La Fiscalía Anticorrupción investigará las presuntas irregularidades cometidas en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), según ha avanzado el diario ABC. El organismo ha abierto diligencias tras la denuncia de un exdirectivo donde advertía de una presunta red de corrupción sobre supuestas irregularidades en la contratación, donde se podrían haber destinado hasta 23 millones de euros a pagos no justificados y con finalidades distintas de las del principal centro de investigación del cáncer en el Estado español, el CNIO, organismo estatal dependiente del Ministerio de Ciencia. Anticorrupción ya ha incoado unas diligencias de investigación por los delitos de malversación, tráfico de influencias y prevaricación. 

Una red corrupta utilizando la lucha contra el cáncer

Este ex cargo del CNIO denunció el pasado mes de junio al exgerente del organismo, Juan Arroyo, y a otros directivos del área económica por una supuesta trama de contratos falseados, fraccionados, inflados, otorgados a empresas amigas y en los que ni había prestación real, tal como expone en el escrito de denuncia que presentó el exdirectivo, que fue despedido. La denuncia, de 120 páginas, ofrece datos sobre una presunta red de empresas alrededor de Arroyo en la que participan extrabajadores del centro y que habría detraído “entre 20 y 25 millones de euros” de la lucha contra el cáncer, tal como ha avanzado eldiario.es.

La destitución de los presuntos corruptos

Más tarde, al conocerse estos nuevos detalles, el patronato del CNIO ha aprobado este martes por unanimidad la destitución de Juan Arroyo como vicedirector de asuntos económicos, cargo que continuó ocupando tras su salida de la gerencia en enero de 2025. También se ha producido el cese de dos cargos ejecutivos cercanos a él a propuesta del nuevo gerente del organismo, José Manuel Bernabé. El nuevo responsable de las cuentas de este centro público, con un presupuesto de unos 40 millones de euros al año, también presentó el 18 de noviembre un informe ante la Fiscalía con su propio análisis de las cuentas. Este informe también delata “irregularidades”, según fuentes del patronato del CNIO, el máximo órgano rector, y tal como ha avanzado ElPaís.

Ahora, la Fiscalía Anticorrupción estima que los hechos denunciados tienen la suficiente entidad como para investigar un delito.