Una cuarta parte de los municipios catalanes con peligro alto de incendio forestal no tienen plan de prevención aprobado, aunque la ley los obliga, según una información que ha avanzado El Matí de Catalunya Ràdio. En Catalunya hay 566 municipios, seis de cada diez, que están obligados a tener redactado un plan municipal de prevención de incendios forestales, pero hay 141 que todavía no lo tienen. Según explica la emisora catalana, la mayoría son municipios pequeños con pocos recursos, que tienen muchas dificultades para elaborarlo o que, una vez aprobado, no tienen medios ni capacidad para poder ejecutarlo.
La actuación de la Fiscalía, un aviso
Esta información coge relevancia a raíz de la oleada de incendios que ha asolado el noroeste del Estado español durante las últimas dos semanas, que han consumido más de 350.000 hectáreas de las 400.000 quemadas desde principio de año según estimaciones del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) y datos de Copernicus, y las acciones que ha iniciado la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo para investigar la relación entre los incendios y la falta de planes de prevención. En este sentido, el fiscal jefe de este ministerio público, Antonio Vercher, instó el pasado lunes a los fiscales provinciales de la fiscalía de medio ambiente a "comprobar" si en los municipios más afectados por la "desastrosa" situación de los incendios forestales cuentan con planes de prevención, al mismo tiempo que los instó a reclamar responsabilidades penales a los que tenían la "obligación" de elaborar estas medidas preventivas y no lo hicieron.
Actuaciones que exige del plan
Esta posible relación judicial entre los incendios y los planes de prevención es un aviso a navegantes para aquellos municipios que no han hecho los deberes y que, a pesar de tener la obligación legal de hacerlo, no tienen estos planes aprobados por Protecció Civil. Según el Pla Anual para la Prevenció, Vigilància y Extinció de los incendios forestales de la Generalitat para el año 2025, de aplicación a todo el ámbito territorial de Catalunya, "los municipios considerados de alto riesgo de incendio forestal según el Decreto 64/1995 de 7 de marzo, por el cual se establecen medidas de prevención de incendios forestales, dispondrán de un plan municipal de prevención de incendios forestales (PALMO), que tiene que contener las medidas operativas y administrativas a tomar y los equipos y las infraestructuras a crear para defenderse de los incendios forestales y disminuir el riesgo". Estas actuaciones abarcan desde actuaciones a la red vial (construcción de caminos, arreglo de caminos, apertura y/o mantenimiento de Franjas Auxiliares de Tráfico) hasta actuaciones en puntos de agua y actuaciones sobre la vegetación. Los planes municipales de prevención de incendios forestales tendrán una vigencia de entre 4 y 8 años y serán revisados y aprobados por el departamento competente en materia de prevención de incendios forestales. Los municipios no relacionados en el anexo 1 del Decreto 64/1995, de 7 de marzo, y por lo tanto no de alto riesgo de incendio forestal, podrán igualmente elaborar y enviar sus planes municipales de prevención de incendios forestales, que podrán ser aprobados, si procede, por el departamento competente en materia de prevención de incendios forestales.
El caso de la Vall de Boí, como ejemplo
El problema recae en el hecho de que los municipios más pequeños que disponen de recursos limitados tienen problemas para cumplir con esta obligación de llevar a cabo el plan o para ejecutarlo. Según explica la emisora pública catalana, es el caso de la Vall de Boí (Alta Ribagorça), el tercer municipio más extenso de toda Catalunya, con más de 220 kilómetros cuadrados de término municipal, la mayor parte de demasiado forestal, y donde solo viven un millar de habitantes. La alcaldesa Sònia Burguera, en declaraciones en Catalunya Ràdio, reconoce que tener un plan no garantiza que se pueda aplicar si no se ponen los medios necesarios. "Tener el plan es el primer paso, está muy bien, pero o ponen recursos para ejecutarlos y seguirlos o no lo podemos hacer. Tenemos que vigilar que los márgenes de las carreteras estén bien, los puntos de agua tienen que estar en condiciones, quemas controladas...no se están haciendo cremas controladas, no se adecuan los accesos, si no damos ayudas a los ganaderos no haremos nada, es que quemará todo; y lo de Galicia será cosa de risa", ha señalado. A la falta de recursos, en el caso de este municipio se añade también una carga burocrática que los ahoga. La Vall de Boí aprobó el plan con la ayuda de la Diputació, pero se encuentra con un problema burocrático añadido, dado que el municipio toca en el parque de Aigües Tortes, y también está obligado a redactar planes específicos por la zona protegida.
Esta carga burocrática ahoga en los municipios pequeños, como explica también la alcaldesa del municipio leridano de La Granadella, Elena Llauradó: Cada vez se nos pide más cosas burocráticas. No tenemos un técnico que sepa hacer estos documentos, que los tiene que hacer tanto un pueblo pequeño como una capital mayor, y nosotros solo tenemos una secretaria que viene dos o tres días a la semana, una administrativa y la misma alcaldesa, no tenemos nadie más". En otros casos, como Osó de la Selva, todavía no tiene el plan aprobado y lo han encargado al Consell Comarcal, pero también hay ciudades grandes que todavía no tienen el plan hecho, como es el caso de Lleida, que hasta ahora no estaba obligado y que espera tenerlo listo antes de acabar el año, según la emisora.
La mitad de los municipios obligados no tiene homologado el Infocat
Además de este plan municipal de prevención, está el Pla Especial de Emergèncias para incendios forestales de Catalunya (Infocat), el documento que define el marco jurídico y funcional para hacer frente a las emergencias graves por incendios forestales en el territorio de Catalunya en el marco de las competencias de protección civil, es decir, en caso de que haya que aplicar medidas para reducir los riesgos de situaciones catastróficas para personas, bienes y medio ambiente. El Infocat organiza la respuesta coordinada ante grandes incendios y sitúa la base para que los municipios desplieguen planes propios. Este plan se revisa y adapta a las nuevas situaciones de riesgo, como el cambio climático. Según publicó El País el pasado 11 de agosto, la mitad de los municipios no tiene el documento. En concreto, de los 758 municipios que obligatoriamente tienen que contar con Pla Especial de Emergències para incendios forestales de Catalunya (Infocat), la mitad (385) no lo tiene homologado, 319 lo tienen caducado y otros (66), directamente, no disponen del documento.
Entre los ayuntamientos que no habían presentado nunca este plan de emergencias destacan capitales de provincia (Lleida), capitales de comarca (Igualada, Puigcerdà, Borges Blanques y Pont de Suert) o poblaciones de más de 50.000 habitantes como Mollet del Vallès. Según el rotativo, otras grandes ciudades del área metropolitana, como Badalona, Rubí o Montcada i Reixac lo tienen caducado desde hace entre 20 y 25 años, cuando tiene que actualizarse cada cuatro. El jefe de servicio de implementación de Protecció Civil de la Generalitat, Álvaro González, admitía que "la protección no es la que tendría que ser. Son unos porcentajes muy inferiores a los esperados porque los municipios están obligados a tener el Infocat". Según esta información, el coste de la elaboración de los planes de emergencia, que generalmente se elaboran bajo el Documento Único de Protección Civil Municipal (Duprocim), puede ser una barrera para los municipios más pequeños. Un coste que puede oscilar entre los 5.000 y los 15.000 euros y que necesita un tiempo de elaboración por parte de una empresa consultora que puede estar entre los dos meses y el año y medio, según la información de la cual disponga.