El juez Pablo Llarena, un viejo conocido del independentismo, será el encargado de pronunciarse sobre la prisión preventiva de Santos Cerdán. El exsecretario de Organización del PSOE está en Soto del Real desde hace quince días después de declarar como investigado en el Tribunal Supremo acusado de los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. El juez lo envió a la prisión aceptando la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares para evitar que pueda “ocultar, alterar o hacer desaparecer pruebas”. Ante esta decisión, su abogado, Benet Salellas, presentó un recurso de apelación contra la decisión de Leopoldo Puente denunciando que la investigación es “prospectiva” y se ha convertido en una “causa general”. En cambio, la Fiscalía y el PP quieren que Cerdán continúe en la prisión: el fiscal considera que era el “cobrador y repartidor de comisiones ilegales” y el abogado de los populares sostiene que hay “sólidos indicios” en la causa sin que haya habido una “inquisición general”.

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En su recurso, Benet Salellas ponía en duda los indicios que hay sobre Santos Cerdán y sostenía que las obras concretas o adjudicaciones en las que habría participado es algo que sigue “sin concretarse claramente”. “No hay duda que estamos ante una causa general contra Santos Cerdán y que el objetivo es investigar ‘para ver si’ finalmente aparece un indicio sólido que lo relacione con alguna actividad delictiva”, denunciaba. Asimismo, ponía en dudas los audios que grabó Koldo García y que fueron la base del informe de la Guardia Civil e introducía la sombra de sospecha sobre quién es realmente el exasesor de José Luis Ábalos: “Unos audios realizados y preservados de manera fragmentaria durante años por un posible colaborador policial que acaba como coinvestigado no son la mejor prueba garantista, objetiva e independiente para utilizar para acordar una prisión provisional en un proceso penal democrático”, señaló.

El fiscal alegó que Santos Cerdán podría “relacionarse con otras personas responsables de los pagos”

En cambio, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha sido muy contundente reclamando que Santos Cerdán continúe en la prisión alegando que hay “poderosos indicios de criminalidad” y que hay un riesgo real de destrucción de pruebas: “Es precisamente el actual desconocimiento de las comunicaciones de Santos Cerdán con la parte activa de la corrupción y hasta la identidad y los detalles de sus relaciones con esta lo que genera el riesgo de alteración o destrucción de pruebas”, ha argumentado. Y se ha alineado con el juez instructor escudándose en la “gravedad de los delitos cometidos por la organización criminal”, el “papel director de Santos Cerdán” y el “inicial estado de la investigación”, con “diligencias acordadas, pero todavía no practicadas”. Además, ha esgrimido que, fuera de la prisión, el exdirigente socialista tendría la posibilidad de “seguir relacionándose con otras personas responsables de los pagos hechos por las adjudicaciones falseadas, incluso desconocidos”, así como “alterar y ocultar pruebas”.

El PP alertó de que Santos Cerdán podría “entorpecer, obstaculizar o incluso anular” la investigación

Por su parte, el Partido Popular, que lidera las acusaciones populares del caso Koldo, ha negado que sea una “causa política” y ha arremetido con dureza contra los argumentos de Benet Salellas: “Sostener que no existen indicios y que esta causa está dirigida a ver si a lo largo de su trayectoria profesional ha podido cometer algún tipo de acción delictiva suena ciertamente cervantino […] y bastante imaginativo”, sostenía. El abogado de los populares subrayó que hay “sólidos e incontestables indicios” que le atribuyen una “participación nuclear en una actividad corrupta” y respondió a las “tesis conspiranoicas” de pensar que Koldo García es un agente encubierto diciendo que es “del todo ilusorio” y busca “desviar la atención del conjunto de indicios”. Finalmente, recalcó que es “innegable” que Santos Cerdán “podría entorpecer, obstaculizar o incluso anular” la investigación.