"Fueron infieles, desleales...", afirmaba el viernes un íntimo colaborador de Mariano Rajoy en los pasillos de la Moncloa en alusión al Govern destituido. No habían pasado ni 24 horas del encarcelamiento de Oriol Junqueras y los siete consellers y el soberanismo ya llamaba a la movilización en un nuevo paro de país. "Las consecuencias las ignoro, pero el Gobierno será respetuoso", reconocía el portavoz Íñigo Méndez de Vigo sobre si la decisión judicial favorecería la victoria independentista en los comicios del 21 de diciembre. "Bien, mientras no exista una condena firme que lleve aparejada la inhabilitación, se pueden presentar a las elecciones...", se resignaba De Vigo ante la estrategia que perfilaba el bloque rival.

A medida que la vía de los tribunales descabeza cautelarmente la caras visibles del soberanismo –asociaciones civiles y representantes electos–, la decisión de la Moncloa de cesar al Govern y disolver el Parlament –con el artículo 155 de la Constitución– se revela como la vía tecnocrática de enfriar un conflicto que pervivirá más allá del 21-D, si el voto de los ciudadanos renueva la victoria independentista y sin que Rajoy dibuje otra estrategia que convocar la comisión para la modernización del Estado autonómico en el Congreso –tal como se comprometió con el PSOE a cambio del apoyo al 155.

El artículo 155 se revela como la vía tecnocrática de enfriar un conflicto que volverá a sublimar si el 21-D gana el soberanismo y Rajoy no ofrece respuesta

La cuestión es que los hechos recientes han facilitado la creación de un nuevo relato dentro del soberanismo sobre convertir el 21-D en un "plebiscito", como anunció Carles Puigdemont desde Bélgica, idea que también expresaba el expresident Artur Mas ante la Audiencia Nacional. "Es la oportunidad para derrotar el autoritarismo del Estado", decía Mas en una alusión implícita a la prisión cautelar para los dirigentes de Òmnium, Jordi Cuixart, y la ANC, Jordi Sànchez, hace más de dos semanas, así como el auto de la jueza Carmen Lamela, la orden de detención de Puigdemont y el resto del Govern el viernes, y la citación a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros miembros de la Mesa por parte del Tribunal Supremo para el 9 de noviembre.

Pero la actuación del Estado contra el procés no solamente ha empujado a ERC, PDeCAT y la CUP a la cohesión ante los comicios, como pedía la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, esta semana con la "lista de país", y proponía Puigdemont con la "lista unitaria para unir a los demócratas". También ha interpelado a los comuns, situándolos cada vez más cerca del bloque soberanista. Primero, con el reconocimiento de la alcaldesa Ada Colau del "Govern legítimo" en el exilio; segundo, con la apuesta de Xavier Domènech de llevar la amnistía en los programas electorales, y tercero, con la controvertida figura de Albano-Dante Fachin –a pesar de haber caído en desgracia a ojos de Pablo Iglesias por haber justificado el procés, antes de ser recogido por ERC para su idea de lista colectiva junto a la CUP.

La actuación del Estado contra el procés no solo ha empujado a ERC, PDeCAT y CUP a la cohesión bajo el relato plebiscitario, también ha acercado a los comuns

En paralelo, el bloque constitucionalista rechaza la posibilidad de unirse en una sola lista, porque creen que no maximizarían escaños –y huyendo de hacer el juego al soberanismo. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, descartó la coalición, según el dirigente del Partido Popular, Xavier Garcia-Albiol, i se limitó a comprometerse a que las fuerzas partidarias de la unidad de España y contrarias a la autodeterminación dieran su voto a la candidatura más votada en las elecciones. La idea de coligarse con el PP en Catalunya tampoco favorecería al PSC, tras la embestida del PSOE con el apoyo al 155.

Así las cosas, el encarcelamiento del Govern hizo que el Ejecutivo pasara de la sensación de victoria a la prudencia en cuestión de días. "España gana. Ganan quienes se pueden defender frente a los que la quieren liquidar", había dicho Rajoy el lunes a la cúpula del PP, en una reunión a puerta cerrada. La declaración chocaba el viernes con el clamor "que termine" de Méndez de Vigo, sobre los efectos económicos y legales del procés, avistando la esperanza de que los ciudadanos se posicionaran en contra. "Ellos tendrán la última palabra", zanjaba el portavoz evitando explicar su hoja de ruta si el independentismo se volviera a imponer en las urnas, de nuevo.