Los premiados del Gordo de Navidad en el pueblo leonés de Villamanín han llegado a un acuerdo incómodo, pero mayoritario para desbloquear el cobro del premio, después de confirmarse que se vendieron participaciones correspondientes a décimos que no estaban consignados. La solución pasa porque todo el mundo renuncie a una parte del dinero, con el objetivo de cubrir un desajuste de cuatro millones de euros. El acuerdo se gestó el viernes por la noche en una reunión a puerta cerrada en el Hogar del Pensionista, que reunió a más de 300 vecinos y se alargó durante más de tres horas, en un ambiente de fuerte tensión y con presencia de la Guardia Civil. El origen del conflicto es un error en el recuento de los talonarios por parte de la comisión de fiestas, que vendió 50 participaciones de más sin tener los diez décimos premiados correspondientes.

Ante esta situación, la comisión asumió públicamente el error, calificado de “involuntario”, y puso sobre la mesa su renuncia total al premio que le había tocado, tanto el décimo que jugaba colectivamente como los premios personales de sus miembros, hasta sumar el equivalente a unos dos millones de euros. Aun así, esta aportación no cubre la totalidad del agujero económico, de manera que el resto de premiados también tendrán que ceder una parte de su premio. El recorte definitivo aún no está fijado y dependerá de cuántas personas acaben adhiriéndose al acuerdo, pero se situará entre el 6% y el 10% de los 80.000 euros que correspondían a cada participación.

Un reparto bajo control judicial

El dinero se consignará en un juzgado y el reparto se hará con supervisión judicial, con la fecha límite del 22 de marzo para efectuar el cobro. El acuerdo, sin embargo, queda condicionado a que ningún afectado presente una denuncia individual, un escenario que aún no se descarta. Durante los días previos a la reunión, la división entre los vecinos se había hecho evidente. Algunos premiados defendían cobrar el premio íntegro y llevar el caso a los tribunales porque “alguien se tiene que hacer cargo del dinero que falta” y advertían que “no compartiremos nuestro dinero”. Otros, en cambio, apostaban por una salida pactada para evitar un litigio largo e incierto. “Más vale pájaro en mano”, resumían. Una vecina admitía antes de la reunión, en declaraciones a Ical, que “supongo que no sea intencionado, pero no lo pagaremos entre todos”, y criticaba que solo se permitiera la entrada de una persona por familia, lo que “hace pensar que hay tongo”.

Por su parte, la comisión de fiestas ha defendido que “nunca ha existido ningún tipo de fraude o trampa” y ha pedido disculpas por los hechos. “Hemos pedido ayuda al pueblo y la mayoría nos ha entendido e incluso nos ha mostrado su apoyo”, aseguran en un comunicado, en el que insisten en que el objetivo es “evitar reclamaciones y no convertir una buena noticia en un conflicto”.

A pesar del acuerdo, el pueblo continúa lejos de recuperar la normalidad. Algunas celebraciones previstas se han cancelado y el ambiente continúa marcado por la desconfianza. Lo que debía ser una alegría compartida ha acabado convirtiéndose en una solución de mínimos, asumida como la única vía para que, finalmente, todo el mundo pueda cobrar, aunque sea menos de lo que esperaba.