Una veintena de organizaciones internacionales se han sumado este martes a las más de 200 entidades de la sociedad civil catalana que denuncian la represión de la justicia española por el caso de Tsunami Democràtic. En el marco de la defensa al derecho a la protesta, hasta 20 entidades consideran que la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, de investigar a 12 independentistas por un delito de terrorismo, "no solo socava los derechos humanos internacionales y los estándares democráticos que defendamos colectivamente, sino que también tiene un efecto escalofriante sobre el compromiso cívico". Piden, en un comunicado, la retirada inmediata de los cargos de terrorismo y, al mismo tiempo, denuncian que la justicia española quiere silenciar la diversidad de voces que forman de "la base de una sociedad basada en derecho".

Entre los 12 independentistas investigados está el president en el exilio, Carles Puigdemont; la secretaria general de ERC, Marta Rovira; y el secretario cuarto de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg. El pasado noviembre de 2023 se aceleró la investigación, sobre todo a raíz del inicio de las negociaciones de la ley de amnistía entre el PSOE y Junts per Catalunya. La justicia española quiere evitar que los perseguidos se puedan acoger a la amnistía vinculándolos al terrorismo y a un muerto por un infarto.

Por eso, las entidades Asociación de Informática Alternativa / Alternatif Bilişim, Turquía (AiA), Amnistía Internacional, Arci - Italia, Aspiración, CIVICUS – Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, Defensoras de la sociedad civil, Iniciativa de la sociedad civil Glas ljudstva, Abogados democráticos europeos / Avocat.es Européen.nes Démocrates (AED), Casa Europea Budapest, Red Europea de Igualdad Lingüística (ELEN), Alianza Europea para los Derechos de los Trabajadores Sexuales, Seu del movimiento (HOTM), Ligue desde droits del Homme (LDH), Red de vigilancia policial (Netpol), No Somos Deleito, PICO – Centro Jurídico para la Protección de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, Statewatch, El Consejo Irlandés para las Libertades Civiles, Organización de Naciones y Pueblos no representados y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), recuerdan que la libertad de reunión, incluido el derecho a organizar protestas pacíficas, está reconocida y protegida por la legislación internacional de la UE y española.

Defienden la desobediencia civil

Al mismo tiempo, recuerdan que "las reuniones pacíficas pueden, en algunos casos, ser inherente o deliberadamente perturbadoras y requieren un grado significativo de tolerancia". "Por lo tanto, la desobediencia civil colectiva no violenta y las campañas de acción directa están cubiertas por la libertad de reunión", asegura la veintena de entidades, quienes consideran que las recientes acusaciones e investigaciones "contravienen estos estándares internacionales". Asimismo, subrayan el hecho de que durante la última década se ha modificado la legislación antiterrorista para ampliar su definición. "El mal uso de la acusación de terrorismo es injustificable, ya que se fundamenta en un marco de excepcionalidad penal, contrario a los principios establecidos en el Estado de derecho", dicen de forma contundente.

Las organizaciones internacionales afirman que estas imputaciones no son incidentes "aislados". "Forman parte de una tendencia más amplia de restricciones del derecho de reunión pacífica y protesta", dicen, citando ejemplos de España, Francia, el Reino Unido o Italia. Además, recuerdan el informe de 2023 de CIVICUS Montiros, que concluye que la detención de manifestantes e intimidación se encuentran entre las cinco violaciones principales en Europa.