Cada vez hay más voces que afirman con contundencia que los jóvenes de hoy viven peor que sus padres. En todo caso, lo que sí que es un hecho es que las personas de 16 a 29 años tienen que hacer frente con escepticismo a sus posibilidades para desarrollar y consolidar un proyecto de vida autónomo e independiente. Es una generación que ha vivido tres baches económicos: la crisis de 2008 —el paro juvenil rozó el 50% entre 2012 y 2013—, los efectos de los confinamientos por la pandemia del coronavirus y, ahora, las consecuencias de una inflación que ha crecido por encima del 6% desde el inicio del 2022 y que, en los últimos dos meses, ha llegado al doble dígito.

El Consejo de la Juventud de España ha publicado este agosto el Observatorio de Emancipación correspondiente al segundo semestre de 2021, y los datos constatan la dificultad de los llamados 'millenials' para hacer realidad su independencia residencial. La tasa de emancipación se situó en el 15,6% a finales del año pasado, una cifra que supone un pequeño respiro después de marcar el mínimo histórico en junio de 2021 (14,9%). A pesar de todo, es un dato alejado del nivel previo a la pandemia: el año 2019, la tasa de emancipación era del 18,7%.

En los últimos 15 años y, particularmente a partir del 2008, el número de personas jóvenes que reside en una vivienda diferente de su hogar de origen ha caído en picado. El tercer trimestre de 2008, el 26,1% de los jóvenes de 16 a 29 años estaban independizados. En el 2013, cuando parecía que ya se veía la luz al final del túnel, España cerraba el año con una tasa de emancipación del 22,1%. A pesar de la cierta recuperación económica, el efecto no se percibía en el mercado inmobiliario juvenil: el segundo trimestre de 2016, por primera vez, el porcentaje bajaba del 20%. Con la pandemia, el descenso se ha profundizado, pasando en sólo tres trimestres del 18,7% (cuarto trimestre de 2019) al 16,1% (tercer trimestre de 2020). El mínimo llegaba el tercer trimestre de 2021, cuando sólo el 14,2% de la juventud en España residía fuera de su domicilio familiar. El 2021 cerraba con un leve avivamiento (15,6%), en parte por la recuperación de puestos de trabajo, pero el año 2022 arrancaba con toda una retahíla de factores económicos (entre estos, la inflación y, por lo tanto, un coste de vida superior manteniendo retribuciones salariales idénticas) que frena cualquier mínima expectativa optimista.

España, entre los países con una edad media de emancipación más elevada de la UE

De rebote, eso impacta de lleno en un incremento de la edad media de emancipación: los jóvenes españoles se independizaron el año 2021 a los 29,8 años. Así lo revela un informe publicado esta semana por Eurostat, que sitúa al Estado en la posición 20 —igualado con Malta— de los 27 países miembros de la Unión Europea en la lista de la edad más baja de independencia residencial. El abismo que hay entre la edad media de emancipación en el club comunitario y la registrada en España es, cada año, más profundo. De hecho, la diferencia es superior a los tres años (la media de la UE es 26,5).

La edad media de emancipación de los hombres en España fue de 30,8 en el 2021, en tanto que la de las mujeres fue 28,9. Si echamos una ojeada a los estados que encabezan el ranking de los jóvenes que se independizan más pronto, figuran Suecia (19 años), Finlandia (21,2 años), Dinamarca (21,3 años), Estonia (22,7 años) o Países Bajos (23,3 años). Son cifras muy diferentes de la del Estado. En el otro lado, la edad media española en que los jóvenes se marchan a vivir en un domicilio diferente del de origen sólo se ve superada por Portugal (33,6), Croacia (33,3), Eslovaquia (30,9), Grecia (30,7), Bulgaria (30,3) e Italia (29,9). La principal razón que explica, habitualmente, las impactantes variaciones entre los estados miembros es la tasa de paro juvenil: allí donde este parámetro es alto, el porcentaje de emancipación es más bajo y la edad en que este proceso tiene lugar sube; y al revés.

Para más inri, el hecho que aumente la diferencia entre los años en que los jóvenes españoles abandonan sus domicilios familiares y la edad media en que lo hace la juventud europea también está relacionado con que esta última se ha mantenido constante en los últimos tres lustros (en el 2007, se situaba en 26,7 años), mientras que España ha visto cómo la tendencia de crecimiento de la edad media de emancipación era imparable en este mismo periodo. De hecho, hace 15 años, el Estado se alineaba con las cifras de la UE.

Lo que hay detrás de la baja tasa de emancipación

¿Qué es, pues, lo que provoca este gran desajuste en España y qué es lo que compromete y hace avistar un futuro inquietante para la juventud del territorio estatal? La tasa de paro juvenil, como se ha mencionado, es uno de los principales factores. El Estado es el segundo país de la Unión Europea con más jóvenes parados. En los años de la crisis económica de 2008, este índice superaba con creces el 40%. Más adelante, se ha ido reduciendo, hasta el punto de llegar al 23,6% a finales de 2021, el registro más bajo desde el 2008. Seis meses después, es decir, en el cierre del primer semestre de 2022, ha vuelto a aumentar y ha alcanzado el 27,9%. La distancia con otros países europeos es notoria, con estados como Alemania, Países Bajos, Dinamarca o Irlanda entre el 5 y el 10% de paro juvenil. La media de la Unión Europea, además, es la mitad del porcentaje de España (13,6%).

Con todo, los jóvenes de 16 a 29 años con trabajo no disponen de un nivel adquisitivo que los ayude a superar los obstáculos que los separan de la independencia residencial. Según el Observatorio de Emancipación, la media salarial de la juventud se sitúa en 1.044 euros mensuales, cifra similar a la del 2008. El problema, sin embargo, es que desde entonces, el Índice de Precios al Consumo ha escalado un 17,5%. Con unas condiciones retributivas tan similares y con un coste de vida que no deja de crecer, la emancipación resulta una quimera.

Los ejes que plasman esta precariedad son, también, la tasa de temporalidad (el 55,4% de las personas jóvenes con trabajo tienen un contrato temporal) y la tasa de ocupados a tiempo parcial, que se extiende al 25,4% de los contratos laborales juveniles. Además, el tanto por ciento de jóvenes subocupados es elevado: 14,8%. En esta situación, cada vez más jóvenes apuestan por trabajar y estudiar simultáneamente (siempre que la morfología del mercado laboral lo permita) y representan ya el 32,5% de la población juvenil ocupada. La complejidad actual hace que la proporción de la población joven inactiva esté ampliamente integrada por aquellos que no trabajan porque estudian (9 de cada 10 personas). Así, sólo un 2,4% de la juventud inactiva no estudia ni trabaja.

Estas son, pues, las débiles condiciones con que los jóvenes intentan acceder al mercado de la vivienda con el objetivo de emanciparse. Y aquí también encuentran que la coyuntura no acompaña: aunque el 2021 cerraba con los tipos de interés en mínimos históricos y con un descenso del precio medio del alquiler (848 euros), para poder sufragar una vivienda unipersonal en régimen de alquiler, un joven tendría que destinar el 79,2% del sueldo. Si el joven asalariado optara por comprar una vivienda, con el 30% de su sueldo neto —cuantía que se destina habitualmente a pagar la hipoteca—, sólo tendría para un hogar de 58,7 metros cuadrados construidos. Para poder asumir la entrada de una hipoteca de una vivienda que cuesta 170.000 euros (precio medio en España), tendría que desembolsar 3,8 veces su sueldo neto anual. Con estas magnitudes, se tendría que sobreendeudar, de manera que la única opción viable, destinando el 30% del sueldo (unos 320 euros), acaba siendo la fórmula de compartir vivienda. El 34,5% de las personas independizadas han tenido que encontrar refugio en esta forma de emancipación.

En el ranking de edad más baja de emancipación en la Unión Europea, encontramos a Suecia, Finlandia o Dinamarca. Son estados donde la juventud está mejor retribuida y donde el porcentaje de sus sueldos hace más factible que puedan acceder al mercado de vivienda sin sobreendeudarse. Cabe decir que los países nórdicos cuentan con una cultura diferente —más fomento de la individualización y de una menor dependencia familiar— y que disponen de estímulos del estado del bienestar, a través de políticas activas de empleo y de vivienda de alquiler social.

Catalunya mejora la media del Estado

Con respecto a Catalunya, el panorama es un poco más favorable que la media estatal. De hecho, se trata del territorio con el nivel de actividad laboral juvenil más elevado del Estado. En esta línea, esta inserción al mercado del trabajo también va acompañada de unas tasas de temporalidad y subocupación más bajas que en otras comunidades. Ahora bien, en términos de emancipación, a pesar de ser el cuarto territorio con una tasa más alta (18,1%), Catalunya sigue lejos de los datos prepandemia (a finales de 2019, el porcentaje de independencia residencial de la juventud era del 22,6%). La bajada es sustancial en los últimos 15 años: el año 2007, uno de cada tres jóvenes de 16 a 29 años ya no vivía en el domicilio familiar; ahora, no llega a uno de cada cinco jóvenes. Hasta el primer trimestre de 2009, el tanto por ciento se situaba en el índice del 30%, pero cayó por debajo del 20% el tercer trimestre de 2020. Un motivo es lo que pasa en las grandes ciudades, como Barcelona, donde resulta prácticamente inviable desde la perspectiva económica la opción de compartir piso, ya que a menudo hay que destinar más del 30% del sueldo neto para pagar el alquiler.

El territorio catalán sólo se ve superado en la tasa de emancipación juvenil por Cantabria (19,8%), Extremadura (19,2%) y Murcia (18,7%). Por su parte, Madrid (17,4%) se encuentra siete décimas por debajo de Catalunya. La cifra catalana supera en dos puntos y medio la media estatal (15,6%). De hecho, hay once comunidades con porcentajes inferiores a la media española. Los colistas son Andalucía (14,4%), Aragón (14,1%), el País Valencià (11,8%) y Castilla-La Mancha (10,8%).

Posibles soluciones

Todo dibuja un panorama poco alentador, especialmente si le sumamos el contexto económico de 2022. Parece claro, eso sí, que las políticas de juventud tienen que formar parte de la agenda pública, sabiendo que buena parte del futuro se explicará por las nuevas generaciones y que estas tienen que poder disponer de las herramientas para emprender sus proyectos vitales. Para poder revertir la situación, varios expertos debaten cuáles pueden ser las fórmulas que ayuden a la juventud a emanciparse antes y disfrutar de un nivel adquisitivo que se lo permita. En este sentido, el Consejo de la Juventud de España propugna la subida del Salario Mínimo Interprofesional —actualmente, es de 1.000 euros mensuales—, la subvención de planes de empleo juveniles, la ampliación del parque público de vivienda —no llega al 2%, lejos de los valores en los que se mueve Europa— o extender la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, particularmente a jóvenes de 18 a 23 años, para paliar otro indicativo preocupante: una de cada tres personas jóvenes está en riesgo de pobreza.

En los últimos meses, el Gobierno ha impulsado el Bono Joven de Alquiler, una ayuda dirigida a las personas de entre 18 y 35 años, titulares de un contrato de alquiler, que trabajan y que no superan el umbral de 24.301,57 euros de ingresos anuales. Las personas solicitantes pueden recibir un importe mensual de 250 euros durante un máximo de 2 años, teniendo en cuenta el límite del importe mensual de la renta o del precio de cesión, situado en 900 euros. Aunque las convocatorias, gestionadas por las comunidades autónomas, se podían empezar a abrir el 28 de abril, no todas han empezado este periodo de solicitudes. Las que sí que lo han hecho son Catalunya (donde el plazo de solicitudes ya está cerrado), el País Valencià, las Islas Baleares, las Islas Canarias, Cantabria, Extremadura, Murcia, La Rioja, Asturias y Galicia.

En Catalunya, el Departament de Drets Socials recibió 38.500 solicitudes durante los nueve días (del 8 al 17 de junio) que estuvo abierta la convocatoria. La consellera Violant Cervera manifestaba, sin embargo, que la medida es "insuficiente" porque, con los recursos recibidos por parte del Estado, la prestación sólo llegará a 9.600 jóvenes. Desde el Govern, reclaman a la Moncloa que duplique la dotación a Catalunya para evitar "frustrar las expectativas y alegría que genera en los jóvenes la posibilidad de acceder a una ayuda que contribuya al hecho de que puedan emanciparse". Otra de las críticas desde Catalunya es que esta subvención está "mal dimensionada" porque "ignora las características de cada territorio". Los 250 euros se otorgan con independencia del municipio en que se encuentra la vivienda alquilada, aunque las realidades dentro de una comunidad pueden ser muy diferentes, particularmente entre grandes ciudades y pueblos.

Habrá que ver qué efecto puede tener esta ayuda, aprobada desde enero, pero lo cierto es que hasta ahora no ha llegado a ningún joven. Mientras tanto, el hecho de poder establecerse en una vivienda independiente sigue siendo un espejismo: el endurecimiento de las condiciones y garantías para formalizar un contrato de arrendamiento, el hecho de vivir en un momento complicado para firmar una hipoteca, el poco margen para ahorrar y la fluctuación del mercado laboral para la juventud debilitan las oportunidades para emanciparse. Y, así, alinearse con la media europea será, cada vez, menos realista.