Primera víctima del franquismo reconocida por la Fiscalía de Barcelona. La fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos de Barcelona, Sara Gómez Expósito, ha comunicado personalmente este jueves a Blanca Serra Puig (Barcelona, 1943) el resultado de las diligencias de investigación abiertas por las torturas que sufrió ella y su hermana Eva —historiadora, que murió en 2018— a manos de agentes de la Brigada Politicosocial en la Jefatura de la Policía española de Via Laietana, en febrero de 1977. Serra también denunció otras tres detenciones, hasta 1982, en dependencias de Barcelona y Madrid.
La investigación de la Fiscalía se ha acotado a su primera detención de 1977, puesto que la ley de memoria democrática española solo permite hacerlo hasta la aprobación de la Constitución, en 1978. En el informe, la fiscal ha reconocido por primera vez que la policía franquista cometió los delitos de tortura y de lesa humanidad contra Blanca y Eva Serra, según ha informado el Ministerio Público en un comunicado. No obstante, ha añadido que no ha podido identificar a los autores y, por lo tanto, que no puede poner en marcha un procedimiento penal. Con todo, la Fiscalía abre la puerta para que Blanca Serra pida ser resarcida por la vía civil, aunque la ley de memoria no incluye indemnizaciones.
Investigación “insuficiente”
La activista y defensora de la lengua catalana ha sido acompañada por los abogados de Irídia Sònia Olivella y Brian Ventura, en una reunión con la fiscal Gómez que ha durado unas dos horas. En un video gravado, Blanca Serra ha reclamado a la fiscal de sala de Memoria Democrática, Dolores Delgado, que impulse una investigación más profunda para aclarar las estructuras de las torturas a la disidencia, todavía no aclaradas 50 años después de la muerte del dictador.
En este sentido, la abogada Sònia Olivella ha agradecido el trabajo hecho por la fiscal Sara Gómez y su investigación con “perspectiva psicosocial” y con respeto a Serra. Ha detallado que la fiscal ha dado a Blanca Serra la ficha policial con sus cuatro detenciones y nueve expedientes policiales, donde salen nombres de policías, y que la Dirección General de la Policía no quería dar a sus abogados. Sin embargo, la responsable de litigios de Irídia ha lamentado que “no se ha hecho ninguna diligencia de investigación” para aclarar ni siquiera si estos agentes o responsables de las torturas están vivos.
Elena Jiménez, comisionada de internacional y legal de Òmnium Cultural, también ha expresado su “discrepancia” por el archivo de la causa de Serra, y ha añadido que le apoyarán para exigir que se aclaren las torturas en la comisaría de Vía Laietana, y que este equipamiento sea reconvertido en un espacio de memoria.
Violencia física y psíquica
En el comunicado, la Fiscalía de Barcelona explica que la investigación se ha llevado a cabo en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, y que “se han practicado todas las diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos y a la determinación de sus autores, incluidas testificales, periciales y documentales”.
El informe hace un relato de los hechos, que "considera constitutivos de delito de torturas perpetradas en el contexto de crímenes contra la humanidad". Según este relato, "agentes de la llamada Brigada Político Social detuvieron a la denunciante y a su hermana por el único motivo de su actividad política de oposición a la dictadura y le infligieron violencia física y psíquica con el fin de obtener información y conseguir una confesión, causándole secuelas de tipo traumático". Considera, además, que "los hechos se perpetraron en el contexto de la persecución y represión política instaurada por el franquismo y en el marco de un régimen institucionalizado de opresión sistemática y generalizada", y atribuye a la denunciante la condición de víctima del franquismo, de acuerdo con la ley de memoria democrática.
La fiscal expone que las diligencias practicadas no han podido revelar la identidad de los autores materiales del delito, por lo cual la Fiscalía ha presentado denuncia ante el órgano judicial, solicitando el archivo provisional por falta de autor conocido. Y concluye que ahora Blanca Serra puede ejercer otras acciones judiciales previstas en la ley, como los expedientes de jurisdicción voluntaria en el ámbito civil, donde un juez deja constancia en una resolución de los hechos y las torturas padecidas por la persona.
Finalmente, en el caso de las torturas infligidas a Serra en los años 1980 y 1982, la fiscal de Barcelona enviará los expedientes a la Comisión de Investigación de la Fiscalía de Memoria Democrática, en Madrid, que es la encargada de analizar las vulneraciones de derechos humanos en este periodo (del 1978 al 1983), como ordena la ley de memoria de 2022.
Abrir los archivos policiales
Serra explicó las torturas vividas a la fiscal Sara Gómez, el pasado mayo. La investigación de la Fiscalía de Barcelona de torturas durante el franquismo y la Transición es pionera y se ampara en la nueva ley de Memoria. No obstante, la ley de Amnistía de 1977 no permite reclamar responsabilidades a los policías durante la dictadura de Franco. La activista ha sido acompañada por los abogados de Irídia a la reunión con la fiscal, que ha durado más de una hora.
La denuncia de Serra tiene el apoyo de Òmnium Cultural, la ANC y entidades memorialistas. En su primera comparecencia ante la Fiscalía, Serra pidió que “se abrieran todos los archivos policiales” ante los problemas para investigar las torturas . Serra declaró: “Es una situación nueva para mí y para la Fiscalía. No confío mucho. Soy independentista y el tema continuará; hace falta una situación más dura. El derecho a la autodeterminación no se ha logrado.”