La comisaría de Via Laietana ha sido declarada Lugar de Memoria Democrática, pero sin echar a la policía. La resolución ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y el Ministerio de Política Territorial ha celebrado la noticia: "En memoria de centenares de personas detenidas, maltratadas o torturadas por el régimen franquista por motivos políticos, identidad de género o pertenencia al pueblo gitano". En cambio, las entidades memorialistas han mostrado su decepción con la continuidad de la policía española en el edificio y han asegurado que el ejecutivo estatal "ha ignorado" las reivindicaciones de los represaliados del franquismo.
La plataforma Via Laietana 43 ha explicado que, efectivamente, el gobierno español ha resuelto el procedimiento que incoó hace un año, el 18 de julio de 2025, y ha incorporado el edificio al Inventario de Lugares de Memoria Democrática que prevé la ley. Sin embargo, desde la plataforma han lamentado que lo han hecho "manteniendo intactos los usos policiales del inmueble, que continúa funcionando como centro policial". "Esta decisión no responde, ni de lejos, a la reivindicación histórica que sostenemos desde hace décadas", han añadido.
Enfado de las entidades memorialistas
En un comunicado, las entidades tildan de "intolerable" el hecho de que el edificio continúe funcionando como dependencias policiales, ya que "un espacio de memoria democrática no puede convivir con las funciones que convirtieron la Jefatura de Via Laietana 43 en el principal centro de represión del franquismo en Catalunya". "Para muchas víctimas y familiares, su uso actual representa una forma de continuidad institucional de silencio, el olvido y la impunidad", agregan. Entonces, rechazan que la declaración como Lugar de Memoria Democrática se limite a "colocar una placa o un reconocimiento simbólico" e insisten en la necesidad de convertir el inmueble en "un espacio dedicado íntegramente a la memoria y a la interpretación de la tortura".
La plataforma ha especificado que el espacio debería ser "un lugar donde las personas que fueron torturadas puedan volver a entrar con dignidad y con una vocación pedagógica, dirigida a las nuevas generaciones y al conjunto de la sociedad". "Nada de esto es compatible con la propuesta del Gobierno español que mantiene los usos policiales", han insistido, antes de decir que "la resolución ha ignorado tanto nuestras enmiendas como los criterios expresados por las instituciones y la academia" —en referencia a una serie de informes del Memorial Democràtic, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universitat de Barcelona (UB). Y han añadido: "Una desatención que no es nueva y que forma parte de una dinámica que arrastramos desde 2017, cuando el Congreso de los Diputados aprobó pedir al Gobierno español la reconversión del edificio en un centro de memoria. Proposición que no se ejecutó". De la misma manera, se han desatendido las resoluciones del Parlament de Catalunya y del Ayuntamiento de Barcelona, así como la petición del Ateneu Memòria Popular cuando se aprobó la ley de memoria democrática.
Las dependencias de la Vía Laietana 43, en Barcelona, declaradas Lugar de Memoria
— Ministerio P. Territorial y M. Democrática (@territorialgob) July 17, 2026
En memoria de centenares de personas detenidas, maltratadas o torturadas por el régimen franquista por motivos políticos, identidad de género o pertenecía al pueblo gitanohttps://t.co/L9VuMjXDfJ pic.twitter.com/FHzjNAS6mh
Las entidades también han recordado que el 26 de marzo de 2019 se colocó una placa conmemorativa que reconocía el carácter represivo del lugar y que, dos días después, fue vandalizada: "La destrucción inmediata de esta placa evidenció la persistencia de resistencias sociales ante el reconocimiento de la memoria histórica, y subraya la necesidad de una intervención institucional firme que garantice el derecho de las víctimas y de la ciudadanía a conocer su pasado".
Es por todo ello que la plataforma reivindica que el edificio de Via Laietana sea destinado "íntegramente a la memoria, que se cuente con la participación de las entidades memorialistas y personas represaliadas para hacerlo y que se transfiera el inmueble y los archivos policiales que generó a las instituciones catalanas". "Exigimos que se ponga fin a los usos policiales del edificio y que su inclusión en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática no sea una cortina de humo ante las verdaderas reivindicaciones de convertir el edificio en un espacio de memoria. No aceptaremos un memorialismo formal ni el mantenimiento de los usos policiales que deja de lado las políticas de justicia, verdad y reparación efectivas, que mantiene la impunidad", concluye el comunicado.