Ahora hace un año y una semana, el Parlament se constituyó después de las elecciones del 12 de mayo y empezó la decimoquinta legislatura. En aquella jornada, fue elegido presidente de la cámara catalana Josep Rull, con los votos de los partidos independentistas. También de dos diputados en el exilio que volvieron a ser elegidos en las últimas elecciones, Carles Puigdemont y Lluís Puig. Aquel día, la Mesa de Edad (también con mayoría independentista y presidida por Agustí Colomines) acordó permitir sus votos delegados, que, por otra parte, no fueron determinantes para elegir la nueva Mesa. No eran los únicos diputados exiliados, también lo estaba Ruben Wagensberg, en Ginebra e investigado por la causa del Tsunami Democràtic que se tuvo que archivar por un error del juez. Wagensberg, que estaba de baja, volvió a mediados de julio del año pasado, con Marta Rovira y el resto de investigados. A principios de año, ante el recurso de 15 diputados del PP en la cámara, ya habían sido anulados en una sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora, el mismo tribunal ha impugnado el acuerdo de la Mesa, ante un recurso de Vox.

Puigdemont y Puig, dos diputados que "han decidido eludir la acción de la jurisdicción española"

La sentencia del Constitucional recuerda la jurisprudencia "reiterada" del TC sobre el ejercicio del derecho de voto de los representantes parlamentarios "de forma personal y presencial". Las excepciones a la norma, añade, no incluyen el ejercicio del voto delegado de un parlamentario "que voluntariamente ha decidido eludir la acción de la jurisdicción española y sobre el cual pesa una orden judicial de busca y captura, situación en que se encuentran los diputados Carles Puigdemont y Lluís Puig". Por este motivo, el TC "constata que no concurría causa justificada para autorizar la delegación del voto de ambos diputados", por lo cual "se estima vulnerado el derecho fundamental de los diputados del grupo parlamentario Vox en Catalunya a ejercer las funciones representativas en condiciones de igualdad".

En el caso del recurso del PP, que se resolvió en marzo, el Tribunal Constitucional impugnó el acuerdo de elección de la Mesa del Parlamento y el acta del presidente de la cámara que la declaraba constituida contabilizando los votos de Puig y Puigdemont. Una de las primeras decisiones que se tomó al Parlament una vez constituida la cámara fue aprobar un cambio de reglamento. Este habilita el voto telemático y ampliar los supuestos para la delegación de voto. También permitió que la CUP pudiera tener un grupo parlamentario propio y no tuviera que estar en el grupo mixto con Aliança Catalana, permitiendo que se cedieran diputados de manera reversible.