Seis familias de ancianos muertos por coronavirus han presentado una querella criminal conjunta a los juzgados de Lleida contra la dirección de la residencia Sant Josep por seis presuntos delitos de homicidio por imprudencia.

El abogado de las familias, Xavier Prats, ha explicado a Efe que algunos familiares ya detectaron, a principios de marzo, "algunas negligencias" que, al final, se han saldado con la vida de hasta 36 residentes de esta residencia pública que depende del Departamento de Salud.

Prats explica que, según sus investigaciones, el centro no disponía de las medidas de seguridad e higiene necesarias para proteger a los ancianos de virus y tan sólo contaban con la asistencia de un médico durante unas horas a la semana para atender a los internos.

Asimismo, denuncian que hubo cambios de habitación de ancianos enfermos, dilataron los traslados de pacientes en otros centros y, según el criterio de las familias, "se prescindieron de todas las conductas que se esperan cumplir en un contexto así".

Las familias quieren "depurar responsabilidades" y demostrar que las actuaciones que se han llevado a cabo desde la dirección de centro no han sido las correctas. "Los familiares están tristes e indignados y esperan que este caso sirva de punta de inflexión en la gestión de residencias para que estos hechos no vuelvan a pasar", sentencia el abogado.

A más de seis delitos continuados de omisión del deber de socorro, también acusan la residencia de un delito continuado de atentado contra la integridad moral por los daños causados a los familiares y un delito continuado contra los trabajadores, porque algunos afirman que "sólo tenían lejía" para evitar los contagios.

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