La judicialización de la política vuelve a imponerse (y con fuerza). El Tribunal Constitucional (TC) y el gobierno del PP buscan la manera que en Catalunya vuelva a haber Govern: un Govern hecho a su medida y orquestado por el artículo 155 de la Constitución española. Después de hacer lo imposible para evitar que se invista tanto Carles Puigdemont como Jordi Sànchez, ahora El Confindencial avanza que el alto tribunal tiene en mente analizar en el próximo pleno si el próximo 30 de marzo —cuando se cumplan dos meses de la no investidura de Puigdemont- disuelve el Parlament y convoca nuevas elecciones.

Según apunta el medio citado, el TC tiene previsto estudiarlo con calma y no acabar de resolver la cuestión en el pleno del martes porque la idea es resolverlo por sentencia y no interponiendo una medida cautelar. Ahora bien. Si se amparan en el artículo 67.3 del Estatuto de Autonomía de Catalunya, tal como apunta el diario mencionado, la interpretación de la ley podría quedar en entredicho ya que hay un vacío legal en este sentido. El texto sentencia que "si una vez transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura, ningún candidato o candidata es escogido, el Parlament queda disuelto automáticamente y el Presidente o Presidenta de la Generalitat en funciones convoca elecciones de forma inmediata, que tienen que tener lugar entre cuarenta y sesenta días después de la convocatoria".

Y, eso, no se ajusta a lo que está pasando en estos momentos a Catalunya. El 30 de enero estaba convocado el pleno que tenía que volver a investir a Puigdemont president, pero ante la imposibilidad de que pudiera pisar territorio catalán sin ninguna amenaza de ser detenido por la policía española, el presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, optó por aplazar el pleno. Si bien es cierto que el 30 de marzo hará dos meses de esta no investidura, también lo es que el Parlament no votó al candidato y, por lo tanto, no se cumpliría el artículo del Estatuto que establece la convocatoria de elecciones si no ha salido nadie elegido president, así como que tampoco convocaría elecciones el president de la Generalitat, sino que lo haría directamente el TC o el gobierno español bajo el amparo de la norma suprema.

Plazos... confusos

En caso de que fueran directamente y disolvieran el Parlament, las elecciones se celebrarían 54 días más tarde, es decir, a finales de mayo. El diario citado sostiene que tanto el PSC como el PP estarían a favor de esta vía. De hecho, los socialistas ya presentaron un recurso delante del TC para exigirlos que pongan en marcha el reloj de la investidura, un recurso que el alto tribunal estudiará en el pleno de este martes, pero que, en un primer momento, decidió no pronunciarse, todo y que sí que lo admitieron a trámite.

Ahora bien. También podría ser que la cuenta atrás para investir president no se pusiera en marcha el 30 de marzo, sino que los dos meses contaran a partir del día con que el alto tribunal dicte sentencia. Si fuera así, las elecciones se convocarían en mayo y se celebrarían a finales de julio.

Pero aunque el PP ve en esta opción un rayo de luz para desbloquear la situación en Catalunya, también es cierto que Mariano Rajoy sufre por eso porque representaría perder el apoyo del PNV para aprobar los presupuestos para el 2018. De hecho, los nacionalistas vascos ya advirtieron al presidente español que no los darían apoyo si no acababa con la aplicación del 155 en Catalunya. Ahora habrá que ver qué pasa mañana en el Parlament, que adelantó la ya habitual reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces del martes al lunes para estudiar la propuesta de Cs, que denuncia el bloqueo del Parlament y pide que el presidente de la cámara catalana comparezca ante el pleno.