Como una soga en el cuello, Vox ha ido atrapando el Partido Popular desde las elecciones autonómicas del 28 de mayo. De forma paulatina y a diferentes ritmos, Santiago Abascal se ha acomodado a la joroba de Alberto Núñez Feijóo y, en la Región de Murcia, ha consolidado su función de muleta casi indispensable para girar el color del mapa territorial español. Desde el 28-M, a pesar del llamamiento de los conservadores de hacer gobiernos en solitario, el PP y Vox han formado coaliciones de gobierno en cuatro de las cinco comunidades donde podían hacerlo: País Valencià, Extremadura, Aragón y Murcia. La única excepción son las Islas Baleares, donde los populares gobiernan después de pactar un acuerdo de legislatura con la extrema derecha.
En poco más de dos meses, la dependencia política se ha consolidado casi a todos los efectos. Al margen del poder territorial recuperado por toda España, la conexión evidente ha tenido contrapartidas en otras esferas y ha generado un efecto rechazo de cara a la investidura de Feijóo. La habilidad de Pedro Sánchez de reaccionar al porrazo de las autonómicas convocando automáticamente las generales para julio ha puesto los pactos de la derecha en el centro del debate y bajo la atención de todos los focos, convirtiéndose en un arma de desgaste en manos de las fuerzas de izquierdas, como el PSOE y Sumar.
Las coaliciones autonómicas han situado a Feijóo i Abascal como un dúo difícil de separar. Un tándem bien conectado que, una vez el político gallego se ha empeñado en probar la investidura el 26 y 27 de septiembre, ha supuesto cerrarse las puertas automáticamente a la hora de buscar más apoyos para superar la barrera de los 171-172 votos que tiene en el bolsillo (PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria). Aferrarse a Vox ha ayudado indiscutiblemente al aislamiento del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, donde se aferran a pactos improbables para superar la elección.
La necesidad de buscar votos debajo de las piedras ha provocado días de difícil digestión para Feijóo, que ha visto como el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, le plantaba cara por plantearse sentarse a pactar con Junts per Catalunya en el primer conflicto territorial de su era. La claridad con que Carles Puigdemont situó la amnistía como requisito indispensable ayudó a Feijóo a rectificar y renunciar al encuentro.
Cuatro gobiernos PP-Vox después del 28 de mayo
En cualquier caso, el PP acudió a las elecciones de mayo y a las de julio aspirando a gobernar en solitario. Los llamamientos se dirigieron a concentrar el voto a la derecha con la esperanza de no depender de ningún partido para formar ejecutivos allí donde era posible. La empresa ha quedado en papel mojado por la vida de los hechos. Aparte de las mayorías absolutas en la Comunidad de Madrid y en La Rioja, el PP se ha conseguido deshacer de la sombra de Vox en las Islas Baleares, aunque la extrema derecha ha garantizado la estabilidad de la legislatura sin entrar al gobierno.
En el resto de comunidades autónomas han acabado pactando a diferentes ritmos. El último caso es el más paradigmático. En Murcia, el presidente Fernando López Miras ha aceptado que Vox forme parte de su gobierno al límite de tener que volver a repetir las elecciones. Allí el PP se quedó a solo dos diputados de la mayoría absoluta, sumaba más que toda la izquierda junta y, a pesar de eso, la extrema derecha hizo fracasar la investidura dos veces por la insistencia de querer entrar al ejecutivo. El llamamiento a dejar gobernar la lista más votada fue inútil y el miedo al castigo de una repetición electoral ha hecho rectificar el PP bajo la bocina.
El pacto más veloz lo firmaron en el País Valencià. El más controvertido fue el de Extremadura porque María Guardiola, después de negarse en redondo, acabó aceptando el acuerdo por orden de Génova. En medio del verano, Jorge Azcón autorizó la coalición con los ultras en Aragón. En líneas generales, en los documentos firmados y los compromisos adquiridos, el PP asume el lenguaje y el marco de la extrema derecha con respecto a la negación de la violencia de género, al margen de prometer derogar leyes de memoria democrática, impulsar el pin parental, promover la rebaja de impuestos y arrinconar el valenciano allí donde convive con el castellano (País Valencià e Islas Baleares).
La justificación de la cúpula: "¿El PP no puede pactar con nadie?"
Evidenciado el tándem, la cúpula del PP constata que no ha podido completar el plan para gobernar en solitario y se remite al llamamiento frustrado al PSOE para que dejara paso a la lista más votada y evitar la dependencia de otras formaciones. Sin mayorías lo bastante amplias, el vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, hacía esfuerzos el lunes pasado para justificar el acercamiento. ¿"Resulta que Pedro Sánchez puede pactar con todo el mundo, incluso con un prófugo de la justicia, y el PP no puede acordar con nadie"?, aseguró Sémper, haciendo evidente la soledad que provoca Vox. Con las negativas del PSOE, el PP defiende la legitimidad de los pactos "para dar estabilidad e iniciar la legislatura".
En este contexto y a pesar de la relación ya estable entre la derecha y la extrema derecha española, la exdiputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha reclamado a Feijóo que no tenga complejos con Vox. Según un artículo publicado en El Mundo, "nada afianza más el Frankenstein que las dudas del PP sobre un aliado hoy inevitable" y añade que "tener acuerdos con Vox no significa comulgar con el programa de Vox". En este sentido, continúa, "Vox será muchas cosas pero no ha dado un golpe de Estado ni justifica el tiro en la nuca", en referencia a Junts, ERC y EH Bildu.