El presidente del Port de Barcelona, Sixte Cambra, ha quedado en libertad después de un registro de 12 horas en la autoridad portuaria en una operación de la Guardia Civil dentro de la Operación Pika, sobre la presunta financiación irregular de CDC, y en la que él ve "intencionalidad política".

Las diligencias, que han acabado a las 21.15 horas, han contado con la colaboración del presidente del Port, que ha facilitado toda la información requerida, según su comunicado. Por otra parte, Cambra ha denunciado que estas actuaciones judiciales "forman parte de una operación programada con una clara intencionalidad política".

"Esta actuación no tiene ningún sentido jurídico dado que los procedimientos de contratación son impecables. No puedo evitar pensar que esta actuación no deriva de mi condición de presidente del Port, sino que tiene una finalidad política clara" ha declarado el presidente del Port.

Las diligencias se han efectuado sobre los expedientes de dos obras (Mejora del dique del Este, fase 4 y Nuevos accesos a la ampliación sur, fase 1B), que se licitaron "mediante concursos públicos y de acuerdo con la legislación vigente, respetando todos los requerimientos técnicos y jurídicos", explican.

Una adjudicación transparente

En razón de su importe de adjudicación -de más de 3 millones de euros-, las licitaciones fueron anunciadas en el Diario Oficial de la Unión Europea y al Boletín Oficial del Estado. Las ofertas presentadas constaban de dos partes: una técnica y otra económica.

Siguiendo con la versión de la empresa, las ofertas técnicas fueron analizadas y valoradas por un grupo de cuatro técnicos -dos designados por el Port de Barcelona y dos más designados por Puertos del Estado- y sus conclusiones fueron aprobadas por la Mesa de Contratación.

Desde el Port, destacan que el presidente nunca forma parte de las mesas de contratación para la adjudicación de obras. Una vez aprobada la valoración técnica, explica el comunicado, se procedió a abrir públicamente las ofertas económicas, a partir de las que se determinó de manera automática la puntuación final. En los dos casos, las adjudicaciones fueron aprobadas por el Consejo de Administración del Port por unanimidad.