El Partido Popular quiere que el Tribunal de Cuentas fiscalice la acción exterior de la Generalitat, de 2011 hasta 2017, para verificar cuál fue el destino que tuvieron los fondos destinados al Diplocat y a las casi setenta sedes diplomáticas catalanas en el exterior (que el Gobierno central liquidó la semana pasada, aprovechando el artículo 155 de la Constitución). Los populares defenderán esta iniciativa el próximo miércoles en la reunión que tiene convocada la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.
En el texto que se quiere discutir, el PP argumenta que Catalunya recibió 70.709,9 millones de euros del Estado del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y que eso justificaría que el Estado hiciera un control financiero de las instituciones catalanas. Además, apunta que hasta 2014, las sedes catalanas en el exterior representaban la mitad de las sedes diplomáticas de las autonomías.
En realidad, en 2012 el ministerio de Exteriores intentó imponer unos protocolos de colaboración entre el Ministerio y las autonomías para integrar las sedes diplomáticas de las autonomías en las embajadas y consulados, pero la Generalitat siempre se opuso a ello.
Pero la principal acusación del PP es que la Generalitat usó el Diplocat para internacionalizar el proceso soberanista. Por ello, los populares piden que se fiscalicen los fondos destinados a la acción exterior catalana para verificar si se han usado de acuerdo con "los principios de economía, eficacia y eficiencia".
Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas, responsable de la fiscalización de las cuentas del sector público del Estado español, pese a su nombre, no es un organismo del poder judicial, sino que está integrado por 12 consejeros: seis designados por el Senado y seis por el Congreso. Por lo tanto, es un organismo muy susceptible de seguir las consignas de los partidos unionistas.