No habrá reforma constitucional en España, si el Partido Popular no quiere. Después del 20D, el apoyo obtenido por Mariano Rajoy no es suficiente para que sea investido presidente en solitario, a menos que el PSOE se abstenga en una segunda votación, pero sí para bloquear cualquier cambio en la Carta Magna. No tiene mayoría absoluta en el Congreso, pero con 145 senadores, tiene mayoría en el Senado. Es decir, la cámara territorial "inútil", pero que en un escenario fragmentado ha redescubierto sus funciones de retrasar la elaboración de leyes, y ser contrapoder –y freno– a la revisión de la Constitución.

El boicot real

La trascendencia del Senado es novedosa. Se consideraba que no velaba por el interés territorial, pues se diseñó antes de la creación de las comunidades autónomas, pero sigue representando más a provincias y población. Incluso, a través de candidatos surgidos a partir de listas partidistas. Tampoco ejerce como contrapoder del Congreso, ya que en el proceso legislativo ordinario, los senadores pueden vetar o enmendar leyes en un plazo de tiempo limitado, teniendo la última palabra la Cámara Baja.

Para Génova, los incentivos para mantener el statu quo existen y son elevados. El actual sistema se ha demostrado provechoso para sus intereses: límites en el techo de déficit del Estado, ley electoral o elección de algunos miembros del Tribunal Constitucional. Así, de ser excluido de cualquier pacto de gobierno, el PP podría igualmente boicotear un "cambio regeneracionista", o un "frente de izquierdas" de sus rivales: Partido Socialista (PSOE) y Podemos, con las formaciones independentistas, o con Ciudadanos (C's)

El procedimiento 'sencillo'

El artículo 167 de la Constitución establece que un proyecto de reforma requiere del apoyo de 3/5 partes de las Cortes Generales para ser aprobado. Es decir, 210 congresistas, y 160 senadores. Con el escenario resultante del 20D, se requeriría el apoyo de PP en el Congreso (123 escaños) junto a PSOE (90 escaños) para cambiar cuestiones como la organización territorial en su vertiente competencial. Así, es difícil pensar que Podemos negociase con PP, a pesar de que otra alianza –numéricamente– podría provenir de populares, naranjitos, y círculos morados–con o sin mareas, sus listas híbridas como En Comú Podem–. En este tramo, pese a que los populares se opongan, también sería posible continuar con la reforma.

Socialistas y Podemos junto con Ciudadanos, Izquierda Unida, Democràcia i Llibertat y el Partido Nacionalista Vasco participarían de una ponencia sobre reforma que favoreciera los intereses de un referéndum o mayor capacidad de decisión para sí mismos.

El Senado, la clave

Pero de llegar el proyecto a las puertas del Senado, desfallecería. El 20D ha comportado cambios que no pasan por acabar con la mayoría absoluta de PP, con 145 senadores –de los 266 existentes. Así, sumando el resto de grupos –incluso si son afines o no a la reforma– sólo se logran 121 senadores. Hacen falta 160 para aprobar el proyecto, de manera que este quedaría bloqueado.

Dado el caso, la Constitución prevé la creación de una comisión paritaria de diputados y senadores para elaborar otro texto, de común acuerdo. La pieza resultante tendría que superar nuevamente el escrutinio de los 3/5 de apoyos en las Cortes. En caso contrario, el Senado la tendría que aprobar por mayoría absoluta, y el Congreso por 2/3. Nuevamente el PP tendría el poder y la llave para vetar de la reforma constitucional.

Blindajes a la reforma

Redescubierta la importancia del Senado, hoy el PP sería el menos interesado en suprimirlo. Así, cualquier propuesta como la inclusión del nombre de las comunidades autónomas en la carta Magna –por parte de C's– o los cambios a la forma como se designan los miembros del Tribunal Constitucional –de PSOE y Podemos– tampoco serían posibles si no lo quiere Génova. Al mismo tiempo, encontraría una paradoja: los ámbitos de su interés no lo son para los demás.

El PP no incluye en su programa electoral ninguna mención expresa a la reforma. Ahora bien, la diputada María Dolores de Cospedal anunció que había que hacer precepto constitucional el hecho de que gobernara la lista más votada –quizás, para blindar la mayoría simple de los populares–. Es más, cuestiones que están encima de la mesa, como la supresión de la Corona, el reconocimiento de Catalunya como nación o su referéndum, encontrarían cuantiosos obstáculos.

Su proceso es "el agravado", más complejo. Según el artículo 168 de la Constitución, estos ámbitos requieren el apoyo de 2/3 de las Cortes y la disolución de éstas, además de un referéndum de ratificación. La Constitución no tiene ninguna cláusula de intangibilidad –elemento que no se pueda reformar–, pero la dificultad se traduce en un blindaje práctico.

Europa y ZP, los precedentes

Pero cuando al bipartidismo le convino, hubo reforma. La primera corresponde con el proceso de convergencia europeo, el año 1992. España permitía el derecho a sufragio activo –el voto– a los extranjeros residentes en el país, en elecciones municipales. Ahora bien, no hacía mención del sufragio pasivo –posibilidad de ser escogido–. En connivencia con la norma europea, el Gobierno instó al Tribunal Constitucional a revisar el artículo 13, apartado 2, quien observó la contradicción, y se decidió incluir el elemento.

La segunda y última vez fue verano del 2011, con el artículo 135. PP-PSOE votaron la reforma, a fin de fijar constitucionalmente el concepto de estabilidad presupuestaria –techo de gasto– donde la prioridad de las arcas públicas fuese el pago de la deuda. Su mayoría era suficiente, y la revisión pasó sin dificultades.

Informe Rubio Llorente

Consciente que ciertos elementos de la Carta Magna comenzaban a estar desactualizados, el propio José Luis Rodríguez Zapatero instó en el 2006 al Consejo de Estado a analizar ciertas reformas.

Francisco Rubio Llorente, jurista que presidía la institución entonces, lideró un informe que analizaba cuatro ámbitos: la supresión de la preferencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la Corona –que afecta a las infantas Leonor y Sofía–; recepción del proceso de construcción europea –un camino a recorrer de forma casi inevitable–; inclusión de la denominación de la comunidades autónomas, y reforma del Senado –siempre cuestionado–.

Estrategias implícitas

Rajoy tachó de obra "magnífica" el informe, pese a que los socialistas lo guardaron en el cajón. Para el PP es importante establecer la distribución competencial, como el texto sugiere. El propio Rubio Llorente afirmó que ayudaría a "privar de apoyo electoral" a las opciones independentistas. Así, dado que la Corona consta en la reforma, se sugería que todo el proceso se hiciese por el camino agravado –difícil en otros casos–.

Pero hoy, después de unas elecciones históricas, queda un mapa donde el sistema de partidos es diferente, pero donde dependerá de la lista más votada cualquier reforma de sustancia. Paradójicamente, es el PP el menos propenso a mover cualquier vértebra de la columna que lo sustenta, preservando el statu quo. Así, este podría ser un poder muy jugoso para negociarlo, a cambio de apoyo en la investidura que vendrá.