El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), se ha erigido como uno de los más destacados defensores de la lengua castellana incluso desbordando la Constitución española para afianzar la supremacía de esa lengua sobre las demás habladas en el estado español. Si hace unos días criticó que el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, se dirigiera en inglés a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ahora ha asegurado que hay una “obligación” de hablar castellano, algo no reconocido en la carta magna.

En una entrevista en el Canal 24 Horas, Page, que preside una de las pocas autonomías enteramente monolingües de España, no se ha evitado comentarios sobre el modelo escolar catalán y la reforma proyectada por el gobierno español por la cual el castellano dejaría de ser lengua vehicular de la educación y ha lanzado afirmaciones dudosas como que se aprende más castellano en puntos del planeta como Japón o China que "en algunos lugares de España", en referencia velada a Catalunya.

Supremacismo lingüístico

Abundando en el tema con otro ejemplo, el hecho que el castellano es el segundo idioma de enseñanza en Brasil, ha defendido "el modelo inicial" de la Constitución, pero con una interpretación personal según la cual el castellano "es oficial en toda España y todos tienen derecho y obligación a hablarlo" algo que no concuerda con el artículo 3.1 de la Constitución: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. Un texto que obliga a conocerlo, pero no a hablarlo, aunque igualmente es la base del supremacismo lingüístico que favorece al castellano.

A partir de este desconocimiento constitucional, Page asegura que se deben "garantizar los derechos del resto, de los que nunca hablan catalán", y tras bromear con que él mismo no habla la lengua catalana "ni en la intimidad ni en público", ha mostrado su deseo de poder ir a Catalunya y "leer los carteles en castellano". Dicho de otra manera, se muestra favorable al monolingüismo legal de los castellanohablantes y a la obligación de los catalanohablantes de ser bilingües. Pese a ese posicionamiento, Page sostiene que utilizar el idioma "como elemento arrojadizo o de privilegio" es un error que hay que corregir. Privilegios que, según él, no favorecen a los hablantes de una lengua, el castellano, protegida en exclusiva por una Constitución española de claros tintes supremacistas.

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