La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha dirigido un escrito a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en el que exige "la retirada" del nombre del rey emérito Juan Carlos I -que continúa en el exilio para evitar problemas fiscales- de calles, edificios y espacios públicos "en cumplimiento de la ley de memoria democrática". La entidad sostiene que Juan Carlos de Borbón “fue un dirigente franquista” y, en cumplimiento de la ley de memoria democrática de 2022, se deben eliminar todos los elementos que “exalten a dirigentes de la dictadura”. “Juan Carlos ocupó la dirección de Estado de la dictadura y eso le convierte en dirigente del franquismo”, ha manifestado Emilio Silva, presidente de la ARMH. “Presidió consejos de ministros mientras había detenidos y torturados, miles de republicanos muriendo en el exilio sin poder volver a sus casas, censura en la cultura y los medios de comunicación y falta de libertades fundamentales”, ha añadido Silva.
La entidad de memoria expone que "ahora que el Gobierno está conmemorando los 50 años de España en Libertad conviene recordar que el próximo día 30 de octubre se cumplirán 50 años del día en que Juan Carlos de Borbón asumió la dirección del Estado de la dictadura franquista por baja por enfermedad del dictador Francisco Franco". Añade que "era la segunda ocasión en la que Juan Carlos de Borbón se convertía en jefe de Estado de la dictadura; la anterior había sido entre el 19 de julio y el 2 de septiembre de 1974. Esto lo convirtió en dirigente de la dictadura ocupando su dirección de Estado por decisión y previsión del dictador que lo había elegido como su sucesor".
Cumplir la ley de memoria
En su escrito, la ARMH expone que según el artículo 35.1. de la ley de memoria democrática, sobre Símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática: “se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la revuelta militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura”.
En el punto 2 se añade que “serán considerados elementos contrarios a la memoria democrática las referencias realizadas en topónimos, en el listado de calles o en las denominaciones de centros públicos, de la revuelta militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial”. Y se añade en el punto 3 que “las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, adoptarán las medidas oportunas para la retirada de estos elementos.
Por eso, la asociación reclama que en aplicación del artículo 35 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática "se inste la retirada de todas las calles, denominaciones de edificios y espacios públicos y cualesquiera otros elementos en los cuales figure el nombre de Juan Carlos de Borbón porque son exaltaciones de un dirigente de la dictadura y deben ser tratadas como elementos contrarios a la memoria democrática como especifica la ley".
Además, solicita que se utilicen todas las herramientas, incluida la legislación contencioso-administrativa, para que así lo cumplan todas y cada una de las entidades estatales, autonómicas, provinciales y municipales y se tomen las medidas previstas en la legislación para sancionar su incumplimiento.
“Muchas veces cuando la gente piensa en la ley de amnistía de 1977 cree que protege a policías torturadores y a alguno de sus jefes, pero es una ley intocable porque garantiza la impunidad a todas las personas que formaron parte de la dictadura, de arriba abajo y de abajo arriba”, denuncia Silva.
Precisamente, el próximo 20 de noviembre, cuando se conmemoren los 50 años de la muerte de Franco en la cama, con la recuperación de derechos y libertades, todavía hay en Catalunya vestigios franquistas en espacios públicos, como el monumento franquista del Ebre en Tortosa, que continúa bloqueado en unjuzgado, a pesar de que la Generalitat tenía todos los informes y el contrato de obras para retirarlo el 2021.