¿Quién ordenó este martes la detención de Jonathan Andic, acusado de haber matado a su padre Isak Andic, fundador de Mango, en Montserrat en 2024? ¿Y llevarlo esposado a los juzgados de Martorell y exhibirlo públicamente, a través de los medios de comunicación? Los juzgados de Martorell, situados en los bajos de bloques de pisos, hace tiempo que están en pésimas condiciones y no hay conducción interna y segura de detenidos. Pero ¿se podría haber citado al primogénito del empresario en el juzgado sin detenerlo porque hace más de medio año que sabe que se lo investiga por la muerte de su padre y no ha huido? Desde la abogacía se denuncia que se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia del primogénito de quien fue el hombre más rico de Catalunya.
Causa con jurado
Además, cabe recordar que si, finalmente, el caso llega a juicio, será un jurado —formado por 9 personas y dos suplentes— quien analizará los hechos y dictará un veredicto de inocencia o culpabilidad. El delito de homicidio, que se imputa a Jonathan Andic —porque actuó de forma “premeditada” y con un “móvil económico”, según la jueza—, es competencia del tribunal popular. Para que la acusación pueda elevarse del delito de homicidio al de asesinato, habría que demostrar que existe alguno de estos supuestos: actuar con alevosía, ensañamiento o por encargo o a cambio de dinero.
Jonathan Andic, con media docena de agentes de los Mossos d’Esquadra, fue paseado hasta tres veces con esposas (con las manos en la espalda y frontalmente) del juzgado a calabozos y a la inversa. Ya ha sido condenado a la pena del telediario, que se dice popularmente. Su imagen, que se ha difundido por televisiones de todo el mundo, ha quedado manchada y nadie, ni los futuros miembros de un tribunal popular, lo olvidarán.
Esposado, se le ve culpable de haber causado la muerte de su padre durante aquella excursión que hicieron juntos en Montserrat, el 14 de diciembre de 2024. ¿Cómo se podrá encontrar un tribunal popular no contaminado? Se ha presentado a Jonathan como una persona llena de vanidad y odio a su padre, un empresario admirado y distinguido por haber creado un imperio textil de la moda. El caso se explica como un culebrón.
¿Quién es el responsable?
La magistrada de Martorell que investiga la muerte de Isak Andic no ordenó la detención del primogénito de Andic, ya que primero pasó por la comisaría; aunque no indicó lo contrario a los responsables policiales de la investigación. La jueza (sustituta, no de carrera) se incorporó al frente del juzgado de instrucción 5 de Martorell en junio de 2025, cuando la causa por la trágica muerte del empresario ya estaba en marcha y bajo secreto. Un juez anterior cerró la investigación al concluir que la caída fue accidental. El 30 de enero de 2025, a petición de los Mossos, se reabrió.
La actual magistrada dio carta blanca a la policía catalana, como el hecho de pedir el móvil a Jonathan Andic en septiembre de 2025, a pesar de que todavía no había sido formalmente imputado. No obstante, este hecho lo alertó a él y también a su defensa, además de las publicaciones sobre los avances policiales.
Las filtraciones de esta investigación bajo secreto judicial provocaron que el grupo parlamentario de ERC reclamara explicaciones al Departament d’Interior, que encabeza Núria Parlon, que junto con el director de la policía, Josep Lluís Trapero, hace meses que están en la cuerda floja por multar a manifestantes y sobre todo por permitir espiar a maestros en asambleas. Ambos fueron reprobados por el Parlament este jueves.
Los Mossos han castigado a Jonathan Andic al paseo policial y a la pena de telediario. Eso sí, para detenerlo esperaron a que terminara el juicio a la familia Pujol, con quien comparte abogado defensor: Cristóbal Martell. En la resolución, de prisión eludible con una fianza de un millón de euros —abonada veinte minutos después—, la magistrada tampoco justifica la detención de Andic.
La investigación policial se da por terminada y se ha levantado el secreto para que se pueda defender. El Tribunal Constitucional (TC) y la justicia europea han reiterado que una persona detenida debe poder saber de qué se la acusa, y por ello la magistrada levantó el secreto del sumario.
Como es lógico, Andic y su defensa no tuvieron tiempo de analizar los 1.400 folios de la causa, cuyo secreto se levantó el mismo día de su detención. En su primera comparecencia ante la jueza, solo contestó a preguntas de su abogado sobre su arraigo en Barcelona (para desmontar el riesgo de fuga, pero la jueza no tuvo suficiente), y afirmó que quiere volver a declarar en el juzgado cuando haya leído el sumario y responder a todas las preguntas. Fuentes de la familia indican que los Mossos han hecho conclusiones “sesgadas” y que para exponer las supuestas desavenencias graves con su padre han usado conversaciones de bastantes años antes.
La detención de Andic ha sorprendido también a juristas y a responsables de la Fiscalía, que esperaban que se levantara el secreto de las actuaciones, se diera traslado a su defensa y después, de un tiempo para estudiarlo, se le citara a declarar en el juzgado. ¿Porqué? Porque Jonathan Andic ya había declarado dos veces a la policía, entregó el nuevo móvil que tenía en septiembre pasado, y en este año y pico no ha huido a pesar de saber que los Mossos le investigan por la muerte del padre.
Vulneración de derechos
Miguel Capuz, vocal de la sección de Derecho Penal del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), ha sido uno de los abogados que públicamente ha manifestado que ha sido “una vergüenza” la imagen de Jonathan Andic esposado. “Es la presunción de culpabilidad” y “un escarnio si se tiene en cuenta que si este caso llega a juicio será con jurado”, afirma Capuz a ElNacional.cat.
El penalista recuerda que la directiva europea 343/2016, que refuerza en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia, insta a no usar esposas si el detenido no es peligroso. La directiva es de obligado cumplimiento en el Estado español desde 2018, a pesar de que la norma no haya sido transpuesta aún por los legisladores.
En concreto, el considerando 20 de la directiva afirma: “Las autoridades competentes deben abstenerse de presentar a los sospechosos o acusados como culpables, ante los órganos jurisdiccionales o el público, mediante el uso de medios de coerción física como esposas, cabinas de cristal, jaulas y grilletes, a menos que estos medios sean necesarios en casos específicos, ya sea por motivos de seguridad, por ejemplo, para impedir que los sospechosos o acusados se autolesionen o lesionen a otras personas o causen daños materiales, o para impedir que los sospechosos o acusados se escapen o entren en contacto con terceras personas, como testigos o víctimas”.
Y el artículo 5 de la norma, sobre la presentación de los sospechosos y acusados, sostiene: “Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para garantizar que los sospechosos y acusados no sean presentados como culpables, ante los órganos jurisdiccionales o el público, mediante el uso de medios de coerción física”.
Además, Capuz informa que la Secretaría de Estado de Seguridad tiene la Instrucción 10/2025 sobre el uso de la fuerza en una detención, en la cual se indica que “el agente, en la detención, actuará con decisión y control de la situación” y que “se evite en la medida de lo posible el empleo de técnicas o instrumentos de contención o coacción directa”.
La policía catalana, integral y puntera en algunos ámbitos, no tiene un protocolo de actuación que garantice los derechos a las personas detenidas o sospechosas, según fuentes consultadas en el cuerpo. Y si hay alguna instrucción, a Jonathan Andic no se le aplicó.
Seguridad de los agentes
El penalista barcelonés expone que los Mossos podían haber invitado a Jonathan Andic a ir con su vehículo a los juzgados, siguiéndolo y con la advertencia de que lo detendrían si se desviaba lo más mínimo del camino. O proteger su imagen encapsulándolo en la entrada a los juzgados.
Miguel Capuz va más allá y manifiesta que si las instalaciones de los juzgados de Martorell son tan obsoletas, “también se pone en riesgo la seguridad de los agentes cuando tienen que trasladar a un detenido peligroso”. Hacer la conducción desde la calle es, ciertamente, un peligro.
Hace tiempo que los Mossos alertaron de esta deficiencia y la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) también hace años que se queja de la situación indigna de los juzgados de Martorell para los jueces, funcionarios, letrados y los ciudadanos. Incluso, han sufrido inundaciones con residuos de tuberías de los lavabos de los pisos de arriba. El Departament de Justícia también hace años que tiene proyectada la construcción de un nuevo edificio judicial en el municipio, que tarda demasiado en hacerse realidad.
Búsqueda de pruebas
La directiva europea también recuerda que “los jueces y tribunales competentes se encargan de buscar pruebas tanto inculpatorias como exculpatorias”. Por ahora, la primera resolución de la jueza de Martorell se desequilibra hacia los indicios incriminatorios hacia Jonathan Andic. Su defensa, formada por el equipo liderado por Cristóbal Martell, con Maria Saló y Sebastián de Juan, estudia si presentará un recurso contra su imputación o preferirán que se citen en el juzgado a todos los investigadores de los Mossos que han hecho los informes, para aclararlos y desmontarlos. También han encargado periciales para asegurar que la caída mortal del creador de Mango fue accidental (la caída “en tobogán” que apuntan los Mossos parece más un resbalón, para algunos) y no con una acción directa de su hijo.
Por su parte, la fiscal del caso, Teresa Yoldi, de la sección de jurado, también se ha arremangado (y sin exclusividad) para hacer suyos los informes de los Mossos que acusan a Jonathan Andic de haber matado a su padre. En las próximas semanas, veremos cómo acusación y defensa ponen en práctica el principio de contradicción.
