La opinión del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si se hizo correctamente o no el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, que fueron eurodiputados de Junts entre 2019 y 2024, ha quedado aplazada hasta el 4 de septiembre. Según estaba previsto, Maciej Szpunar tenía que hacer pública su opinión —que no es vinculante, pero que a menudo marca el camino de la sentencia final— el próximo jueves 26 de junio. Pero fuentes del mismo tribunal europeo han confirmado que se ha pospuesto y se hará pública en septiembre. El TJUE tiene sobre la mesa una demanda interpuesta por los tres exeurodiputados contra el Parlamento Europeo, por haberles retirado la inmunidad en marzo de 2021 a petición del Tribunal Supremo español, que quería juzgarles por los hechos relacionados con el 1 de octubre, incluyendo los delitos de sedición, malversación y desobediencia.

Puigdemont, Comín y Ponsatí impugnaron la decisión y llevaron el caso a los tribunales de Luxemburgo, argumentando que el procedimiento parlamentario no había sido regular y que se habían vulnerado derechos fundamentales. Aunque ninguno de los tres forma actualmente parte del Parlamento Europeo —Comín, a pesar de ser elegido en las últimas elecciones, no ha podido acceder al escaño por no haber jurado la Constitución—, la causa judicial continúa en marcha.

El tema del suplicatorio generó una gran polémica entre 2020 y 2021, ya que coincidió con el tercer intento del Estado español para conseguir la extradición de Puigdemont, Comín y Ponsatí, que entonces residían en Bélgica. La retirada de la inmunidad se consideraba un paso clave para poder reactivar las órdenes europeas de detención y avanzar judicialmente en las causas abiertas. Todo el procedimiento estuvo fuertemente condicionado por la carga política del caso y por una atención mediática muy elevada.

Tres casos bien diferentes

Actualmente, la situación personal y judicial de cada uno de ellos ha cambiado. Puigdemont y Comín continúan en el extranjero y el juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, se ha opuesto a aplicarles la amnistía, manteniendo activas las órdenes de detención a nivel estatal por la acusación de malversación. Sin embargo, de momento no ha reactivado las euroórdenes para pedir su extradición.

Clara Ponsatí, en cambio, volvió a Catalunya la primavera de 2023, después de la derogación del delito de sedición. Al quedar solo la acusación por desobediencia —un delito que no comporta penas de prisión—, dejó de tener motivos para continuar exiliada. Aunque la fiscalía defiende que se le tendría que aplicar la amnistía, Ponsatí todavía espera ser juzgada y su caso no se ha archivado.

A estas alturas, tanto Puigdemont como Ponsatí ya no son eurodiputados, de modo que lo que resuelva Luxemburgo sobre su antigua inmunidad no afectará directamente a su estatus judicial actual. El caso de Comín es un poco diferente, porque sí que fue elegido en las últimas elecciones europeas, pero no ha podido acceder al cargo porque la Eurocámara no lo reconoce como eurodiputado, ya que no ha jurado la Constitución española. Esta situación genera una nueva derivada judicial que todavía está pendiente de resolución.