El Tribunal Constitucional tiene previsto admitir a trámite el recurso de amparo presentado por Carles Puigdemont la próxima semana, después de que el Tribunal Supremo tomara la decisión de no amnistiarlo por la malversación que se le imputa del proceso. El TC abordará por primera vez este delito en la ley de amnistía y responderá a la cuestión planteada por el TS sobre el delito de desórdenes públicos. Además, el Pleno también avanzará hacia la admisión a trámite de los amparos solicitados por los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig después de que, en el anterior cónclave, rechazara la serie de recusaciones lanzadas contra varios magistrados para intentar apartarlos de las deliberaciones sobre la amnistía en estos recursos. De esta manera, quedarán admitidos a trámite todos los amparos planteados hasta ahora por la decisión del Supremo de no aplicar la ley de amnistía a los imputados por malversación del 'proceso', al considerar que hay "un enriquecimiento personal o beneficio patrimonial" y afectación a los intereses económicos.

Anteriormente, el Constitucional ya admitió los amparos formulados por el líder de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, quedando pendientes únicamente los de Puigdemont, Comín y Puig. Una vez admitidos a trámite, quedarán dos decisiones más del TC en relación con estos amparos. Por un lado, las medidas cautelares, ya que Junqueras y los otros condenados por el referéndum del 1 de octubre de 2017 pedían que se les levantara la pena de inhabilitación; y Puigdemont y Comín que se levantaran las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos. Y, por otro lado, las sentencias, que son el gran asunto pendiente en el Constitucional respecto a la ley de amnistía desde que el pasado junio dictó su primera decisión sobre la norma.

Será una vez solucionadas estas dos cuestiones cuando el TC entre de lleno en el análisis de la malversación y la ley de amnistía y aclare el futuro inmediato de Puigdemont y Junqueras. Pero antes, en el Pleno de la próxima semana, hará una primera aproximación a este delito en la sentencia que dictará por el recurso de inconstitucionalidad presentado por las Cortes de Aragón. Este es el único recurso de inconstitucionalidad --de los 16 presentados por el PP y sus gobiernos y parlamentos de las comunidades autónomas, más el Ejecutivo socialista de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha-- que plantea el debate sobre la malversación. Sin embargo, lo hace de forma superficial, y por eso advierten que de esta sentencia no cabe esperar un impacto directo en la situación de los líderes independentistas.