El Col·lectiu d’Educadores i Educadors de los centros propios de la DGAIA (CEC), que agrupa a 346 profesionales del sector, han salido al paso después de que el Govern haya anunciado que suprimirá la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) y se creará de cero una nueva dirección general centrada en la prevención y la protección de menores. El colectivo ha reclamado a la conselleria de Drets Socials que les tenga en cuenta para refundar el organismo y que antes del cambio revise la situación actual y aplique toda la normativa que afecta el sector. En un comunicado, el CEC ha detallado los diversos incumplimientos de la legislación y disfunciones en el día a día de los centros. Entre las principales reclamaciones piden que aumenten las plantillas, que no se externalicen tantos servicios y que los centros de acogida sean más pequeños y adaptados a las necesidades de cada niño.
Incumplimientos de Drets Socials
En la lista de incumplimientos por parte de la conselleria señalan que la guía Equar (estándares de calidad en atención residencial) establece que los centros residenciales hace falta que sean lo más parecido a un hogar, dentro del núcleo urbano y de 10-12 plazas. Sin embargo, siguen existiendo macrocentros de 40 y 50 plazas, como es el caso de Girona, donde en el mismo edificio apartado de la ciudad conviven dos centros de acogida, donde a menudo residen más de 100 niños y adolescentes en el mismo edificio. En este sentido, recuerdan que la DGAIA es conocedora de que "los chicos y chicas que viven en centros residenciales mayores (más de 30 plazas) son los que muestran valores significativamente más bajos en el bienestar subjetivo" según un estudio de la Universidad de Girona y la misma DGAIA.
Con respecto al programa marco de la DGAIA y la cartera de servicios sociales, según denuncian, no se cumplen las ratios ni los perfiles profesionales. En este sentido, reclaman que las profesionales que trabajan en centros residenciales y pisos para extutelados tienen que ser educadoras. "La misma DGAIA incumple eso en los centros públicos alegando que no encuentra suplentes, pero en las fundaciones del tercer sector es un hecho estructural: contratan integradores sociales u otros perfiles profesionales para cubrir plazas fijas, incumpliendo los pliegos contractuales, no dando la atención especializada que requieren los niños. Suponemos que ahorrándose dinero", añade el comunicado. Además, afirman que el Departament de Drets Socials es conocedor de este hecho "mediante las actas de los inspectores de Drets Socials y la DGAIA, dado que recibe estas actas sin ningún tipo de sanción a las entidades que siguen prestando servicios e incumpliendo las condiciones".
Desde el CEC también reclaman que se incumple la ley de servicios sociales, ya que no se han constituido los Consejos de Participación de Centros, y tampoco queda recogida su participación en los Proyectos Educativos de Centros validados por la DGAIA, "negando la participación de los niños y sus familias". Y añaden que tampoco se ha cumplido con la creación de la figura del delegado de protección contra la victimización a niños y adolescentes en los centros de protección: "Hace 9 años que la consellera Dolors Bassa lo prometió y no se ha implementado".
Privatización del servicio y estado de los centros
Los educadores critican que la DGAIA y los servicios sociales han tenido un crecimiento exponencial en recursos, pero "todos de gestión privada o delegada". "Por si no fuera suficiente el desbarajuste producido por las externalizaciones, ahora hay que añadir la externalización y la privatización prevista de las ludotecas del Departament de Drets Socials donde trabajamos", señalan. En este sentido, instan al Departament a explicar los criterios que dan pie a la externalización, y que informen sobre los "efectos positivos que tienen sobre nuestros niños". Por otra parte, dicen que el Sistema de información y gestión en infancia y adolescencia 'SINI@' está "obsoleto, no se ajusta a las necesidades actuales y se queda colgado muy a menudo por las actualizaciones, imposibilitando el trabajo".
Los profesionales también califican de "problema crónico" la sobreocupación y el estado de los centros, que se arrastra desde hace más de 9 años con diferentes promesas del Departament, planos integrales, propuestas de repensar la DGAIA, ahora será refundar. Mantener el sistema sobreocupado implica que los niños y adolescentes van al primer centro donde hay una plaza vacía, y habitualmente por su tipología, a menudo no responden a sus necesidades. Según la entidad, hay "maltrato institucional al convertir los centros en callejones sin salida donde se mezclan niños con problemas de salud mental, adicciones o alteraciones de conducta, dándose una revictimización de los niños que hay que proteger". "En muchos de estos casos no se ofrecen refuerzos educativos, aunque DGAIA es conocedora de esta situación y las necesidades del niño por tres vías: antes de que se dé el ingreso en el centro, el informe del EAIA; el seguimiento de las EFI, y el Área de Apoyo de Centros", apuntan.
"Hay una falta flagrante de recursos residenciales especializados para atender a estos jóvenes con respecto a adicciones, problemas de salud mental, trastornos de conducta o prostitución, y de los pocos que hay, la mayoría están privatizados", dicen. Un problema que según lamentan se agrava todavía más cuando el joven alcanza la mayoría de edad y quiere acceder a un recurso de vivienda para jóvenes extutelados. Además, reivindican que se adopten las medidas correctoras de las evaluaciones de riesgos psicosociales hechas por el mismo Departament. Como ejemplo, a menudo los profesionales van solos conduciendo furgonetas y al mismo tiempo se hacen cargo de los niños. "Hace falta que vayamos acompañados o con chófer. Reivindicamos que ninguna educadora tenga que trabajar sola para que no se repita ninguna incidencia mortal, como la compañera de Badajoz", afirman.
Participación en la refundación de la DGAIA
La entidad ha pedido al Departament poder participar en el proceso de replanteamiento de la DGAIA, y también lo ha transmitido al Síndic de Greuges. El colectivo dice que desde su creación ha alertado de manera reiterada y constructiva a los organismos garantes de las "graves situaciones de vulneración de derechos" de los niños tutelados. En este contexto, temen "lo peor" si la reformulación de la DGAIA se hace de forma precipitada, "sobre todo al comprobar que no se cuenta con el saber y la experiencia de los profesionales públicos que durante décadas han apamado los puntos fuertes y débiles del sistema". El CEC ve "imprescindible que los cambios cuenten con el punto de vista de los educadores que están en primera línea", y por este motivo no creen en la voluntad de cambio anunciada por el Departament si no va acompañada, por una parte, "que el colectivo partícipe en las mesas técnicas para hacer evaluación y propuesta como grupo de interés, y de otra, una consulta sistematizada a cada uno de los centros para la detección detallada de las necesidades in situ, con la participación protocolizada". "Invitamos a la Administración a realizar un estudio ambicioso, sincero, profundo y sin miedo, de la razón de los continuos incumplimientos de aquellos protocolos aprobados por ella misma y que realmente creemos serían beneficiosos para nuestros niños", concluye el comunicado.