Este jueves, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condenado a 4 años y medio de cárcel (con petición de indulto) y 13 de inhabilitación a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, por haber fraccionado contratos durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). La decisión del TSJC impacta de pleno en la trayectoria política de la también presidenta de Junts per Catalunya. La sentencia no es firme y su defensa tiene la opción de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo.

La presidencia del Parlament, la consecuencia más inmediata

Con todo, la consecuencia más evidente tiene que ver con la presidencia de la cámara catalana. Aunque la sentencia no sea firme, están los precedentes del president Quim Torra y del diputado Pau Juvillà, condenados por el delito de desobediencia. La Junta Electoral Central no esperó al último pronunciamiento del Tribunal Supremo, ordenó que se les retirara el acta —de hecho, se espera que algunos grupos pidan a la JEC que le retiren el acta a Borràs— e instó al Parlament a expedir las credenciales del siguiente diputado o diputada que correspondiera para sustituirlos. En caso de que la JEC siga el mismo procedimiento con Laura Borràs, perdería su condición de diputada y, por lo tanto, de presidenta del hemiciclo. Actualmente, está suspendida de sus funciones.

Siguiendo la lista, el siguiente a asumir el acta sería Toni Castellà, portavoz nacional de Demòcrates. Castellà concurrió en la posición número 25 de la lista de Junts por la demarcación de Barcelona a las elecciones en el Parlament del pasado 14 de febrero de 2021. A partir de aquí, la cámara legislativa tendría que escoger una nueva presidencia, una cuestión donde hay varios factores a tener en consideración, pero uno de los principales pasa por la posición que quiera asumir Junts per Catalunya. Hay un buen puñado de miembros del partido que serían partidarios de proponer un nuevo candidato para liderar el Parlament porque, apuntan fuentes, no quieren permitirse "perder la única posición de alto rango institucional" que tienen. En este contexto, el nombre con más fuerza y que suma más adeptos para presentar como candidata a la presidencia del hemiciclo es Anna Erra, alcaldesa de Vic y vicepresidenta de la formación, tal como explicó ElNacional.cat. En otro extremo, hay un grupo de diputados y dirigentes —más reducido— próximos a Laura Borràs que se inclinan por renunciar a la presidencia como señal de protesta por la inhabilitación de la líder de Junts. La secretaria segunda de la Mesa del Parlament, Aurora Madaula, lo verbalizó en una entrevista en 'L'Hemicicle' de Catalunya Informació y sostuvo que, en todo caso, tendría que ser la propia Borràs quien escogiera su relevo al frente de la cámara. Al mismo tiempo, Madaula se descartó como sustituta.

Aunque Junts postule un candidato o candidata a presidir el Parlament, acabará siendo decisiva la aritmética parlamentaria. En este contexto, hará falta ver si Esquerra y Junts serían capaces de recoser la unidad independentista y llegar a un entendimiento para que los juntaires mantengan el liderazgo del hemiciclo. Los republicanos defienden en público que están abiertos a un pacto en esta línea, porque arguyen que esta institución también tiene que estar encabezada por un independentista. Ahora bien, hay que sumar el clima de desconfianza que ha generado la ruptura del Govern del pasado octubre. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, señaló en una entrevista que el acuerdo que permitió su investidura, que incluía que la presidencia del Parlament era para Junts, estaba "roto", pero se mostraba "abierto a hablar" para mantener este entendimiento por el liderazgo del hemiciclo.

A todo ello hay que destacar el papel del PSC, el partido que ganó las elecciones y que cuenta con el grupo parlamentario más amplio, junto con ERC, de 33 diputados. Hace meses que los socialistas han instado al resto de grupos a "acabar con la situación de interinidad" y, ante el escenario de inhabilitación de Laura Borràs, han defendido que "lo más importante no es el quién, sino para hacer qué". Su portavoz, Alícia Romero, ha reiterado en varias ocasiones que no descartaban negociar la presidencia del Parlament con otro grupo que quiera proponer un candidato y tampoco han descartado optar, con Assumpta Escarp —actual vicepresidenta segunda del Parlament— liderando las quinielas.

El presidente del Parlament lo escogen los 135 diputados que configuran el hemiciclo, que escriben el nombre del candidato que quieren en una papeleta. Si el candidato llega a la mayoría absoluta, es nombrado presidente de la cámara. Ahora bien, si ninguno de los 'presidenciables' la reúne, se hace una elección entre los dos diputados que más se han aproximado a la mayoría y se escoge a aquel de los dos que tenga más votos en una segunda votación. En la elección de Borràs, la segunda candidata que recibió más apoyos fue Eva Granados —ahora portavoz del PSOE en el Senado—, que en la primera votación contó con los votos de Cs y PP y, en la segunda, se sumaron los de En Comú Podem.

La excepción para los casos de lawfare

En el plano orgánico, la condena e inhabilitación de Laura Borràs será una nueva prueba de fuego para los equilibrios internos de Junts per Catalunya. El artículo 10 de los estatutos del partido, referente al régimen disciplinario y sanciones, cataloga de "falta muy grave" la "condena con sentencia firme por algún delito relacionado con la corrupción". El punto siguiente de este documento recoge las sanciones que hay en función del grado de la infracción que se trate. En el caso anterior concreto, se despliegan hasta cinco escenarios diferentes: la suspensión temporal del cargo de elección interno que ostente por un periodo de uno a cuatro años; el cese del cargo de elección interno que ostente; la suspensión temporal, parcial o total de los derechos como afiliado; la censura pública y mandamiento de dimisión del cargo institucional para el cual haya sido elegido como candidato del partido y la expulsión del partido.

Ante este caso, en una convención de l'Hospitalet de Llobregat de los juntaires del pasado mes de julio, se aprobó una reforma para incluir una excepción a los casos de lawfare, tal como califican varios dirigentes de la formación el caso de Borràs. El articulado estipula que las sanciones previstas "no se entenderán en casos de lawfare" por aquellas condenas "con sentencia firme por algún delito relacionado con la corrupción o la malversación de fondos u otros delitos que atenten contra los principios fundacionales del partido". Ahora bien, la última palabra la tiene la Comisión de Garantías, que es el órgano encargado de examinar si cada caso concreto se puede considerar lawfare. En este sentido, vale a recordar las tensiones que hubo entre la presidenta de Junts y este comité durante el caso de Francesc de Dalmases por el episodio vivido con la subdirectora del 'Preguntes Freqüents' de TV3. La presidenta de la Comisión de Garantías, Magda Oranich, denunció unos días después de la publicación del informe sobre este caso del exvicepresidente de Junts que Borràs lo había "regañado" y que había recibido "presiones" por parte de ella.

Así pues, una de las claves radica en la firmeza de la sentencia. Aunque numerosos miembros del partido viven con "incomodidad" esta sentencia, al mismo tiempo quieren llegar con "paz interna" a las elecciones municipales 2023. En esta línea, los estatutos hacen alusión al requisito de una "sentencia firme", circunstancia que no se da porque faltará el pronunciamiento del Tribunal Supremo si la defensa presenta recurso. Lo que se quiere evitar es llegar a la convocatoria electoral con la sensación de "división" porque ven en estos comicios una "gran oportunidad" para muscular el partido por todo el territorio y con unas expectativas que, auguran, "son muy buenas". De hecho, serán las primeras elecciones municipales de Junts como partido político registrado.