El Tribunal Supremo ha solicitado formalmente al Parlamento Europeo que retire la inmunidad parlamentaria de Luis 'Alvise' Pérez, eurodiputado y líder del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), con el objetivo de poder investigarlo por un presunto delito electoral y otro de financiación ilegal. La petición parte del magistrado Julián Sánchez Melgar, instructor de la causa, que indaga sobre la procedencia de 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain, habría entregado a Alvise antes de las elecciones europeas de 2024. Según la investigación, el dinero podría haberse destinado a financiar la campaña electoral del partido, aunque el mismo Alvise asegura que no fue así. CryptoSpain, en cambio, declaró que sí que entregó la suma con esta finalidad. Esta causa se suma a tres abiertas más en el Supremo contra el dirigente de SALF: una por la difusión de una supuesta PCR falsificada de Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad; otra por el presunto acoso a la fiscal de delitos de odio, Susana Gisbert; y una tercera relacionada con el presunto acoso en redes a dos exmiembros de su propio partido y actuales eurodiputados no adscritos, Diego Solier y Nora Junco.

El juez instructor de la causa, Julián Sánchez Melgar, basa su petición en la denuncia presentada por el empresario CryptoSpain, quien afirmó que Alvise le había pedido una aportación económica para financiar de manera encubierta su partido, sin dejar rastro documental ni contable. Según consta en la investigación, el empresario habría entregado 100.000 euros en efectivo a través de un intermediario que, según el magistrado, actuó como “comisionado” del empresario. El dinero, transportado en una mochila y formado por billetes de diferentes valores, habría llegado a manos de Alvise días antes del inicio de la campaña de las elecciones europeas de 2024. El juez sostiene que el acuerdo incluía, presuntamente, la promesa de “influencias y contactos” derivados de la posición del eurodiputado, con la finalidad de beneficiar los negocios de CryptoSpain. Aun así, Alvise ha negado ante el Supremo haber destinado la suma a su campaña electoral y asegura que solo utilizó parte de los fondos —unos 50.000 euros, según su propia declaración— en gastos generales del movimiento político.

La causa por esta supuesta financiación irregular es la más relevante de las cuatro que el Tribunal Supremo mantiene abiertas contra el dirigente de Se Acabó La Fiesta. Las otras tres investigaciones hacen referencia a presuntos delitos de acoso y difusión de contenidos falsos: una por haber publicado una PCR manipulada del entonces ministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa; otra por el presunto acoso a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert; y una tercera por el acoso a dos excompañeros de partido, ahora eurodiputados no adscritos, Diego Solier y Nora Junco. Se trata, además, del segundo suplicatorio que el Supremo envía al Parlamento Europeo en relación con Alvise Pérez, después del que ya solicitó el pasado julio por una de las otras causas. La decisión final dependerá de la cámara europea, que deberá determinar si levanta o no la inmunidad del eurodiputado para permitir que la justicia española continúe con la investigación.