Estruendo en las portadas de Madrid por la detención en Melilla de 10 personas relacionadas con el intento de fraude electoral vía compra de votos por correo. Entre los detenidos figura el número tres en las listas de Coalición por Melilla —que gobierna la ciudad autónoma en coalición con el PSOE— y el yerno del líder del partido, Mustafá Aberchan, que no puede presentarse a las elecciones del 28-M a raíz de su condena por el mismo delito, hace dos años, de él y del exsecretario general del PSOE en la ciudad. El Mundo, sin documentarlo ni atribuirlo sólidamente, añade que "afines a Aberchan se vieron con agentes" marroquíes, según "fuentes de toda solvencia próximas a las indagaciones" que no se identifican. Entre afines que no sabemos quiénes son ni si son afines y las fuentes solventes, ya veremos cómo acabará todo este embrollo.
De momento, ABC ya ha empezado el trabajo de ensuciar a "la izquierda" en general, porque Coalición por Melilla participó en conversaciones para añadirse a Sumar, la plataforma que promueve la vicepresidenta Yolanda Díaz. Así, a los aliados comunistas, terroristas y separatistas del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ya puedes añadir a los agentes extranjeros que pretenden desestabilizar España, apropiarse de Ceuta y Melilla y hacer de la península Ibérica una provincia más del reino de Mohamed VI.
Este martes también se ha sabido que España quiere que la Unión Europea prohíba la encriptación de mensajes en servicios como Whatsapp o Signal. Según un documento publicado por Wired, una revista estadounidense especializada en tecnología, España sostiene la posición más "extrema" de la UE y defiende que los estados puedan escanear estos mensajes, que son los tuyos. Este tema no ha hecho suerte en la portada. Tampoco que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tramite las demandas de Jordi Turull y Jordi Sànchez contra España por vulneración de su derecho político cuando los tribunales les impidieron estar en el debate de investidura de marzo de 2018. Solo El Punt Avui lo publica en primera página.
Otro asunto turbio relacionado con la justicia española aparece en la portada de La Vanguardia, pequeñito: la fiscalía de la Audiencia Nacional denunció a Sandro Rosell más de un año después de saber que los Estados Unidos no lo acusaban de nada. Esa presunta acusación en EE. UU. originó la causa contra el expresidente del Barça dirigida por la jueza Carmen Lamela. Ella misma se negó tres veces a entregar a la defensa de Rosell la documentación acreditativa, según el diario. También mantuvo a Rosell dos años en prisión preventiva hasta que acabó absuelto. Lamela fue promovida después al Tribunal Supremo.
Para redondear el día, el Comité de Competición ha anulado la tarjeta roja al delantero Vinícius Júnior, del Real Madrid, por agredir a un rival en Mestalla este domingo. Es una decisión sin precedentes, tomada aprovechando el revuelo sobre el racismo denunciado por el jugador. Quizás —quizás— los insultos que recibió no justifican el golpe a Hugo Duro, un jugador del Valencia, ni tampoco parece buena razón para anular la tarjeta el hecho de que el árbitro no viera toda la jugada, donde también Vinícius habría sido agredido. Solo El Mundo publica este hecho en portada. En fin. Todos estos hechos, reunidos como aquí se acaba de hacer, presentan a España bajo la sombra de una disfuncionalidad notable, un país donde prevalecen la arbitrariedad y la extralimitación de poder que quizás —quizás— dan alguna razón de ser al título de portada de El Punt Avui: "Estado de abuso". Hace pensar.
