Nuevo embate en Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha admitido a trámite las demandas de los exdiputados de Junts Jordi Turull y Jordi Sànchez, que presentaron en junio de 2020 contra el Reino de España haber vulnerado su derecho político por parte de las autoridades judiciales españolas, según ha informado este martes su abogado Jordi Pina, del despacho Molins Defensa Penal. La abogacía del Estado tiene hasta el 1 de septiembre próximo para contestar a las preguntas del tribunal europeo que se centran a aclarar si los tribunales españoles vulneraron los derechos de los dos políticos, simplemente para ser independentistas catalanes, como ellos denuncian.

Jordi Turull denunció la vulneración del derecho a la libertad y a la representación política, reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, además "de un evidente abuso de derecho por parte de las autoridades españolas" . Su defensa recuerda que Turull siendo diputado en el Parlament y estante en libertad bajo fianza, "sin que hubiera sucedido ningún hecho relevante", se le puso en prisión provisional por el Tribunal Supremo el 23 de marzo de 2018, "cuando se encontraba en mitad del debate de investidura como candidato a la presidencia del Govern".

La prisión del candidato Turull

Se insiste en que la prisión se acordó a pesar de que "Turull había cumplido todas las medidas cautelares" que, unos meses antes, le había impuesto el mismo Supremo en el procedimiento penal en el cual se lo estaba investigando. Desde su defensa se manifiesta que la prisión de Turull "formó parte de una actuación coordinada de los poderes públicos españoles con el fin de que un diputado independentista procesado no pudiera acceder a la presidencia de Cataluña", puesto que encarcelado Turull tuvo que renunciar a su candidatura y se vio privado del ejercicio de sus derechos como parlamentario.

Por su parte, Jordi Sànchez denunció que se le vulneraron sus derechos políticos en cinco ocasiones por decisiones de las autoridades judiciales españolas, desde la prohibición a participar en la campaña de las elecciones en el Parlamento del 21 de diciembre de 2017, hasta la prohibición a participar en el debate parlamentario, a pesar de haber sido elegido diputado, ni participar en la investidura fallida de Jordi Turull, el marzo de 2018. Y finalmente, se lo suspendió como diputado al ser procesado por el delito de rebelión y se le aplicó el polémico artículo 384 bis Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Con estas acciones, Sànchez considera que se le han vulnerado el derecho a la libertad y el derecho a participar en asuntos públicos. Precisamente, la ONU acaba de condenar el Estado español para retirar el acta de diputado al presidente Carles Puigdemont al aplicarle este artículo.

Las preguntas al Gobierno

Turull ha reaccionado bien deprisa en Twitter y ha exhibido las preguntas comprometidas que se reclaman en el Estado español, sobre la actuación de los tribunales, y en especial del juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que les prohibió toda acción, yv que fue refrendado por la sala de lo penal del Supremo, y también por el Tribunal Constitucional (TC).

El sesgo de los tribunales

Jordi Pina, abogado de los dos políticos, se ha mostrado “muy contento” de la admisión a trámite de la demanda y ha destacado dos preguntas que el TEDH dirige al Gobierno: “¿Por qué se pone Jordi Turull en la prisión provisional si nada había cambiado?” y ¿por qué el Tribunal Constitucional tarda 21 meses a dictar una sentencia sobre los recursos de amparo?” Pina recuerda que los presos políticos se pusieron en huelga de hambre para obtener una respuesta del tribunal de garantías español. El caso de Josep Rull se ha presentado al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y por eso no se puede llevar a la vez al TEDH.

El penalista catalán también recuerda que el juez Llarena y el Supremo actuaron diferente en dos campañas políticas, hecho que evidencia su sesgo: se evitó el ejercicio como diputados de Junts en el Parlament y para la candidatura a la presidencia de la Generalitat, puesto que aquí eran importantes, mientras que en las elecciones del Congreso del 2019, pudieron hacer campaña desde la prisión e incluso se paró el juicio en el Supremo para que fueran al Congreso de los Diputados porque en esta cámara su voto y participación no era decisivo, concluye Pina.

 

En la foto principal, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Turull, pudieron salir de la prisión para ir como diputados de Junts en el Congreso, el 2019. / Foto: Europa Press