El Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) ha manifestado que el caso de la menor bajo la custodia de la DGAIA, víctima de violación y explotación sexual, "no es una excepción". Según el colectivo, "hace demasiado tiempo" que "desde varios espacios profesionales" se alerta de "deficiencias estructurales" en el sistema y de "falta de recursos y reconocimiento" a los equipos profesionales. En este contexto, el CEESC reclama un reconocimiento explícito a la tarea de los educadores que "supieron detectar indicios de abuso" y exige un "cambio profundo" en las políticas de infancia y adolescencia. Además, pide que el "relato mediático" no ponga a la víctima en el centro de la atención, sino que señale claramente la responsabilidad de los agresores.

En un comunicado, el CEESC propone pasar de un enfoque de protección reactiva a una "mirada comunitaria, de trabajo preventivo y centrada en los derechos". También reclama la "presencia estructural" de los educadores sociales en espacios clave donde "se construyen vínculos y se detectan a tiempo las vulnerabilidades", como servicios sociales, servicios de intervención socioeducativa, centros educativos, proyectos de ocio educativo, actividades deportivas o espacios de participación infantil y juvenil.

Además, el colegio exige más recursos económicos, ampliación de ratios y estabilidad en los equipos técnicos, así como la sustitución inmediata del personal de baja. También pide protocolos "claros" y una "apuesta política clara y real" por el cuidado de los niños y adolescentes y de los trabajadores responsables de los mismos.

Una niña de 12 años a cargo de la DGAIA, inmersa en una red de abusos

El caso, que estalló en 2021, afecta a varios menores de edad y todavía está en manos de las autoridades judiciales y policiales. Todo se destapó cuando los educadores que trabajan en el centro de la DGAIA donde estaba la chica, en L'Hospitalet de Llobregat, detectaron que en el móvil tenía conversaciones con hombres, por lo que los mismos trabajadores, siguiendo los protocolos, se pusieron en contacto con su familia para denunciar los hechos a la policía. A raíz de ello, fue detenido T. L. M., un hombre de 45 años y nacionalidad española, electricista de profesión. El individuo habría agredido sexualmente a menores de edad de entre 12 y 17 años y se las habría ofrecido, a cambio de dinero, a otros hombres. La Fiscalía pide, de momento, para el primer caso de que llegará a juicio, 107 años de prisión. Todavía hay dos causas más pendientes, derivadas del primer caso, que investigan los Mossos d'Esquadra y el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona.