Sociedad Civil Catalana quiere hacer pagar a los miembros del Govern del 1-O los 87 millones que supuso enviar a la policía española y la Guardia Civil a pegar a los votantes del referéndum. El Tribunal de Cuentas, que aceptó la denuncia de SCC y de Abogados Catalanes por la Constitución, ya ha citado a declarar a los miembros de aquel Govern y a 27 altos cargos más. Si confirma la infracción, activará el embargo de bienes preventivo y determinará las cantidades que debe pagar de su bolsillo cada uno de los autores de la supuesta malversación. Así fue con Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, obligados a pagar 4,9 millones de euros por la consulta del 9-N.
El único diario que da relieve en portada a esta cruel punición es El Punt Avui. En el resto, ni mu.
El Tribunal de Cuentas, a pesar de su nombre, no es un órgano judicial. Es el ente fiscalizador de la gestión contable de cualquier administración, organismo o empresa públicas y de los partidos políticos. Creado por la Constitución de 1978, es parte de la red de instituciones —desde el Tribunal Constitucional al Consejo de Estado y hasta la Junta Electoral o la Agencia de Protección de Datos, etcétera—, con funciones supervisoras, asesoras o legales, cuyos miembros no son electos pero intervienen antes, durante o después, en la acción de gobierno. Su composición es política: la deciden las Cortes españolas, en función de las mayorías que las componen. Algunos llaman a ese entramado el Estado profundo, el deep state.
La denuncia de SCC no es sólo una variante feroz del cornudo y apaleado. Es una música similar a la de las causas abiertas por el franquismo, en las que se condenaba por rebelión —en muchos casos con pena de muerte— a los detenidos republicanos, alterando la realidad para justificar la represión, porque quien se había alzado contra el orden legítimo eran los mismos que detenían, juzgaban y ejecutaban. A los millares de represaliados que no fueron muertos o exiliados, además, les quitaron sus bienes y propiedades y les excluyeron de la vida civil —es decir, se les arruinó e inhabilitó—. La gente, sin tanta ceremonia jurídica, lo llamará venganza, revancha, represalia. Si se ponen estupendos, pueden recordar a Joan Sales —él mismo sufrió aquella represión— y su expresión "hijoputismo histórico" con que el escritor y editor describía esos comportamientos a su amigo Màrius Torres.
Lloriqueos en Madrid
La preocupación de los diarios madrileños, sin embargo, es otra. Hoy se alarman porque el Tribunal Constitucional "rompe la unanimidad sobre el procés", como dice El País en su portada. Tres jueces han emitido votos particulares contrarios a la prisión preventiva de Junqueras —y también, en un caso ajeno al procés, pero no a Catalunya, sobre un contencioso sobre el derecho civil catalán.
La tan preciada unanimidad es "una práctica que no es propia del sistema, no aparece en ninguna regulación ni es de uso común en los tribunales del país", explicaba por aquí Elisa Beni. "Se trata más bien —añadía— de una actitud originada en la Audiencia Nacional y que ha sido asumida por el Tribunal Supremo [y el Constitucional] cuando se trata de sentencias que, como dicen sin tapujos, afectan a 'cuestiones de Estado'. O sea, a las sentencias con carga política".
La alarma de esos diarios —ABC hace días que aúlla, El Mundo y La Razón se le añaden hoy con energía— proviene de una razón muy simple: la justicia europea suele ampararse en los argumentos de los votos particulares para reformar o anular las sentencias que revisa. Por aquí lloran los titulares de El Mundo ("La división del TC allana el camino del procés en Estrasburgo") y La Razón ("El TC se divide y da una baza a Junqueras en Estrasburgo") y ABC ("ERC presiona para que los golpistas no tengan que pagar multas").
Esas portadas iluminan el concepto que tienen esos diarios de la justicia y de los tribunales. En todo lo que se refiere a Catalunya, la condena unánime tiene que ser la norma, no porque sea ajustada a la ley, sino porque conviene políticamente. Es el lawfare, el derecho y la justicia como arma de guerra, como castigo del enemigo, como revancha. Para ellos, la unanimidad es el equivalente de la omertà, el silencio que protege a toda vendetta mafiosa.
