Alerta de la Plataforma per la Llengua. La entidad señala que el auto del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), con la cual requieren al Departament d'Educació que implemente en un máximo de 15 días la sentencia que obliga a un 25% de castellano en los centros educativos catalanes, "deja claro que una modificación de la Llei de Política Lingüística no servirá para frenar la ejecución de la sentencia". En este sentido, la Plataforma per la Llengua precisa que esta resolución "requiere al conseller de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, a dictar instrucciones para su cumplimiento". De esta forma, concluyen que "ningún otro instrumento legislativo sirve". Este acuerdo por el catalán alcanzado entre el PSC, ERC, Junts y En Comú Podem, que se concretaba en la reforma de esta normativa, recibió luz verde a finales del mes de marzo. En estos momentos, se encuentra atascado y se planteaba como una vía para poder defenderse de la imposición de un mínimo del 25% de lengua castellana en los programas educativos de los centros.

La organización en defensa del catalán adjunta, en un tuit, la parte del auto que cerraría la posibilidad de que este instrumento legislativo sirviera para hacer frente al 25% de castellano. En específico, el TSJC requiere "al Conseller de Educació de la Generalitat de Catalunya a fin de que, en el plazo máximo de 15 días, dicte las instrucciones y establezca las garantías de control de estas que ocurran a los efectos que en el sistema educativo de Catalunya todos los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en un caso y otro; utilización que incluirá como mínimo la docencia de la misma lengua y la de otra asignatura o materia de carácter troncal o análogo, e informe al Tribunal en el mismo momento que finalice el nuevo plazo de ejecución sobre las medidas adoptadas y el grado de cumplimiento de estas".

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La publicación de Plataforma per la Llengua en Twitter.

Educació recurre el auto del TSJC

El mismo lunes, Josep Gonzàlez-Cambray, titular del Departament d'Educació, anunciaba que presentarán un recurso de reposición al auto del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Cambray calificaba este auto de "aberrante a nivel pedagógico y jurídico" y que legitima a un tercero, en alusión a la asociación Asamblea Escuela Bilingüe, entidad que solicitó la ejecución forzosa de la sentencia y que causó esta reacción del TSJC. Para el conseller, el tribunal "se sobrepasa y se extralimita de sus competencias". El plazo máximo para presentar el recurso de reposición es de cinco días. Desde Educació, también pedían el "máximo consenso político, social y pedagógico" para hacer frente al "nuevo golpe contra la inmersión lingüística". Sobre el acuerdo por el catalán, Josep Gonzàlez-Cambray se limitaba a manifestar ante la posibilidad de que la aprobación de la reforma de la Llei de Política Lingüística frenara el 25% de castellano: "Cualquier iniciativa, bienvenida sea". "En un momento importante, emplazamos todos los ámbitos y frentes a un consenso para defender nuestra lengua", subrayaba el conseller.

Aragonès insta a Junts a no desperdiciar la reforma de la Llei de Política Lingüística

Este miércoles, en la sesión de control al Govern en el Parlament, el president Pere Aragonès se ha pronunciado en relación con el acuerdo por el catalán y el auto del TSJC. El republicano ha instado a "cerrar la reforma de la ley cuanto antes mejor para frenar la ofensiva judicial" contra el catalán. En este sentido, Aragonès ha defendido que "todo lo que se pueda mejorar se tiene que mejorar, pero es una herramienta que no se puede desperdiciar, no usarla hoy puede hacer que nos arrepentimos mañana". Por su parte, Jéssica Albiach, portavoz de los comuns, ha indicado que "este auto no era inesperado" y lo ha calificado de "infame". Albiach ha proseguido y se ha dirigido a los partidos que llegaron al acuerdo para reformar la Llei de Política Lingüística: "¿A qué estamos esperando para activar esta ley y preservar nuestras escuelas de las grifas de los tribunales? Los centros educativos no pueden seguir así y tenemos que protegerlos esta misma semana".