Se suele decir que, cuando el Parlamento aprueba una ley, esta no es el "final del trayecto", ya que existe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional la anule por inconstitucional. Ahora, investigadores de la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra han presentado un estudio que señala el sesgo del TC a favor del Gobierno hacia las leyes autonómicas. Esta investigación se ha publicado en la revista European Journal of Political Research bajo el título Judicial review and territorial conflicts: Evidence from Spain (Revisiones judiciales y conflictos territoriales. Evidencias de España), analiza casi 1.900 resoluciones del TC sobre la constitucionalidad de normas estatales y autonómicas y resuelve que hay un 55% de probabilidades de que el TC declare inconstitucional una norma cuando es autonómica, mientras que la probabilidad es solo del 23% cuando se trata de una norma de origen estatal. Además, según las conclusiones de los investigadores, los casos iniciados ante el TC por el gobierno del Estado tienen una probabilidad media de éxito del 68%, mientras que en el caso de los gobiernos autonómicos es del 31%.
Según han explicado los autores de la investigación (Joan Josep Vallbé y Daniel Cetrà, de la UB, y Marc Sanjaume Calvet, de la UPF) su objetivo era "aportar una visión basada en datos del papel del TC en la configuración de las relaciones entre centro y periferia en España, y contribuir así al debate sobre el potencial (y los límites) de los tribunales como garantes del pluralismo político y territorial". Ante los resultados de su análisis de 1.900 resoluciones, el resultado "confirma la hipótesis de que el TC presenta un sesgo sistemático centralista que se manifiesta en la aplicación de mayor severidad en la legislación aprobada por los parlamentos autonómicos". Además, añaden que "el fortalecimiento de la legitimidad de los tribunales constitucionales puede requerir reformas en los mecanismos de designación de magistrados, que garanticen mayor pluralidad territorial e ideológica, así como la creación de espacios políticos específicos para la resolución de conflictos intergubernamentales que reduzcan la judicialización sistemática de la política territorial".
El peso de la composición
Por otro lado, el estudio también analiza cómo la composición ideológica del tribunal tiene un peso significativo en sus resoluciones. Es decir, cuando tiene una mayoría conservadora, aumenta la probabilidad de declaración de inconstitucionalidad de normas autonómicas, especialmente en el caso de gobiernos autonómicos liderados por partidos nacionalistas. Además, una de las otras conclusiones relevantes de la investigación es que, cuando hay coincidencia ideológica entre el TC y el Gobierno y, al mismo tiempo, el ejecutivo depende de partidos nacionalistas, la probabilidad de que el TC anule una norma autonómica desciende significativamente.