La Audiencia Nacional ha anunciado el “visto para sentencia” del juicio a la familia Pujol Ferrusola por la herencia en Andorra y nueve empresarios este jueves, después de 38 sesiones, que se inició el pasado noviembre. Ninguno de los diecisiete acusados ha ejercido su derecho a la última palabra. En esta última sesión, los abogados de los últimos siete empresarios imputados han pedido su absolución con duras críticas al fiscal Anticorrupción y a los dos abogados del Estado por mantener las peticiones de condena por los delitos de blanqueo de capitales y de falsedad documental, “a pesar de que nada se ha probado en el juicio” ni han detallado nada que puedan aplicar “el derecho de refutación, es decir, derecho y de defensa”. Los penalistas han negado que los acusados “sean empresarios afines a Convergència”, como sostiene la Fiscalía, o que hayan pagado “favores inconfesables”, como mantiene el abogado del Estado.

La sentencia a finales de julio

Acabado el juicio, el tribunal —formado por los magistrados Ana Mercedes del Molino, José Ricardo de Prada, presidente, y María Fernanda García Pérez, ponente— tendrá que deliberar y ponderar las declaraciones de los testigos, de los policías, de los acusados, de los peritos y la documental. El tribunal no tiene límite para dictar sentencia. Fuentes próximas al tribunal han indicado que podría estar lista a finales de julio. La Fiscalía pide 29 años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola, los negocios del cual han centrado el juicio; 17 años de prisión a Mercè Gironès, exmujer del primogénito de los Pujol; 14 años para Josep Pujol; 8 años para el resto de cinco hermanos, y cinco años de prisión para cada uno de los nueve empresarios acusados de pagar servicios al hijo grande del president Pujol.

Amigos de los Pujol

Los abogados defensores han insistido en que los negocios de los empresarios con Jordi Pujol Ferrusola fueron “reales”; la mayoría fueron pagos por su trabajo de intermediario. “La policía de la UDEF persiguió a los Pujol”, ha denunciado Carles Monguilod, defensor de Gustavo Buesa, añadiendo que rechaza "la afirmación España nos roba, pero que también en esta causa ha notado el 'A por ellos' y que ser de la familia Pujol o catalán sea un delito precedente". 

La policía y las acusaciones “convirtieron en delictivo ser amigo de Jordi Pujol Ferrusola”, ha añadido Òscar Morales, defensor de Luis Delso, expresidente del Grupo Isolux, del cual ha dicho: “Es un soriano amigo de un nacionalista catalán desde hace 34 años” y ha insistido: “Se ha querido estigmatizar la amistad, y la amistad lo es todo menos un delito”.

En este sentido, Diego Artacho, defensor de Carles Sumarroca Claverol, de Emte, ha ido más allá y ha afirmado que este juicio es “ad familiam”, y no solo contra la familia Pujol, sino también de la familia Sumarroca, “que eran amigas y de Catalunya”. Artacho ha añadido que el padre, Carles Sumarroca Coixet, cuando fue imputado por esta causa y después exculpado, ante el juez aclaró —a preguntas suyas— que ya era un empresario de renombre, con la empresa familiar creada en 1961, antes de ser fundador de Convergència con Jordi Pujol Soley. Y que quien le concedió la Creu de Sant Jordi fue el president José Montilla (PSC).

 En sus intervenciones finales, los abogados de los empresarios, como hicieron los defensores de los siete hijos, que se han hecho “acusaciones a golpes de brocha”, y, por el contrario, las defensas han aportado “alternativas razonables” para decretar su absolución. “¿Quién blanquea, cuándo, cómo?”, se ha preguntado Diego Artacho para criticar las genéricas acusaciones.

Críticos con la UDEF

Todos los abogados también han estado muy críticos con los agentes de la policía española de la UDEF, especialmente el instructor Álvaro Ibáñez (89.140), del que han recordado que se autodefinió como el mejor investigador del blanqueo, pero que no fue capaz de detallar el delito precedente, es decir, el dinero de origen criminal, y que respondía con “opiniones”. También han estado críticos con los integrados del Onif (Oficina Nacional de Investigación del Fraude), que hicieron suyas las interpretaciones de la UDEF sin contrastarlo ni analizar sus documentos.

Incluso, el abogado José María Fuster-Fabra, defensor de Josep Mayola (gestor de los vertederos de Tivissa y Cruïllas), que ha recordado que trabaja con policías, se exclamó de las respuestas de Ibáñez cuando no supo diferenciar que un vertedero de basura es de gestión privada y una concesión y no un concurso, y que le respondió que “hay tasas de basura”. “¿Por qué pagó Mayola a Jordi Pujol Ferrusola? Cuál es la contraprestación”, ha recordado que preguntó al policía, y que este no supo responderle. “¿Le pagaron para nada?”, ha preguntado el penalista de forma retórica.

“En este caso, el Estado se quiso desencadenar de las cadenas que lo ligan al derecho. Violaron derechos fundamentales de Jordi Pujol Ferrusola: se quiso introducir información obtenida ilegalmente a través de un pendrive, y se continuó investigando en esta línea”,ha denunciado Morales, en referencia al incidente que llevó a la condena del entonces número 1 de la policía española Eugenio Pino.

Antes, la abogada Ana Bernaola, defensora de Alejandro Guerrero, ha calificado de “malicioso” el comportamiento de la Abogacía del Estado porque no explica que el empresario aportó toda la documentación de los pagos al hijo grande del president Pujol por su intermediación en las operaciones de l’Hospitalet y en Ibiza. Se aportó a requerimiento de la policía. Guerrero y la mayoría de los empresarios aportaron la documentación como testigos y después fueron imputados, han denunciado. Además, Bernaola ha reiterado que Guerrero no es adjudicatario de obra pública y sus inversiones son en hoteles," no es constructor ni es amigo de los Pujol".

“Era dinero limpio”

Finalmente, los abogados de Josep Cornadó, exdirectivo de Copisa, han recordado que los pagos que hizo la sociedad a Jordi Pujol Ferrusola por su intermediación fueron “con transferencias de banco a banco, nada en Andorra”. El inspector policial admitió que “era dinero limpio”; han reiterado que dijo a la instrucción y en el juicio. El abogado Jorge Ayo ha asegurado que no hay prueba de blanqueo de capitales, y que la falsedad de las facturas atribuidas tampoco existe y está prescrita.

“Visto para sentencia” ha pronunciado el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, con su sonrisa habitual para relajar el ambiente y en este caso de alivio.