La legislatura española cambia de etapa. Una vez se ha superado uno de los momentos cúspide desde la investidura de Pedro Sánchez, la culminación de la ley de amnistía, se abre un horizonte de incertidumbre para el presidente español, que ve como su futuro queda ligado a múltiples frentes simultáneos. Momento de arenas movedizas. De entrada, la principal consecuencia de la aritmética del 23J y la principal pieza de la alianza con el independentismo, la amnistía, abandona las Cortes Generales y queda totalmente a merced de los jueces. La reacción del Poder Judicial a la norma que pone fin a la represión contra el independentismo y su efectiva aplicación conduce la política española a un territorio inexplorado, que se suma a la investigación a Begoña Gómez, a las negociaciones inéditas en Catalunya y a los resultados de las elecciones europeas como ingredientes para un susceptible tambaleo de la estabilidad de Sánchez. Paso a paso.
Los jueces y los fiscales vuelven a entrar en escena
Del debate político y parlamentario en las Cortes Generales a estar en manos de los jueces. Después de que el Congreso culminara la ley de amnistía tras superar un largo periplo de seis meses, la norma queda a merced de las decisiones de los jueces, cosa que abre un horizonte difícil de anticipar. “No tengo ninguna duda que los jueces aplicarán la ley, eso es el Estado de derecho: las Cortes aprueban democráticamente leyes que después son interpretadas por jueces”, aseguraba el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el viernes. Y el jueves, antes de la votación, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, verbalizaba que los socialistas siguen “manteniendo la confianza en los jueces”, pero dejaba claro que “la pretensión del legislador es absolutamente clara, sacar de los tribunales todo lo que tiene que ver con el procés”. A pesar de esto, la Moncloa ha expresado cierta inquietud en los últimos días ante los jueces que quieran driblar la ley.
Mientras tanto, los movimientos para torpedearla no se han hecho esperar. El más rápido, y el más contundente, fue el de los fiscales del Tribunal Supremo, que se oponen a amnistiar a Puigdemont i Junqueras por la malversación del 1-O. En su escrito, en el cual tuvo acceso ElNacional.cat, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno consideran que la amnistía “afecta a los intereses financieros de la Unión Europa en el marco general de la lucha contra la corrupción”, una de las excepciones contempladas a la ley. Esgrimen que en la organización del referéndum del 1-O hubo un enriquecimiento “político y patrimonial” de los encausados, cosa que impide que se les pueda amnistiar. Por su parte, los fiscales de Catalunya quedan a la espera de lo que acuerde el fiscal general del Estado.
📝 Amnistía: ¿y ahora qué? Las dudas sobre la respuesta de los jueces y sobre la orden de detención de Puigdemont
En el terreno de jueces, también ha habido las primeras reacciones. La Asociación Profesional de la Magistratura, conservadora y mayoritaria, considera que la ley “socava el Estado de derecho con degradación para el Poder Judicial y la separación de poderes”, mientras que Juezas y Jueces para la Democracia, la asociación progresista, enmarca la aprobación de la ley en la normalidad del funcionamiento democrático de un Estado de derecho. Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda con más asociados entre los jueces, considera que el texto de la norma es “perverso” porque “busca trasladar al Poder Judicial la decisión y la determinación de qué conductas son amnistiables” a través de una “narrativa intencionadamente confusa y ambigua” que será “susceptible de variadas interpretaciones, todas ellas potencialmente válidas”. Además, el mismo día que se aprobó la amnistía, la Audiencia Nacional reactivó el juicio en los doce CDR de la operación Judas y los convocó el 27 de junio en Madrid.
A la espera del Boletín Oficial del Estado
Todos los movimientos judiciales se podrán producir de forma efectiva cuando la ley haya llegado al Boletín Oficial del Estado y, aquel mismo día, entre en vigor. Ahora bien, es un paso imprescindible con un plazo que no está previsto ni fijado. Minutos después de la votación definitiva en el Congreso, la Moncloa expresaba dudas de que la publicación sea inmediata y la dejaba en el aire antes de las europeas. Justo el viernes, el ministro Félix Bolaños dejaba claro que “se están haciendo los trámites” y aseguraba que la amnistía “se publicará, como todas las leyes, cuando toque”. Como ejemplo, señalaba que el 23 de mayo el Congreso aprobó la ley de enseñanzas artísticas y todavía no ha aparecido al BOE, cosa que catalogaba de “normalidad absoluta”.
Sin embargo, el independentismo recela de estos retrasos y reclama que la ley llegue al BOE antes del 9-J. El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, denunciaba el viernes en una entrevista en RAC1 lo que considera que es una maniobra del Gobierno y lamentaba que el ejecutivo, “en lugar de llevarla rápido al rey para que la sancione, la deja en un cajón”. Boye atribuía el retraso al “miedo” del PSOE al “empuje electoral” de Puigdemont. En una línea parecida, el abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, verbalizaba en SER Catalunya que no contempla que la ley se publique después del 9-J, cosa que sostiene que “sería muy inverosímil”. Fuentes de Junts añaden que “no hay ninguna razón” para postergar la publicación al BOE de una ley que da derechos.
¿Qué pasó la pasada legislatura? Algunos ejemplos. Aunque es cierto que la derogación de la sedición, por ejemplo, apareció al BOE al día siguiente que el Senado le diera luz verde, buena parte de las leyes insignes aparecieron más de una semana después de ser aprobadas: siete días para la ley de eutanasia, ocho días para la de vivienda, trece días para la del aborto y la del solo sí es sí y quince días para la de memoria democrática.
Sea como sea, ahora que la ley de amnistía ya ha sido sellada y con un Parlament que no tiene mayoría independentista, hay un interrogante que sobrevuela la Carrera de San Jerónimo: ¿Qué incentivos tendrán ERC y Junts para mantener a Sánchez en la Moncloa? ¿Qué intereses pueden tener para mantener la gobernabilidad? Eso, claro está, depende, en parte, de la resolución de las negociaciones al Parlament. De momento, el Gobierno sigue apostando por una investidura de Salvador Illa y retrasa el diagnóstico sobre las consecuencias que esto podría tener para Sánchez. Fuentes de la dirección del PP ponen el dedo en la llaga y dudan de que el independentismo tenga motivos para mantener con vida el Gobierno, dado que ya han conseguido la amnistía, su principal propósito. Sin embargo, en un contexto de difícil aplicación y a la espera de los reversos que puedan llegar de los tribunales, tener una Moncloa aliada con la amnistía puede permitir aprobar retoques técnicos o indultar casos puntuales que los jueces dejen fuera del perímetro de la ley.
Unas elecciones europeas que pueden mover las placas tectónicas de Madrid
La espera para ver negro sobre a blanco la ley de amnistía en el BOE corre en paralelo a los últimos días de la campaña electoral de las elecciones en el Parlamento Europeo. Unos comicios que los dos grandes partidos españoles erigen en un plebiscito mutuo: para el PP, es un referéndum sobre Pedro Sánchez y la ley de amnistía y para el PSOE, son un nuevo frente contra la extrema derecha.
Los populares empezaron la campaña muy confiados en los resultados, pero una posible mala gestión de las expectativas (en unos días que resuenan a las semanas de julio previas al 23J), empieza a recetar prudencia. Fuentes de Génova apuntan que no anticiparán cuál es su objetivo en escaños, pero dejan meridianamente claro que lo único que contemplan es ganar. No hacerlo sería un “fracaso”, verbalizaba hace unos días Feijóo en una entrevista radiofónica. Sin embargo, su equipo no hace “elucubraciones” sobre las cuales pasaría en caso de derrota. De hecho, los últimos días el PP ha acentuado los dardos dirigidos a Vox con la voluntad de seducir a votantes de la extrema derecha. Además, viendo la evolución de la demoscopia, el PP empieza a decantarse por medir los resultados por bloques y no por partidos, asumiendo que el PSOE “crece a costa de sus aliados” y absorberá “partidos en descomposición”. Por lo tanto, reconocen que si el bloque que facilitó la investidura a Sánchez crece electoralmente, representará un “aval” a la estrategia socialista.
Mientras tanto, en una realidad de vasos comunicados, el PSOE empieza a animarse. “Tengo muchas ganas que llegue el 9 de junio, porque veo que ganaremos las elecciones y el PSOE será la primera fuerza”, proclamaba Pedro Sánchez el jueves en un acto en Barakaldo pocas horas después de la votación de la ley de amnistía. El presidente español dirige sus ataques contra el PP y Vox y, reeditando el discurso que le permitió continuar en la Moncloa después del 23J, alerta de una alianza entre la derecha y la extrema derecha a escala comunitaria. De hecho, algunas voces por Madrid pronostican que unos buenos resultados del PSOE en Europa podrían conducir a Pedro Sánchez a convovar nuevas elecciones generales para volver a repertir las cartas de la aritmética parlamentaria e intentar dejar a Junts en fuera de juego.
Con las negociaciones en Catalunya abiertas e inciertas, Toni Comín avisa al PSC
Sin tiempo para digerir la aprobación de la amnistía y en plena campaña europea, continúa en el aire el futuro de la política catalana. De momento, Salvador Illa y Carles Puigdemont mantienen sus candidaturas a la presidencia, pero no tienen garantizados los apoyos necesarios. A ocho días para que se constituya el Parlament y a menos de un mes para que se tenga que celebrar la primera investidura, los partidos se siguen mirando de reojo.
La gran novedad de la semana la aportó el viernes Toni Comín, candidato de Junts a las elecciones europeas, que insistió en la demanda al PSC que se abstenga para facilitar que Puigdemont vuelva al Palau de la Generalitat: “No es una cláusula del Acuerdo de Bruselas, pero desde mi punto de vista, es coherencia si el PSOE quiere ser coherente con la letra y el espíritu del acuerdo”. Además, quien los últimos seis años ha sido la mano derecha de Puigdemont en el exilio añadía que el Acuerdo de Bruselas, que firmaron el PSOE y Junts en noviembre, “dice claramente que la estabilidad de la legislatura en España está condicionada al cumplimiento del acuerdo”. Estas palabras del eurodiputado juntaire concuerdan con lo que verbalizó la semana pasada Míriam Nogueras. Desde el atril del Congreso, la portavoz de Junts en Madrid envió un mensaje a Sánchez: “Su partido no tiene los votos para formar gobierno y usted saca conclusiones de los resultados electorales que se le pueden girar en contra fácilmente”.
Los otros dos actores también van perfilando su estrategia. Esquerra Republicana reitera que su lugar es la oposición y no aclara hacia qué lado se decanta. La secretaria general del partido, Marta Rovira, expresaba el viernes que ERC no hará presidente a Salvador Illa ni “ahora mismo” ni “a cambio de nada” y dejaba claro que a los republicanos no “les da miedo” una repetición electoral. El sábado, los republicanos ponían encima de la mesa sus condiciones: primero, financiación singular y después, referéndum. En relación con la pretensión de Puigdemont, ERC se comprometió hace días a “no bloquear” su investidura si Junts consigue la abstención del PSC. Mientras tanto, los socialistas sigue reivindicándose como el único partido con capacidad de presidir a la Generalitat. Esta semana, Illa pedía atender a la “voluntad expresada de manera clara y contundente por los ciudadanos” el 12-M y reprochaba que haya partidos que quieran “bloquear” y “envolver las cosas”.
El PP utiliza el flanco de la investigación a Begoña Gómez para desgastar Sánchez
En paralelo a la intensa oposición que el PP hace meses que hace contra la ley de amnistía, los populares se frotan las manos ante la investigación a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Desde Génova, intensifican la ofensiva dialéctica por este tema, aunque muestran reservas y prudencia a la hora de llevar a la práctica todas las amenazas.
De momento, después de semanas avisando, el PP ha confirmado que Pedro Sánchez tendrá que comparecer en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo. Ahora bien, se esperan para citarlo. Fuentes populares apuntan que lo harán cuando más los convenga, aunque está casi descartado que tenga que ir antes de las elecciones europeas. El PP ha preferido no incitar un duelo entre el presidente español y los senadores populares que podría reforzar el líder socialista a las puertas de los comicios.
Lo que sí que tendrá lugar antes del 9-J es la declaración de los primeros testigos de la investigación que está llevando a cabo el juez Juan Carlos Peinado. El magistrado ha citado el 7 de junio a Juan Carlos Barrabés, profesor del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía Gómez y propietario de Innova Next, que, según informaciones periodísticas, se habría beneficiado de ayudas de Red.es después de la mediación de Gómez. El día anterior ha citado a Luis Martín Bernardos (que fue presidente del grupo Barrabés y administrador de Innova Next hasta 2022), a David Cierco (que fue director general de Red.es hasta 2021) y a Alberto Martínez Lacambra (su sustituto).