El president de la Generalitat, Quim Torra, se ha acogido a su derecho a no declarar en la citación por desobediencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por la colocación de dos pancartas más en el balcón del Palau de la Generalitat.

Según fuentes judiciales, Torra ha dicho al juez que se acogía a su derecho a no declarar porque el tribunal ya tenía "la decisión tomada" y porque esta causa es un nuevo proceso de persecución política contra el independentismo: "Este proceso forma parte de la represión contra el movimiento independentista".

Mientras está pendiente de la sentencia firme del juicio por la primera pancarta, hoy ha tenido esta nueva vista, que no ha durado más de 4 minutos, pero en la que Torra se ha querido desmarcar del proceso judicial. El president le ha dicho al juez Carlos Ramos que estaba "ocupado" y que no "participaba en una situación de estas características".

Declaración relámpago

Para el presidente esta causa es la continuación de un proceso político contra él y la sala del Contencioso del TSJC no es la competente para judicializar su caso. Y por estos motivos hoy se ha acogido al derecho a no declarar. Torra ha hecho una declaración relámpago.

Quim Torra TSJC 23 septiembre Sergi Alcàzar

Quim Torra ha llegado a las nueve y media de la mañana, acompañado del vicepresident, Pere Aragonès; la consellera de Presidència, Meritxell Budó; el president del Parlament, Roger Torrent. y Marcel Mauri y Elizenda Paluzie, de Òmnium Cultural y la ANC.

Las escasas medidas Covid han hecho que toda la comitiva dejara a Torra en la avenida President Companys para que hiciera solo la entrada al Palacio de Justicia, donde lo esperaba su abogado, Gonzalo Boye.

A las 10 h en punto entraba en la sala de vistas, donde estaban el juez Carlos Ramos y el fiscal Francisco Banyeres. Y cuatro minutos más tarde salía y se encerraba en los despachos del colegio de abogados  que hay en el Palacio de Justicia con su equipo para hacer tiempo antes de salir para ir a Palau a hacer la declaración institucional.

La segunda y la tercera pancarta

Torra no hizo caso, en esta segunda ocasión, de la orden directa del TSJC, que le dio 48 horas para retirar la simbología, cosa que se acabó haciendo después de que los Mossos recibieran una orden judicial para hacerlo.

Una vez celebradas las elecciones europeas y municipales el 26 de mayo de 2019, Torra volvió a colgar en el balcón del Palau de la Generalitat una pancarta a favor de los presos políticos y exiliados y un gran lazo amarillo. El 5 de junio, Impulso Ciudadano le requirió que retirara la simbología, pero Torra no hizo caso. La entidad unionista llevó el caso al TSJC el 1 de julio. El 19 de septiembre, el alto tribunal ordenó cautelarmente al president de la Generalitat que retirara la pancarta en 48 horas, descartando así los argumentos de la Generalitat.

Al día siguiente, Presidencia hizo una nota de prensa donde decía que no retiraría la pancarta. La orden de retirada fue notificada personalmente a Torra el 23 de septiembre, y le daba 48 horas para cumplirla. El 25 de septiembre la Generalitat presentó recurso de reposición y al día siguiente la sala comunicó a los servicios jurídicos de la Generalitat que la medida cautelar no se suspendía, más teniendo en cuenta la convocatoria de elecciones generales. El viernes 27 de septiembre al mediodía una letrada de la administración de justicia constató que la pancarta y el lazo amarillo seguían en el balcón del Palau de la Generalitat.

Por eso, la sala ordenó inmediatamente al comisario jefe de los Mossos d'Esquadra que mandara la retirada de las pancartas y símbolos. A primera hora de la tarde de aquel viernes, dos trabajadores de la Generalitat retiraron la pancarta. Horas después, Lluís Llach, Sílvia Bel, Antonio Baños y Teresa Casals colgaron una nueva pancarta en la fachada del Palau de la Generalitat con el lema "Libertad de opinión y de expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos". La nueva pancarta ya sustituyó la que hacía referencia a los presos la primavera anterior, cuando la Junta Electoral había reclamado retirarla.

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