Envían a juicio a siete independentistas que participaron en la movilización de la investidura fallida de Carles Puigdemont. Se los acusa de desórdenes públicos, por presuntamente agredir y lesionar a unos cuantos agentes de los Mossos d'Esquadra. Los siete acusados se enfrentan a una pena de entre dos y cuatro años de prisión.

Se trata de otro procedimiento judicial contra el independentismo. Acusa la Fiscalía y también la Generalitat de Catalunya. El juicio está fijado para el próximo 25 de noviembre. Los acusados son vecinos de Arenys de Munt, Barcelona, Pont de Vilomara, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat y Vilanova i la Geltrú.

Los abogados de Alerta Solidària denuncian que han sido "seguidos, fotografiados, investigados y encerrados hasta 24 horas" y que "ahora, tres años y medio después, el montaje policial cocinado en la Conselleria d'Interior de JuntsxCat nos comporta una acusación por desórdenes públicos, por agredir y por lesionar agentes de los Mossos d'Esquadra". Una imputación que, según los abogados, "ha sido trasladada a los jueces españoles, para reprimir el derecho a protesta en el periodo de más movilización que ha tenido el independentismo". "Así es como nos pararon a todas y a todos para volver al procesismo actual", concluye el grupo de encausados en un comunicado.

"Viendo cómo la Fiscalía compra a gusto la versión policial y nos carga con penas de entre 2 y 4 años, nos parece todavía más esperpéntica la acusación de la Generalitat, que a los siete, y por igual, nos exige 2 años de prisión. Nos mantienen reprimidos hasta el último minuto", denuncian públicamente en un comunicado en el que piden: "Exigimos al Govern de la Generalitat la retirada inmediata de la acusación particular como ha hecho en dos otros casos en que se juzgaba a otros independentistas detenidos aquel mismo día 30 de enero del 2018".

Entre los otros casos de acusados independentistas en los que, finalmente, la Generalitat se retiró del caso está el de un joven juzgado hace más de un año.