El PSOE argumenta que la ley audiovisual no puede establecer cuotas de catalán en las plataformas extranjeras porque vulneraría la normativa comunitaria. En este contexto, sin embargo, Bruselas ve "legítimo" proteger la diversidad lingüística con medidas "proporcionadas y no discriminatorias". Así se han pronunciado fuentes comunitarias, que han asegurado en declaraciones en la ACN que los estados miembros de la Unión Europea "pueden tomar medidas en el interés público legítimo de la diversidad lingüística y cultural" siempre que estas respeten los tratados europeos y los principios de "no discriminación y proporcionalidad".

Como pasa siempre que se trata de una cuestión doméstica, las mismas fuentes se han negado a posicionarse concretamente sobre la ley del audiovisual del Gobierno y el debate en torno a las cuotas por el catalán. Sin embargo, puntualizan que la directiva europea del audiovisual no dice nada sobre cuotas para contenido en los idiomas oficiales de los estados miembros.

La directiva europea

La directiva europea del audiovisual establece que los estados miembros tienen que garantizar que los proveedores "bajo su jurisdicción" tienen "al menos un 30% de contenidos europeos" en su catálogo. Además, la directiva permite a los estados obligar a invertir en producción europea o comprar derechos de emisión de obras europeas a plataformas "establecidas en otro estado miembro de la UE que se dirigen a su territorio". Por ejemplo, Netflix tiene sede en los Países Bajos y HBO en Suecia. La directiva europea no menciona la subtitulación o doblaje de contenidos audiovisuales. Hay que recordar que las directivas europeas son disposiciones normativas del derecho de la UE que vinculan los estados a tomar determinadas medidas o alcanzar ciertos objetivos, pero que dejan margen de maniobra para adaptar las leyes estatales propias.

Jurisprudencia relevante

En 2009 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló que se obligara a los operadores de televisión a destinar el 5% de sus ingresos a la financiación anticipada de contenidos europeos y, más concretamente, el 60% de este 5% a obras en lenguas cooficiales del estado español. La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) había llevado a los tribunales un real decreto que imponía esta obligación. En aquel caso, el TJUE valoró que la protección de la diversidad lingüística es un objetivo justificable para llevar a cabo una medida de este tipo y que no se oponía a la directiva sobre actividades de radiodifusión televisiva del momento.

Después de la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley audiovisual, ERC puso en cuestión su apoyo a los presupuestos, ya que el texto dejaba fuera de las cuotas a las plataformas con sede en el extranjero, como Netlflix o HBO. Ante esta situación, ERC y el PSOE iniciaron conversaciones ayer miércoles con el fin de reconducir la negociación con enmiendas al texto aprobado por el ejecutivo. Los republicanos quieren blindar todavía más el catalán en el texto, para evitar equívocos. Este miércoles Oriol Junqueras ha asegurado que hay posibilidades de acuerdo.

 

Imagen principal, la ley del audiovisual deja fuera a las plataformas con sede en el extranjero, como Netflix / Europa Press