación. La policía deberá comprobar ahora si había una justificación administrativa para la reclasificación y por qué se exigió que las instrucciones desaparecieran.
¿Por qué interviene la Fiscalía Europea?
El expediente 044/20-ED pasó el mes pasado a manos de la Fiscalía Europea, que asumió esta parte de la investigación al juez Juan Carlos Peinado. Los otros dos contratos relacionados con empresas de Barrabés ya eran investigados por este organismo desde 2024. La Fiscalía Europea es independiente de los gobiernos estatales y tiene competencia para investigar delitos que pueden haber perjudicado los intereses financieros de la Unión Europea, como el fraude, la corrupción o la malversación de fondos comunitarios. Cuando una causa afecta dinero europeo, puede asumirla para evitar que diferentes investigaciones nacionales se solapen. El juez Peinado continúa investigando otras ramas del caso relacionado con las actividades profesionales de Begoña Gómez, pero los contratos financiados presuntamente con fondos europeos corresponden a la Fiscalía Europea.
Las sospechas previas de la UCO
La nueva denuncia no origina la investigación, sino que se incorpora a unas sospechas que ya existían. Informes de la UCO y de la Fiscalía Europea apuntan a posibles maniobras internas en Red.es para que las candidaturas vinculadas a Barrabés obtuvieran mejores puntuaciones. Según la información publicada, los agentes habrían detectado una adaptación “artificial y arbitraria” de las valoraciones. Entre las comunicaciones internas incorporadas a los informes aparecería la expresión “la suya es la buena”, interpretada por los investigadores como un posible indicio de que algunos responsables ya tenían una oferta preferida antes de completarse la evaluación. Otro elemento que señalan es que ninguna empresa del grupo Barrabés había ganado anteriormente concursos de Red.es y que empezó a conseguir adjudicaciones después de su colaboración con el proyecto universitario de Gómez y de las cartas de apoyo firmadas por ella. Esta sucesión temporal despierta sospechas, pero tampoco acredita por sí sola una irregularidad. Para convertir los indicios en una acusación hay que demostrar que alguien actuó deliberadamente para alterar un procedimiento público y beneficiar a una empresa concreta.