CDC tendrá que pagar las ganancias que obtuvo de toda la expoliación del Palau de la Música, que están valoradas en 6.676.105 euros. La sentencia ve probado que el partido político se benefició de comisiones de la constructora Ferrovial para hacer obra pública. El 3% pasó a ser un 4% durante el juicio del caso Palau después de las declaraciones de Fèlix Millet y Jordi Montull, que no salvaron a nadie e implicaron a todos los acusados con quienes despachaban habitualmente. Entre ellos, el extesorero de CDC Daniel Osàcar, que ha sido condenado a 4 años y 5 meses de prisión y a una multa de 3.796.555 euros.

De momento, las sedes de Convergència continuarán embargadas y cuando se tenga que ejecutar la sentencia, la misma jueza decidirá si el pago de la condena que obliga a CDC a devolver los beneficios del espolio, valorados en 6.676.105 euros, lo asume el PDeCAT.

Sobre este extremo la sentencia dice textualmente: "En cuanto a la posible sucesión de la formación política CDC por otra durante el procedimiento y la posible condena a la misma al abono del importe al cual asciende aquel comiso, cuestión suscitada por el ministerio fiscal en sus conclusiones finales, tenemos que destacar que no puede ser objeto de la presente resolución, ya que la presunta sucesora no ha sido llamada en este procedimiento para poder exponer aquello que tuviera por conveniente. Con respecto a la realidad o no de esta sucesión y defenderse, en definitiva, de la reclamación del abono de la cantidad, el comiso se acuerda en la presente resolución. En todo caso, de haberse producido una sucesión, lo cual es negado por la defensa de CDC, la misma podrá plantearse y dilucidar, una vez acreditada, mediante el correspondiente incidente sustanciado en ejecución de sentencia".

La Fiscalía pidió que asumiera la sentencia el PDeCAT, porque es el partido que ha sucedido CDC, y aunque la sentencia no lo concreta, sí que dice que en el momento en que se tenga que ejecutar la sentencia, una vez sea firme, y una vez se hayan resuelto todos los recursos, pueda ser el PDeCAT quien acabe pagando los más de 6 millones correspondientes a las comisiones del 3 y 4% por adjudicaciones a dedo de obra pública durante los años que Convergència gobernó el país.

El papel de CDC en el caso Palau

La sentencia califica la relación entre Fèlix Millet, Jordi Montull y Convergència de acuerdo criminal.

Una de las acciones a través de las cuales Millet y Montull buscaron y obtuvieron enriquecimiento particular a costa de los fondos de la asociación y fundación fue su mediación para el establecimiento, mantenimiento y funcionamiento de un sistema por el cual la sociedad Ferrovial-Agroman, mediante el pago de comisiones a la formación política de CDC, obtenía la adjudicación de determinados concursos y licitación para construir obra pública en Catalunya. Concursos que estaban promovidos por entidades autonómicas o locales, que sus gobiernos estaban conformados o regidos por miembros de la citada formación. Millet y Montull, afirma el tribunal, pactaron con el tesorero de CDC, Carles Torrent, y sin excluir la participación de otras personas de esta formación que no han podido ser completamente identificadas o de quien su responsabilidad penal ha sido declarada prescrita, que Ferrovial entregaría dinero a CDC a cambio de que esta garantizara la adjudicación de un determinado volumen económico de obra pública de manera anual.

En este entramado de pago de comisiones por obra pública, Millet y Montull contribuyeron a crearlo en un inicio, y posteriormente junto con Gemma Montull después del ingreso de esta en el Palau, "al desarrollo, perfeccionamiento y mantenimiento de este. Para eso, estos pusieron a disposición de los directivos de Ferrovial y miembros de CDC toda la estructura económica del Palau de la Música, para que estos pudieran esconder el pago y cobro, respectivamente, de las comisiones, bajo la forma de patrocinio los primeros y bajo la de convenios de colaboración y pago de facturas por servicios no prestados para el Palau los segundos".

La comisión que Ferrovial y CDC pactaron que pagaría aquella por el ejercicio de aquel impulso para la obtención de obra pública, era del 4% del importe del total de las adjudicaciones obtenidas y esta cantidad se repartiría entre CDC por un lado y Millet y Montull por la otra, en un porcentaje de 2,5% para el partido y un 1,5% para estos. A su tiempo, Fèlix Millet y Jordi Montull se repartían el porcentaje que les correspondía en un 80% para el primero y un 20% para el segundo.

Este acuerdo criminal se mantuvo ininterrumpidamente desde antes del año 1999 hasta el 2009, y este cesó a raíz de la entrada y registro de las instalaciones del Palau de la Música acordada judicialmente en el presente procedimiento.

Las comisiones ilícitas pactadas por los acusados Pedro Buenaventura y Juan Elízaga, con Millet, Montull, Daniel Osàcar y, antes que este, Carles Torrent, con destino a CDC, para la adjudicación de obra pública, se hacían llegar a esta formación política de manera enmascarada, sirviéndose para eso de la estructura juridicofinanciera del Palau de la Música que Fèlix Millet y Jordi Montull, con la determinante cooperación de Gemma Montull, ponían para este efecto a su disposición.

Desde principios de 1999 hasta julio del 2009, el total de comisiones satisfechas por Ferrovial en CDC en las indicadas formas, ascendió, como mínimo, a 6.676.105,58 euros.