Revés en el Gobierno de Salvador Illa y uno de sus últimos decretos ley. El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha dictaminado en contra del segundo decreto ley de prórroga de la tasa turística, que el Govern aprobó el 13 de mayo. El decreto lo aprobó seis días después de que el Parlament rechazara el primero en el mismo pleno que sí aprobó el aumento del tributo. Junts comunicó el 20 de mayo que llevaría este nuevo intento de blindar el aplazamiento al CGE tal como había hecho con el primero, criticando que el Govern tiraba millas y "persistía en el error" en "gobernar el país a golpe de decreto". Este lunes el árbitro del Estatuto ha establecido -en una resolución que no es vinculante- que no hay "necesidad extraordinaria y urgente" para tramitar la medida. Este es el mismo argumento usado con el primer decreto ley, informa a la agencia ACN.

En el pleno del 7 de mayo, el Parlament dio luz verde al aumento de la tasa turística, pero rechazó el decreto que aplazaba la entrada en vigor prevista para siete días antes, el 1 de mayo. A consecuencia de este hecho, y para "dar seguridad jurídica y confianza" en el sector -un sector que mostró el malestar ante el desconcierto sobre si tenía que aplicar la nueva tasa, que hoy por hoy continúa vigente-, el Govern aprobó en el Consell Executiu del 13 de mayo un nuevo decreto para tratar de sacar adelante el aplazamiento del tributo.

Más argumentos para los contrarios a la medida

Este nuevo decreto es el que este lunes ha chocado con la negativa del Consell de Garanties Estatutparies. Aunque la resolución no es vinculante, dará más argumentos a los grupos contrarios a la medida para votar en contra. De hecho, Junts ya recurrió el primer decreto ley, y tal como recordaba la portavoz del partido, Mònica Sales, el 20 de mayo, el Consell también "les dio la razón". Además, lo hizo utilizando el mismo argumento. "El CGE ya advirtió al Govern que no había ninguna urgencia acreditada para regular la tasa a través de un decreto, sino que tenía que ser un proyecto de ley", decía Sales entonces.

El primer decreto ley cayó por el voto contrario de los Comuns y de Junts. Ahora, los socialistas han acordado con los de Jéssica Albiach que parte de la recaudación de la tasa turística irá destinada a políticas de vivienda, hecho que tendría que asegurar al gabinete de Salvador Illa los votos de los diputados de los Comuns cuando la norma se debata en la cámara catalana. Está previsto que este paso se produzca antes de que acabe el mes de junio.