El rector de la UB, Joan Elias, y la rectora de la UAB, Margarita Arboix, han tenido que encajar este viernes estoicamente sentados en la primera fila del auditorio de la Universidad Pompeu Fabra el sutil tirón de orejas del president de la Generalitat, Quim Torra, por el silencio de las universidades catalanas ante la existencia de presos políticos, algunos de los cuales miembros del colectivo universitario.

"Para mí es una prisión inadmisible que denunciaré siempre y que me gustaría que la comunidad educativa, toda la comunidad educativa, también la denunciara siempre", ha advertido al president en la clausura del acto de inauguración del curso 2019-20.

Era la guinda de una mañana complicada en qué una convocatoria aparentemente protocolaria ya se había convertido en un acto de protesta marcado por el encierro de los doctorandos en el edificio para reclamar la mejora de sus condiciones laborales. La protesta ha obligado a aplazar una hora el acto y la llegada del president.

"El talento necesita un entorno de libertad", ha advertido Torra en los últimos instantes de su intervención y después de reclamar el compromiso de la universidad en la denuncia del encarcelamiento de los independentistas.

La referencia a los presos ha sido huidiza, pero suficiente. El mensaje no ha escapado a ninguno de los miembros de la comunidad universitaria presente en la sala. Todos ellos coincidían al acabar el acto en identificar claramente el objetivo del dardo.

Declaración unitaria

Aunque los claustros universitarios sí han aprobado pronunciamiento reclamando la libertad de los presos y denunciando la represión del Estado, se ha atribuido a la intervención de los rectores de las dos principales universidades catalanas la imposibilidad para conseguir presentar públicamente una declaración conjunta de todos los centros.

Igualmente, el pasado mes de marzo, diferentes colectivos universitarios responsabilizaron a Elies i Arboix de impedir que el Consejo Interuniversitario de Catalunya suscribiera una declaración de todas las universidades en apoyo de los académicos que han sido encausados por haber formado parte de la Sindicatura Electoral.

Finalmente aquel texto sólo lo suscribió el secretario de Universitats i Investigació, Francesc Xavier Grau, que leyó el documento en el transcurso de un acto sobre Compromiso social de las Universidades. La declaración se centraba en defender "los principios de libertad, democracia, justicia y solidaridad" y rechazaba el enjuiciamiento penal de miembros del profesorado que cumplían un encargo del Parlament.

Diferentes protestas organizadas contra el encarcelamiento de los líderes independentistas tanto en la UB como la UAB han tropezado también con los límites impuestos por los rectorados. Durante las últimas elecciones generales del mes de abril, el entusiasmo de la UB en la retirada de lazos amarillos, que según algunas fuentes, afectó incluso a los despachos de profesores, provocó las protestas al colectivo universitario.

La preocupación por desmarcar a la universidad llega hasta el extremo que en un acto organizado el año pasado a favor de los presos en la facultad de Geografía e Historia de la UB se hizo desaparecer el logo de la Universidad, sobre el cual se había depositado un lazo amarillo.

También en la UAB un acto organizado a favor de Oriol Junqueras chocó con el veto del decanato de Economia, tal como denunció Agustí Alcoberro a través de Twitter, lo cual obligó a cambiar la ubicación prevista y trasladarlo a la facultad de filosofía y letras.

El toque de atención de Torra llega a las puertas del otoño en que está previsto que se dé a conocer la sentencia del Supremo contra los responsables del 1-O y ante el cual la president reclama una respuesta contundente de la sociedad catalana. También a las puertas de otros juicios vinculados al referéndum y que implican miembros de la comunidad universitaria, como los integrantes de la Sindicatura Electoral.