El cardenal arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, presentó una querella por amenazas contra un joven de la diócesis que le reprochó su inacción ante los supuestos tocamientos que le habría hecho un sacerdote, que más tarde acabó siendo detenido por supuestas agresiones sexuales, incluso a menores. Según indica la documentación del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la que ha tenido acceso El Nacional para confirmar la información que ha avanzado El País, la justicia ha rechazado esta acción en dos instancias al considerar que el aviso que hacía el joven, de que acudiría a los tribunales o pondría los hechos "en conocimiento de una instancia eclesiástica superior", no supone ningún delito de amenazas.
El denunciado, llamado J. P. R. en el procedimiento judicial, era mayor de edad cuando, en 2021, habría sufrido tocamientos por parte del sacerdote Jorge Alexander P., que supuestamente habría frotado su pene erecto contra él sin su consentimiento. J. comunicó los hechos a Omella en una entrevista en el año 2022, pero el jefe de la Iglesia barcelonesa no tomó ninguna acción contra el clérigo porque entendió las confesiones del joven como una "queja". Un comunicado del Arzobispado señala que, al "no haber denuncia", y tratándose de "una relación entre mayores de edad", tramitó el caso "como un asunto moral". El joven tampoco interpuso ninguna denuncia a la policía ni en los juzgados.
Jorge Alexander, por lo tanto, continuó con sus funciones dentro de la Iglesia y, más tarde, fue nombrado párroco de la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat de Barcelona, en el barrio del Guinardó. En esta segunda etapa, el clérigo reincidió en la conducta, supuestamente, y realizó tocamientos a otro adulto y a un menor de edad, lo que provocó su detención por parte de los Mossos d'Esquadra en noviembre de 2024 por agresión sexual. Entonces, el Arzobispado sí que activó "todos los protocolos" y recibió al menor y a su madre en el servicio de atención a las víctimas de abusos (SAVA), y apartó a Jorge Alexander de todas sus responsabilidades parroquiales. Según la nota de la Iglesia Archidiocesana de Barcelona, las medidas "siguen vigentes" mientras el mosén continúa "pendiente de juicio".
El burofax
Antes de producirse la detención, J. pidió una nueva reunión con Omella y denunció su pasividad ante el asunto cuando le llegaron informaciones sobre la supuesta reincidencia del mosén que le tocó. En aquel momento, en septiembre de 2024, el cardenal "dirigió" al joven al SAVA, que le citó unas semanas más tarde, pero no se presentó. En lugar de eso, el 5 de diciembre envió un burofax en el que le reprochaba al cardenal "no haber denunciado de oficio los hechos". En ese mismo escrito, J. se mostraba confiado en que obtendría una respuesta positiva, pero, si no fuera el caso, se reservaba su derecho a emprender "las acciones que pudieran corresponderle, civiles o penales, así como a poner los hechos en conocimiento de una instancia eclesiástica superior", según consta en la documentación procesal.
La reacción del cardenal Omella fue contraatacar en los tribunales: se querelló contra la víctima por un presunto delito de amenazas condicionales, alegando que el joven buscaba dañar su honor haciéndole responsable de las posteriores agresiones del sacerdote al no haber denunciado en un primer momento. El juzgado de instancia rechazó la querella inicialmente en febrero de 2025. No conforme, Omella elevó el caso a la Audiencia Provincial añadiendo acusaciones de injurias y calumnias, e introdujo la insinuación de que la víctima actuaba movida por un "propósito de obtención de lucro económico".
La Audiencia, sin embargo, desestima los argumentos del purpurado y argumenta que, aunque los términos en los que estaba escrito el burofax eran ciertamente imprecisos, se puede descartar la existencia de ninguna amenaza o una exigencia económica, ya que el joven solo anunciaba que haría "lo que está legitimado a hacer", o sea, "ejercer las acciones correspondientes" para perseguir unos hechos "de los que sostiene haber sido víctima". Según el tribunal, "el mal" anunciado por el joven —acudir a la Justicia o la Santa Sede— no es más que el uso legítimo de los derechos que tiene como presunta víctima. La resolución también recrimina a Omella haber introducido los delitos de injurias y calumnias en la apelación, algo que la ley procesal prohíbe al no haber sido planteados en la querella inicial.
Recientemente, la institución emitió una nota de prensa que eludía cualquier mención a la batalla legal que el cardenal libró contra la víctima, y se limitó a señalar que el caso del joven "se está tramitando en tiempo y forma" después de que este compareciera ante el SAVA este mes de abril, momento en el que, señalan, recibieron noticias del joven por primera vez. En la misma nota, señalan que "no existe ninguna relación entre el caso" de abusos a menores pendiente de juicio y la "queja" de J. contra el mosén Jorge Alexander.