Nuevo caso de torturas del franquismo impunes. La fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos de Barcelona, Sara Gómez Expósito, ha archivado las diligencias de investigación de la denuncia presentada por el abogado y activista Manel Pujades por las torturas que le infligieron agentes de la policía franquista en la Jefatura de la Policía de Via Laietana 43 de Barcelona, en 1969. ¿Por qué? Porque los dos torturadores están muertos. En concreto, la Fiscalía de Barcelona ha respondido que en el caso de Pujades "no ha presentado denuncia por extinción de la responsabilidad criminal por defunción de las personas identificadas como sospechosas de conformidad con el art. 130.1.1 del Código penal", al ser preguntada por ElNacional.cat este lunes.
La denuncia de Pujades favoreció que la fiscal Gómez le permitiera visitar Via Laietana, junto con los represaliados Carles Vallejo, sindicalista y presidente de la Associació Catalana de Persones Ex-preses Polítiques del franquismo, y los hermanos Maribel y Pepus Ferrándiz —torturados 32 días cuando solo tenían 17 años en 1971—, el pasado mayo. Explicaron que vieron las celdas, pero que falta la visita a los espacios donde los torturaban, en despachos de las plantas.
El precedente de Blanca Serra
El caso de Manel Pujades es el segundo que investiga la fiscal de Memoria Democrática. El caso de Blanca Serra Puig fue el primero y la primera vez que la Fiscalía reconocía que había sido víctima de torturas a manos de agentes de la Brigada Politicosocial en la Jefatura de la Policía española de Via Laietana, en febrero de 1977. Sin embargo, la fiscal indicó que no había podido identificar a los autores. La fiscal Gómez comunicó personalmente a Serra el resultado y entregó los informes policiales conseguidos (que Interior no quería dar a la víctima). La activista independentista respondió en un vídeo que no era suficiente, y exigía a la Fiscalía que había que investigar más. Un mes después murió.
Recuperar la comisaría sin policías
Además de reclamar responsabilidades a los torturadores, las entidades también siguen la lucha para que la comisaría de Via Laietana sea un centro de memoria. El Gobierno lo declaró espacio de memoria el pasado julio, pero sin echar a la policía. Por eso, el abogado Pep Cruanyes, en nombre de la Comissió de la Dignitat y otras entidades de memoria, presentó un recurso en agosto. "La declaración formal del lugar de memoria con el mantenimiento de la policía contradice las obligaciones del Estado de acuerdo con los criterios de la justicia transicional del Consejo de Derechos Humanos de las NNUU", manifiesta.
"Queremos una declaración con la preservación de los lugares donde se hacían las torturas y las infectas celdas, con la restitución del archivo del centro y el traspaso a la Generalitat en reparación de la confiscación del franquismo en 1939 al ocupar Barcelona, tal como la reconoce la ley de memoria", afirma Cruanyes.
En el recurso afirman: "No encontramos ningún caso en el mundo de centros de represión política de detención o de presidios declarados espacios de memoria que continúen prestando servicios de policía o de prisión en los mismos centros y esto pone en evidencia esta declaración de compatibilidad policial". Añaden: "Precisamente su declaración como centros de memoria y la museización de los espacios donde se practicaba la represión y las torturas para mostrarlos a la población, busca romper y tomar distancia de lo que eran las instituciones policiales o penitenciarias represoras, abriendo a la ciudadanía los espacios donde se practicaban las torturas y maltratos, con la inclusión de la explicación de los hechos y la exposición de los testimonios que los sufrieron".