El Parlament ha validado el Decreto ley 10/2025, por el cual se modifica el Decreto Ley 6/2025, de 13 de mayo, por el cual se adoptan medidas urgentes en materia del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos. Lo ha hecho con los votos favorables de los socios de investidura, PSC, ERC y Comuns, mientras que el resto de formaciones han votado en contra. Este decreto aplaza la entrada en vigor de la tasa turística impulsada por el Govern y que el Parlament tendrá que hacer modificaciones, tal como el ejecutivo de Illa pactó con ERC, a través de una proposición de ley. De hecho, hace unas semanas la cámara catalana aprobó la entrada en vigor de la tasa turística, junto con su tramitación como proyecto de ley. Sin embargo, decayó, precisamente el aplazamiento de su entrada en vigor, que tiene como objetivo introducir las modificaciones a través de los trámites parlamentarios, con el voto en contra de los Comuns. Finalmente, ejecutivo y Comuns llegaron a un acuerdo a cambio de 60 millones para vivienda y para los ayuntamientos.

Los republicanos quieren introducir cambios en la ley porque consideran que el impuesto está pensado únicamente por Barcelona. Uno de los elementos polémicos es que, a instancias de Junts, el Consell de Garanties Estatutàries pidió al Govern que no tramitara el texto que se ha votado hoy como decreto ley, ya que estos están contemplados para "situaciones urgentes". Sin embargo, el ejecutivo, como el informe no es vinculante, no ha hecho caso, un hecho que ha criticado Junts per Catalunya.

La consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha defendido el decreto como una "medida correctora y garantista". Romero ha reiterado que el texto servirá para preservar la "coherencia normativa" y para asegurar una aplicación "ordenada" del impuesto de régimen tributario en un momento "crítico" para la economía, como es el inicio de la temporada turística. La diputada de ERC Laia Cañigueral ha afirmado que el 'sí' de su grupo es "exigente y temporal". La parlamentaria republicana ha recordado al ejecutivo que no tiene mayoría, y que no pueden gobernar de espalda a esta realidad. Y ha lamentado la "falta de rigor, incertidumbre e inseguridad jurídica". También ha defendido la proposición de ley de Izquierda para "abrir el debate". El portavoz de los Comuns, David Cid, ha pedido al Govern que explique por qué la ciudadanía catalana tiene que pagar todos los impuestos y, en cambio, cuando vienen turistas a visitar el país no pueden contribuir con más recursos. Cid ha acusado a Junts de ser "el partido de los turistas", y de no defender los derechos de la sociedad.

El diputado de Junts Joan Canadell ha acusado PSC, ERC y Comuns de dejar en "última fila" a la gente que sufre más. Canadell ha dicho que el decreto va en contra de la clase media, y que a partir de ahora la gente con salarios más bajos no podrá ir de vacaciones. Y ha constatado que el CGE ya les ha dicho que "no se puede regular así por urgencia sin los supuestos adecuados".