Antes de que la Abogacía del Estado emita su informe con respecto al cumplimiento de la sentencia del TJUE sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, Vox se ha apresurado a requerir formalmente este escrito, así como los borradores del documento, mediante el Congreso de los Diputados. Ha sido el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la portavoz adjunta al Congreso, Macarena Olona, los que han solicitado al Ministerio de Justicia, la Abogacía del Estado y el Ministerio de Presidencia la remisión de todos estos documentos.

La Abogacía del Estado dispone hasta el 2 de enero para presentar su informe encargado por el Tribunal Supremo relativo al "alcance temporal de la inmunidad de los miembros electos de Parlamento Europeo" después de la sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según recuerda Vox en un comunicado. Los dos diputados justifican su petición en el precepto reglamentario que permite a los parlamentarios pedir datos, informes o documentos en poder de las administraciones públicas.

En su nota, el grupo de Vox explica que además del escrito definitivo de alegaciones ha reclamado "todos los borradores de este escrito remitidos entre la Abogacía del Estado y el Gobierno". Y aclara que se refiere a cualquiera de sus departamentos ministeriales y su personal. Es más, los diputados de Vox quieren que se los detalle expresamente "en relación con cada borrador, el nombre y cargo de la persona remitente, el nombre y el cargo de la persona receptora, el día y hora de remisión y el día y hora de recepción".

Su grupo parlamentario remarca que el artículo 7 del Reglamento de Congreso obliga a entregar los documentos requeridos por los diputados en un plazo máximo de 30 días. Y recuerda que Vox ejerció la acusación popular en el juicio contra los procesados por el Tribunal Supremo en la causa del procés que acabó con varias penas entre las cuales se incluía la inhabilitación para varios condenados, como fue el caso de Junqueras.

Vox asegura que no consentirá "que la intromisión de la UE en su soberanía obligue en España a incumplir esta sentencia" y concluye: "menos todavía cuando el incumplimiento de la misma podría estar siendo utilizada en las negociaciones de Pedro Sánchez con los golpistas por la formación de Gobierno en España".

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