El cuñado del rey Felipe VI, Iñaki Urdangarin, ha reclamado que se le conceda el tercer grado penitenciario y ha puesto la situación de otros dos condenados por el caso Nóos, el expresidente balear Jaume Matas y su exsocio Diego Torres como argumento para ello.

Según avanza El Confidencial, en un escrito de réplica a la Fiscalía, quien se opuso a una semilibertad aprobada hace unos días por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Castilla y León, el marido de la infanta Cristina aprecia diferencias de trato entre su situación y la de Matas y Torres y añade que ha recibido una oferta de trabajo del Centro Hogar Don Orione, la ONG con la que colabora como voluntario. El mismo escrito detalla el contrato laboral y especifica que trabajaría de 10 de la mañana a seis de la tarde de lunes a jueves y tendría un sueldo de 900 euros mensuales.

La fiscalía se opone al tercer grado

La petición de Urdangarin llega después de que la fiscalía se haya opuesto a la concesión del tercer grado al señalar que el posicionamiento favorable por parte de la Junta de Tratamiento Penitenciario de la cárcel de Brieva no fue adoptado por unanimidad sino por una ajustada mayoría de cuatro votos frente a tres. A eso añade que no se aprecia una "evolución" suficiente ni “ha cumplido todavía la mitad de su condena”, puesto que no será hasta mayo de 2021 cuando llegará a la mitad, mientras que alcanzará las tres cuartas partes de la pena en finales de 2022.

Además, el ministerio público añade que la condena implicaba que debía reparar el daño producido y devolver las cantidades impuestas y que el preso no ha hecho aún “Ningún esfuerzo en este sentido".

La versión de la defensa

Por su parte, la defensa de Urdangarin argumenta justo lo contrario, puesto que han transcurrido más de dos años desde que comenzó a cumplir la condena, "tiempo suficiente para poder haber percibido personal e íntimamente el carácter retributivo de la condena como castigo a unas conductas que han sido merecedoras de reproche social". "Es plenamente consciente de los errores cometidos y de la dureza de la privación de libertad", asegura la defensa de Urdangarin, por lo que "resulta difícil que pueda reincidir". Además, añade que los delitos cometidos no provocan tampoco la "alarma social" que existe según la fiscalía.