Dios castiga sin piedra ni palo. La estrategia diseñada en la Moncloa para frenar el referéndum, también. Es silenciosa, cruel y ad hominem: arruinar personalmente a los cargos públicos y a los funcionarios que participen en sus ejecución —previa campaña de intimidación, iniciada ya hace semanas.

La vicepresidenta envió este mensaje sin remilgos a través de Los Desayunos de TVE1 del lunes pasado. "Quiero recordar —dijo Soraya Sáenz de Santamaría— que hay cuatro consellers inhabilitados [por el 9N] que se gastaron un dinero, cinco millones de euros, del presupuesto de la Generalitat (...) y el Tribunal de Cuentas tiene [abierto] un expediente para que estos cinco millones los paguen el señor Mas y sus tres consellers de su bolsillo".

Lo confirmó en la siguiente frase: "Es decir, que (...) el dinero que se gasten [en el referéndum] ["ellos" son el Govern] no saldrán de los impuestos de los catalanes, (...) sino que los sufragarán aquellos que llevan a cabo este acto inconstitucional y de vulneración de derechos". A buen, pocas.

Cinco millones de euros

En realidad, el Tribunal de Cuentas (TCu) no tiene ningún expediente abierto sobre las cuentas del 9N. Al menos no todavía. Debe decidir sobre la petición del fiscal en jefe del TCu, Miguel Ángel Torres Morato, amparándose en una petición de las entidades unionistas Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución.

Si el TCu abre el caso, nombrará un instructor. La primera decisión que tomará el intructor, como manda el procedimiento, es requerir "al señor Mas y a sus tres consellers" (Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau) una fianza por todo o parte de los 5.129.833,97 euros que el fiscal, siguiendo los cálculos de SCC, estima que costó el 9N. Si no la abonan, el instructor puede embargar sus bienes. Si finalmente el TCu decide que incurrieron en malversación contable (no penal) deberán resarcir los cinco millones, más intereses, "de su bolsillo", como avisa la vicepresidenta.

Es un procedimiento especialmente punitivo si entramos en detalles. En el caso de Irene Rigau, por tomar uno, tardaría más de doce años en devolver su millón, considerando que dedicara todo su sueldo de diputada —si lo mantiene, claro— y los bienes declarados al Parlament, plan de pensiones incluido. Rigau, de 65 años, se ha jubilado este año.

Órgano político y politizado

El TCu, pese a su nombre, no es un órgano judicial, sino el ente fiscalizador de la gestión contable de cualquier administración, organismo o empresa públicas —un 30% del PIB. También supervisa las cuentas de los partidos. Creado por la Constitución de 1978, es parte de la red de altas instituciones —del Tribunal Constitucional o el Consejo de Estado hasta la Agencia de Protección de Datos—, con funciones supervisoras, asesoras o legales, cuyos miembros no son electos pero intervienen antes, durante o después en la acción de gobierno. El Estado profundo, como algunos lo llaman.

La composición de estos órganos se pacta en las Cortes entre el PP y el PSOE, los dos partidos mayoritarios, y la duración de esos cargos suele rebasar, a veces por mucho, el mandato de los políticos que los nombran. Los consejeros del TCu son nombrados por nueve años, por ejemplo.

Ramón Álvarez de Miranda jura como Presidente del TCu (TCU)

Usar el TCu como piedra o palo contra el referéndum tiene para el gobierno español tres ventajas añadidas. Una es que la declaración de malversación contable daría argumento a una querella por malversación de fondos públicos, delito que siempre implica prisión. Sería como una segunda vuelta del juicio por el 9N, del que la junta de fiscales del TSJC excluyó aquel delito. ¿Puede considerarse cosa juzgada? Algunos juristas consultados opinan que no y otros que sí. Si estás encausado, esta incertidumbre no tranquiliza mucho.

La intervención de un tercero permitiría al gobierno español ser un mero espectador y evitarse comparaciones feas con estados como Turquía o Rusia. SCC está dispuesta a hacer en este caso el papel que antes hacía Manos Limpias. La diferencia es que a esta entidad unionista pertenecen varios abogados del Estado y otros bregados juristas. Poca broma.

Como la 'kale borroka'

La segunda ventaja es la discrecionalidad. El TCu puede considerar corresponsables de la malversación contable a otros cargos y funcionarios, que también vendrían obligados a resarcir al erario público a costa de su patrimonio y quedarían en riesgo de ser querellados por el delito de malversación.

Asustar a los actores del proceso vía grandes multas impuestas por un un organismo especial activado por un tercero que no es el gobierno ni la administración pública tampoco es una estrategia desconocida.

A finales de 2015, la Agencia de Protección de Datos multó a Òmnium Cultural y a la Asamblea Nacional con 440.000 euros por descuidar la protección de los datos recogidos en la 'gigaenquesta', un sondeo que servía para calentar el 9N. El poco cuidado que justifica la 'gigamulta' es el robo de datos cometido por un pirata informático durante la asamblea de la ANC, en 2014, en Tarragona. La denuncia que activó el procedimiento procedía de Vox, un partido ultra irrelevante.

Este método no es tan diferente al que se utilizó para liquidar la kale borroka en el País Vasco: elevadas multas impuestas a los menores detenidos en los disturbios callejeros que debían pagar sus padres.

Un retraso oportuno

La tercera ventaja es la duración de los procedimientos del TCu, equivalentes a una agonía. Los retrasos son marca de la casa. En 2012, cuatro años después de que estallara el escándalo Gürtel, de financiación ilegal del PP, el tribunal aún no había entregado el informe sobre la contabilidad de los partidos de 2007. Muy oportuno: la mayoría de posibles delitos prescriben a los cuatro años gracias a un cambio legal aprobado en... 2012.

La reforma del procedimiento para obligar al TCu a entregar sus informes a tiempo no ha servido de mucho. El último informe de las cuentas de los partidos corresponde a 2013. El plenario lo aprobó el 23 de julio de 2015; se presentó en la comisión mixta Congreso-Senado el 21 de diciembre de 2016 y no se publicó en el BOE hasta el 7 de abril de 2017. Dos años.

A los partidos el retraso quizás les viene bien, pero no tanto a un particular, sobre todo porque ya ha pagado una fianza, bloqueada hasta que no concluya el procedimiento. "Si la apelación cae dentro del mismo tribunal y la quieren prolongar... No es nada tranquilizador", comenta un catedrático de Derecho Procesal a El Nacional.

Ex ministra de Aznar

Varios juristas describen al TCu como un órgano peculiar. Un profesor lo define así: "Enjuicia y castiga individualmente, con responsabilidad patrimonial personal, la mala actuación de una institución. Es curioso". Otro letrado hace una valoración más política. En el caso del 9N o del referéndum, explica, el TCo "es un órgano inapropiado para tratar una cuestión de tanta carga política".

Inapropiado según para quién. En el caso del procedimiento por el 9N, el fiscal jefe no se limitó a resumir la petición de SCC, sino que la dejó en el buzón del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento que preside Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia (1996-2000) de José María Aznar. Es el perfil más político de los tres departamentos de la sección.

Mariscal de Gante fue ponente de la absolución en segunda instancia de dos pesos pesados del PP, el exalcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, y quien era su concejal de Hacienda en 2007, Javier Maroto. Ambos son ahora presidente del PP en el País Vasco y Subsecretario Sectorial del PP, , respectivamente. Alonso y Maroto habían sido condenados en primera instancia por el TCu a pagar 393.862,31 euros. En la apelación, Mariscal de Gante sumó el apoyo de José Manuel Suárez Robledano, propuesto, como ella, por el PP, y contra el criterio del presidente de la sala, Felipe García Ortiz, propuesto por el PSOE.

'Mayoría' del PP

Todos los juristas consultados señalan que los inconvenientes del TCu no tienen que ver tanto con su lentitud, con que sea una jurisdicción especial o con las penas que impone, sino con "el nombramiento político" de sus miembros, "que es poco objetivo y quizás no respeta los estándares de imparcialidad establecidos por la justicia europea", en palabras de otro catedrático.

Los doce consejeros que integran el plenario del TCu son nombrados por el Congreso y por el Senado. El Fiscal del TCu es designado por el gobierno central y depende de la Fiscalía General del Estado. En la composición actual, que data de 2012, siete de los doce consejeros lo son a propuesta del PP, cuatro a propuesta del PSOE y una a propuesta de PSOE e IU. Su sueldo es de unos 120.000 euros al año y tienen derecho a coche oficial.

La negociación para pactar los nombres del TCo en 2012 era parte de un paquete que incluía la renovación del Tribunal Constitucional, la Junta Electoral Central y el Defensor del Pueblo. La pilotaron Soraya Sáenz de Santamaría por el PP y Elena Valenciano por el PSOE. Atado y bien atado.

El TCu es, pues, un órgano político. Su presidente es Ramón Álvarez de Miranda, ex diputado de UCD (1979-1982), hijo del expresidente del Congreso y exdefensor del pueblo Fernando Álvarez de Miranda. Manuel Aznar, hermano del expresidente, es uno de los consejeros. Otro es Lluís Armet, primer teniente de alcalde socialista del Ayuntamiento de Barcelona entre 1987 y 1995.

El resto de miembros tiene perfiles y méritos diversos. Algunos son más políticos, como Enriqueta Chicano, consejera a propuesta del PSOE, que es funcionaria del Cuerpo de Intervención de la Seguridad Social, ha ocupado cargos diversos en gobiernos socialistas y ha sido expresidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, una terminal civil del PSOE. Otros tienen una trayectoria más técnica, como Àngel Algarra, propuesto por el PP: toda una vida dedicada a fiscalizar cuentas públicas desde que, acabada la carrera, ganó una plaza en el Cuerpo Militar de la Intervención de la Defensa en 1986. Entre una cosa y otra, el plenario del TCu es más bien político que técnico.

La bronca del Supremo

La politización del Tribunal de Cuentas ha sido señalada por el mismo Tribunal Supremo en una sentencia de 2013 en la que desestima dos nombramientos de altos cargos del TCu, al que advierte severamente que cubra las plazas con funcionarios por oposición y no mediante la libre designación. El plenario que efectuó estos nombramientos desestimados es el mismo que el actual.

En 2014, una investigación de El País descubrió que entre los 700 trabajadores del TCu figuraban casi un centenar de familiares de altos y exaltos cargos de la institución y de los principales representantes sindicales, especialmente de UGT. Los colocados tienen vínculos a todo nivel, desde el actual presidente hasta los responsables del comité de empresa, pasando por consejeros y otros conocidos políticos.

Da igual. En una sentencia parecida, pero de febrero de 2016, el ponente recuerda que "no es la primera vez que se llega a un fallo como este respecto a decisiones en materia de personal adoptadas por este órgano [el TCu]".

Destaca entre todos el consejero Javier Medina, 'número 2' del TCu. Hace tres meses fue descubierto promoviendo entre los empleados una carta contra José Antonio Hernández, periodista que firmaba la mencionada investigación y premio Ortega y Gasset por desvelar la trama Gürtel. Antes, el 25 de abril de 2016, el Supremo anuló el nombramiento de una plaza de libre designación hecha expresamente para un hermano de Medina. La sentencia habla de "desviación de poder". En febrero de 2014, el plenario le riñó por enviar por su cuenta al gobierno una propuesta para modificar la regulación del tribunal.

Medina lleva 16 años como consejero del TCu. Aún le quedan otros cuatro de su actual mandato.

Este es el Tribunal de Cuentas que blande la espada de Damocles sobre los encausados por el 9N, una vía disuasoria muy potente para intimidar a cargos públicos y a funcionarios. La vicepresidenta no se privó de advertirlo en TVE: "No estamos, como en otros momentos históricos [el 9N], en que convocan un referéndum y hay que ponerse en marcha para pararlo. (...) No podemos estar tantos años con la 'matraca' del independentismo, que no lleva a ninguna parte (...). Ya está bien de este rollo. El Estado, sin una palabra más alta que la otra, no permitirá que este referéndum se celebre".

Foto: toma de posesión del actual Tribunal de Cuentas, en 2012. En el centro, Soraya Sáenz de Santamaría.

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