Juan Carlos Peinado se jubila este domingo, en su 72.º aniversario. El titular del Juzgado de Primera Instrucción núm. 41 de Madrid colgó la toga el viernes —su último día laborable— habiendo conseguido su objetivo: enviar a juicio a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, después de una polémica instrucción, con divergencias con la Fiscalía y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El Gobierno le acusa de lawfare, de perseguirla con el único objetivo de castigar a Pedro Sánchez por ser presidente del ejecutivo. De hecho, a causa de esta instrucción, el socialista publicó aquella famosa carta en la que amenazaba con dimitir y aseguraba que durante cinco días meditaría si abandonaba el cargo.
El caso arrancó en abril de 2024, cuando Manos Limpias presentó una querella contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El documento no incluía pruebas, sino titulares de medios digitales. La acusación se centraba en la relación de Gómez con los empresarios Javier Hidalgo, de Globalia y Air Europa, y Juan Carlos Barrabés, de Innova Next. Pocos días después, Peinado admitía a trámite la querella y abría diligencias, motivo por el cual Sánchez publicaba su famosa carta. En julio de 2024, el juez citó a Gómez a declarar como investigada por primera vez, en plena campaña de las elecciones europeas, y al cabo de pocos meses admitía nuevas imputaciones por una presunta apropiación indebida relacionada con un software gratuito de la Universidad Complutense de Madrid.
Un año después, en agosto de 2025, Peinado imputa formalmente a Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, por también un presunto delito de malversación relacionado con la contratación de esta última. Durante toda la instrucción, la Fiscalía ha mantenido la inocencia de Gómez y ha pedido en varias ocasiones el archivo de la causa, al considerar que no hay delito en ninguno de los tipos penales que Peinado le imputa. En la misma línea, la UCO ha presentado sucesivos informes que no han encontrado indicios claros de delito: ni en el rescate de Air Europa, ni en los contratos públicos adjudicados a Barrabés, ni en la cuestión de los ingresos de Gómez. A pesar de estas conclusiones, Peinado cerró la instrucción el pasado mes de abril y propuso juzgar a Gómez ante un jurado popular por cuatro delitos. La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado el juicio con jurado, pero ha descartado dos de las acusaciones.
Juez desde los años noventa y con una hija concejala del PP
Peinado accedió a la carrera judicial en 1994, a los 40 años, después de haber ejercido como secretario de ayuntamiento, y desde entonces es titular del Juzgado de Primera Instrucción núm. 41 de Madrid, en la Plaza de Castilla. En 2019 optó, sin éxito, a una plaza de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción núm. 6 de la Audiencia Nacional. Su hija Patricia es concejala del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el PP, un elemento más que se ha utilizado para nutrir los argumentos de que el magistrado ha perseguido judicialmente a la esposa de Sánchez por motivos políticos.
Otra de las polémicas que han rodeado al juez instructor es el chalet que tiene en La Adrada, en Ávila, con un conflicto urbanístico: la propiedad figura como almacén en el catastro a pesar de tener dos plantas y piscina, y los vecinos han hecho pintadas denunciándolo como un chalet ilegal.
La polémica causa abierta contra los CDR
No es la primera vez que Peinado protagoniza una instrucción polémica. En 2019 imputó temporalmente a una docena de periodistas de ocho medios por publicar informaciones sobre los Comités de Defensa de la República (CDR), mientras había secreto de sumario. La causa, que había instruido inicialmente el juez Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional, acabó sin recorrido: Peinado archivó el caso de los periodistas.
El Gobierno enmarca la investigación de Begoña Gómez en un caso de lawfare
El Gobierno enmarca el caso en una estrategia de lawfare. Pedro Sánchez ha denunciado reiteradamente que los procesos contra Begoña Gómez y contra su hermano son una persecución judicial con motivación política. David Sánchez fue condenado en junio de 2026 por la Audiencia de Badajoz a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación, a pesar de ser absuelto de tráfico de influencias.
Su gestión de la instrucción también le ha valido una queja disciplinaria: el ministro Félix Bolaños denunció ante el Consejo General del Poder Judicial sus expresiones sobre los escoltas de Gómez, al señalar que la policía española podría ayudarla a huir. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid archivó la queja hace unos días, a pesar de considerar la expresión de Peinado poco delicada.
El juicio a Begoña Gómez: ¿y ahora qué?
Con la instrucción cerrada, Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular de nueve miembros. Tras la corrección de la Audiencia Provincial, los delitos se limitan a tráfico de influencias y malversación de caudales públicos; su asesora, Cristina Álvarez, responde solo por malversación. Hazte Oír, que encabeza las acusaciones populares, pide trece años de prisión para Gómez y seis para Álvarez. La Fiscalía, por su parte, no aprecia ningún delito y ha avanzado que presentará conclusiones absolutorias.