El Tribunal Supremo se pronunciará la semana que viene sobre el tercer grado de los condenados en el juicio al procés. El Alto Tribunal tiene previsto resolver los recursos presentados por los presos políticos y todo apunta que tumbará el régimen de semilibertad que se les concedió el julio pasado y que se les retiró posteriormente diez días después a petición de la Fiscalía.
La Sala de lo Penal del Supremo, según informa RAC1, está terminando la redacción de los autos en respuesta de los recursos presentados por los presos. Actualmente, solo Carme Forcadell y Dolors Bassa disfrutan del tercer grado, ya que el juez de vigilancia penitenciario decidió mantenerlo a la espera de la decisión del Supremo.
Suspensión
Por el contrario, la jueza de la prisión de Lledoners suspendió el 28 de julio el tercer grado y la aplicación del artículo 100.2 a Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Raül Romeva. Al retirarles el 100.2, los presos dejaron de salir del centro penitenciario para ir a trabajar o a hacer tareas de voluntariado.
Carme Forcadell y Dolors Bassa, disfrutan del tercer grado penitenciario / ERC
Los abogados presentaron inmediatamente recursos la retirada del tercer grado y el 100.2 delante del Supremo que, contrariamente a lo que es habitual, se ha erigido en el órgano que tiene la última palabra sobre la situación penitenciaría de los presos. Una situación sin precedentes. El Alto Tribunal sostiene que como tribunal sentenciador es a quien tiene que decidir sobre el grado de los presos. Lo hizo el 23 de julio, cuando determinó que el permiso penitenciario de Carme Forcadell para salir a trabajar no estaba justificado. En opinión del tribunal, los permisos llegaban demasiado temprano y no tenían nada que ver con la reinserción.
El retraso en la traducción de los recursos ha sido el motivo por el cual se ha retrasado la resolución de los recursos. En septiembre, el alto tribunal solo había recibido dos escritos.
Denuncia
Precisamente el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, denunció la semana pasada que el Supremo, como órgano sentenciador, se haya autodeclarado competente para conocer de cuestiones penitenciarias y mecanismos de reinserción en detrimento de las audiencias provinciales, que tenían una sección especializada en materia penitenciaria. Este hecho, apunta a su informe, expresa una cierta falta de confianza hacia los jueces de vigilancia penitenciaria, que son los órganos especializados con sensibilidad y formación específica, que valoran, desde una óptica más objetiva, la evolución de la persona privada de libertad, porque no están contaminados por el sesgo de hechos y presencialidad del juicio e imposición de pena.
Imagen principal, los presos devuelven a Lledoners al suspenderse el tercer grado el julio pasado / Maria Contreras i Coll