Carles Puigdemont ha denunciado la "criminalización del derecho a la protesta" en el Estado español. Lo ha hecho en un tuit de su cuenta de Twitter en relación con la acusación de los siete independentistas que serán juzgados por participar en la movilización de la investidura fallida del presidente en el exilio. Puigdemont ha dado "todo su apoyo" a los encausados.
El presidente en el exilio ha criticado que "se persigan ciudadanos" por ejercer el derecho a la protesta y ha alertado de que, así, "la democracia pierde posiciones y las ocupa el autoritarismo". "No está sólo en Bielorrusia, está también en España, en plena UE" ha añadido.
Contra el independentismo
Los acusados son vecinos de Arenys de Munt, Barcelona, Pont de Vilomara, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat y Vilanova i la Geltrú sometidos a otro procedimiento judicial contra el independentismo.
Los abogados de Alerta Solidaria denuncian que han sido "series, fotografiadas, investigadas y cerrados hasta 24 horas" y que "ahora, tres años y medio después, el montaje policial guisado en la Conselleria de Interior de JuntsxCat nos comporta una acusación por|para desórdenes públicos, para agredir y para lesionar agentes de los Mossos d'Esquadra".
Manifestantes al pleno investidura fallida Carles Puigdemont/ Sergi Alcàzar
Represión del derecho de protesta
Una imputación que, según los abogados, "ha sido trasladada a los jueces españoles, para reprimir el derecho a protesta en el periodo de más movilización que ha tenido el independentismo". "Así es como nos pararon en todas y en todos para volver al processisme actual", concluye el grupo de encausados en un comunicado.
"Viendo como la Fiscalía compra a gusto la versión policial y nos carga con penas de entre 2 y 4 años, nos parece todavía más esperpéntica la acusación de la Generalitat, que en los siete, y por igual, nos exige 2 años de prisión", añade.
"Nos mantienen reprimidos hasta el último minuto", denuncian públicamente en un comunicado dónde piden: "Exigimos al Govern de la Generalitat la retirada inmediata de la acusación particular como ha hecho en dos otros casos en que se juzgaba a otros independentistas detenidos aquel mismo día 30 de enero del 2018".
Entre los otros casos de acusados independentistas donde, finalmente, la Generalitat se retiró del caso hay el de un joven juzgado hace más de un año.
El legado judicial del 1-O: 44 casos y 3.500 represaliados
Cuatro años después del 1-O, lejos de resolverse el conflicto entre Catalunya y España y de culminar el procés independentista, todavía están vivos en los juzgados los casos derivados del referéndum del 1 de octubre del 2017, las protestas posteriores y las investigaciones de la policía española contra miembros del Gobierno, altos cargos de la Generalitat y activistas.
Entre casos y derivadas, casi se llega ya a los 50 procesos judiciales y todas sus derivadas, con 3.500 represaliados. Hay 44 condenados, 6 exiliados, 56 investigados por el Tribunal de Cuentas, 32 altos cargos de la Generalitat investigados por el referéndum, 18 investigados por la creación y gestión de webs, 24 bomberos investigados, 18 maestros investigados con la causa archivada y 712 alcaldes bajo el punto de mira de la Fiscalía, de los cuales sólo 12 continúan con las causas abiertas y sólo en uno se lo ha condenado, al alcalde de Agramunt y exconseller, Bernat Solé.
Imagen principal: Carles Puigdemont / ACN