¿Censura? ¿Libertad de expresión? ¿Líder de audiencia? La polémica con TVE está cada vez más encendida y, cada día que pasa, parece que se agrava el tema. Ya son varios los periodistas que trabajan en la televisión pública española los que han denunciado manipulación y censura en el ente público, incluso algunos trabajadores acudieron hace un par de semanas a la Eurocámara a denunciarlo.

El gobierno del PP, sin embargo, no tiene esa percepción, y lejos de escuchar a los trabajadores que de ellos cuelgan o de mirar un poco más allá, se mantiene en sus trece e insiste en que en TVE "hay libertad de expresión" y ni rastro de manipulación o censura. Ayer fue el turno para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se acabó enganchando con la diputada de Podemos Noelia Vera, después de que ella le preguntara si "piensa el Gobierno aplicar alguna medida para desbloquear el acuerdo mayoritario de esta cámara para renovar RTVE con un concurso público".

Sin saber qué decir en un primer momento, el titular de Hacienda le soltó que "hay momentos en que ni se puede, ni se debe", a lo que Vera le recordó que "los trabajadores de RTVE, con mucha valentía, están denunciando casos concretos con la campaña Así se manipula".

Ante eso, salió un Montoro decidido y atrevido que no tuvo ningún problema a la hora de negar la falta de libertad de expresión en el medio público y no dudó ni un segundo en emplazar a la diputada podemita —y a todos aquellos que consideren que TVE manipula y censura— a cambiar de canal: "TVE la componen unos magníficos profesionales de la información, lidera los índices de audiencia de los informativos y está en un ámbito de libertad de expresión; como le decía ayer al senador socialista, a lo mejor a usted no le gusta un informativo, pero puede usted cambiar de cadena, que tenemos libertad en España".

La historia interminable

Solo hace dos días que la editora del informativo del Centro Territorial de Valencia, Arantxa Torres, dimitió por estar en desacuerdo con la censura de un vídeo en el que se oía a la secretaría de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, dirigirse en tono despectivo a los pensionistas que protestaban en Alacant y soltando un "os jodéis".

Además, otra periodista denunció manipulación en las informaciones relacionadas con Catalunya y, misteriosamente, al cabo de pocas horas se quedó sin cuenta de Twitter. Una televisión pública que pagamos todos con nuestros impuestos y que ha hecho cosas como cambiar una frase de la ANC que hablaba de "acciones valientes" por "acciones violentas"; que ha presentado a Albert Boadella como presidente de Tabarnia retransmitiendo en directo una rueda de prensa íntegra, o que ha llegado, incluso, a vetar un anuncio electoral de la CUP por los presos políticos.

Esa situación contrasta claramente con la que vive TV3, que bajo la sombra del 155, está siendo acusada por el PP y Cs de trabajar al servicio del independentismo y, al mismo tiempo, criticada porque los partidos citados consideran que no es imparcial. De hecho, incluso el propio Albert Rivera planteó que el Senado controle la cadena pública catalana, y la diputada del PP catalán Andrea Levy pidió que la cerraran después de acusarla de hacer "coleguismo con ETA".